El candidato colorado a la presidencia, Andrés Ojeda, insiste en la importancia que su campaña—más allá de sus spots publicitarios disruptivos— le asigna a la seguridad. Al destacar a su equipo, y a su propia experticia en la materia, enfatizando una visión equilibrada entre represión y rehabilitación, Ojeda además ha aprovechado para mostrarse sensible a la principal preocupación de los uruguayos
Está bien. Una encuesta de Opción Consultores difundida recientemente por El País corrobora la pertinencia de su reacción, ya que el 35% de los encuestados indicó que le gustaría que el futuro gobierno cambiase la si situación de la seguridad. El trabajo y los precios/impuestos ocuparon el segundo y tercer lugar con el 15 y 12 por ciento respectivamente.
Más allá de la lógica comunicacional, obviamente el dato no puede pasar desapercibido y el presidenciable colorado remarcó la lógica de los interlocutores que le reclaman mejorar la seguridad: ¿de qué sirve un buen pasar económico si la calidad de vida se ve afectada por la inseguridad, que termina por constituirse en una especie de carcelera de la ciudadanía?
Ahora bien, y aún cuando ha de compartirse que la falta de seguridad impone límites a la normalidad de la vida en sociedad, sorprende que en el imaginario colectivo nacional la educación, mientras tanto, figure como una inquietud relegada al quinto lugar, con el 5% de preferencia en la lista de prioridades.
Sorprende tanto como que, según los datos aportados por Opción Consultores, los encuestados opinaran que para mejorar la situación de inseguridad sólo se necesitaba más presencia y capacitación policial —el 25%—, que la justicia actuase con más celeridad y ejecutividad —el 24%— y en tercer y cuarto lugar con el 16 y 11 por ciento respectivamente, el combate al narcotráfico y la reinserción de los presos.
Si interpretamos correctamente los resultados de la encuesta, los uruguayos no estarían percibiendo la vinculación entre la educación y la inseguridad. Aún cuando son conocidos los altos guarismos de deserción en la educación media y las manifiestas deficiencias de formación en la población carcelaria.
Ciertamente, y desde estas páginas hemos insistido en el punto, las inseguridad es multicausal y, por lo tanto, la misma ha de ser encarada y remediada desde distintas y coordinadas dimensiones. Pero que la educación no reciba un grado de preocupación a la altura de la seguridad estaría denunciando que no se asume la relación entre una y otra.
No sólo eso. No se estaría tomando en cuenta que la mejoría de la seguridad sostenible, esto es, la que se logra bajando el número de privados de libertad al mismo tiempo que el descenso de los delitos, es un proceso de largo aliento que incluye acciones de plazos regulares para asegurar la permanencia en las aulas y una verdadera rehabilitación a partir de la justicia juvenil.
Por lo pronto lo que a nosotros nos gustaría ver cambiar en el próximo período de gobierno es que desde el gobierno y la oposición, sea a quien sea que le toque en suerte esos roles, se produzca un sinceramiento sobre cómo enfrentar la inseguridad pública (y otros tantos temas que necesitan visión de Estado) sin demagogia, mediante políticas públicas basadas en evidencia y no como si fuera un botín de guerra, un crédito a cobrar dentro de cinco años en la próxima elección.