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Pobre ciega
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Hechos políticos que acontecen en Uruguay y en Estados Unidos de América nos imponen reflexionar sobre el el Estado de Derecho, el debido proceso, la Justicia . . . y los hombres.

La jueza Tanya Chutkan de la Corte del Distrito Federal en Washigton, DC, hizo público un documento legal elaborado por el fiscal Jack Smith, contrario a los intereses del expresidente Donald Trump.

El informe del magistrado expone que las acciones de Trump durante el infausto 6 de enero de 2021 fueron las de un candidato que va perdiendo las elecciones, y no actos oficialespor los cuales un presidente adquiere inmunidad, como fue decidido por la Suprema Corte estadounidense en un histórico y controvertido fallo del pasado 1º de Julio.

El acusado [Trump] sostiene que está inmune de ser procesado por su plan criminal para anular las elecciones presidenciales de 2020 porque, afirma, implicaba una conducta oficial», dice el documento. «No es así. Aunque el acusado era el presidente en funciones durante las conspiraciones imputadas, su plan era fundamentalmente de carácter privado.

En pocas palabras, la fiscalía argumenta que durante la asonada en que descerebrados partidarios del expresidente intentaron tomar el Capitolio, Trump no actuó en tanto presidente, sino como un ciudadano común. Entre las razones de la fiscalía, el documento expone la actitud del mandatario que, al ser informado sobre el inminente peligro que corría el vicepresidente Mike Pence, que se encontraba presidiendo el Senado durante la revuelta, respondió: “¿Y qué?.

Recordando el mensaje de texto que Trump envió por Twitter (hoy X), en el que afirmaba que Pence los había defraudado por ser favorable a la certificación del triunfo de Joe Biden en las elecciones presidenciales, el fiscal Smith afirma en su escrito que «El contenido del tuit de las 2:24 p.m. no fue un mensaje enviado para abordar un asunto de interés público y calmar la inquietud; fue el mensaje de un candidato enfadado al darse cuenta de que perdería el poder.

En fin, el problema es que si los actos de Trump no fueron oficiales y puede ser enjuiciado, al mismo tiempo no deja hoyde ser el candidato republicano a la Presidencia, en una elección muy reñida.

Con las grandes diferencias que separan un caso del otro, el episodio que desafía la aplicación de las normas constitucionales en Estados Unidos, nos trae a casa, donde el exenador Charles Carrera, también excandidato a su reelección renunció a ambas posiciones tras un pedido judicial para relajar la inmunidad de su cargo.

Por suerte, una de las grandes diferencias entre ambos asuntos es que la Justicia uruguaya no habrá de lidiar con las particularidades de la inmunidad y Carrera se someterá a proceso como un ciudadano común y corriente.

No vamos a entrar en las particularidades del caso nacional. Hay según el pelo político,quienes ven en el mismo el de un ser piadoso que ha perdido su estatus por proveer de atención y otras prebendas a la víctima de un confuso caso policial. Y también hay (sobre todo después de escuchar un audio de un destemplado Carrera) quienes creen que las motivaciones del exsenador no fueron tan altruistas.

Lo dramático, no obstante, es la proliferación de casos judiciales que involucran a políticos. Algunas veces por acciones contrarias al bien público que rozan la corrupción o directamente la constituyen, algunas otras por asuntos privados, como la archidifundida denuncia por violencia doméstica al expresidente argentino Alberto Fernández.

Esos aconteceres ofrecen varias lecturas. Por un lado, se dirá, en la era de la información accesible es una buena cosa que las posiciones más encumbradas de la sociedad estén bajo escrutinio. Por el otro, triste es reconocerlo, la dignidad pública no siempre se ejerce según los nobles fines de la misma. Por último, además y pasando raya, enfrentados a la justicia, poco importa que los políticos comparezcan ante ella por temas públicos o privados: en esto de la res publica las naciones merecen ciudadanos intachables en todo sentido.

Pero lo que es innegable es que, al fin y al cabo, la ciudadanía en tanto parte del contrato social, espera que la Justicia se haga cargo, también y con más razón,  de aquellos que habiendo sido elevados por el colectivo a las posiciones de poder han entrado en colisión con el interés general, o han demostrado no estar a la altura del cargo.

Tal clamor republicano obviamente no debería pasar por el tamiz partidario a la hora de exigirle a los magistrados fallos objetivos, ni tendría que rozar en lo más mínimo el carácter de las decisiones de quienes son responsables del andamiaje de la Justicia.

¡Pobre de nosotros si esta ciega deja de serlo! No ver a quien se le imparte, es la máxima virtud de la Justicia.

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