En nuestra anterior entrega, https://eldia.uy/sheinbaum-en-la-tierra-de-moctezuma-un-estudio-de-las-politicas-poblacionales-en-latinoamerica-primera-parte/ explicamos como los judíos, en su calidad de blancos, fueron bien recibidos por los gobernantes de las repúblicas latinoamericanas.
Lo que no se imaginaban es que de los barcos, además de población blanca, se bajaban inmigrantes de ideologías disolventes. Por ejemplo, en Buenos Aires, en 1909, el anarquista judío Simón Radowitsky asesinó al comisario represor Ramón Falcón. Apresado, el militante, la Federación Obrera Regional Argentina inició una serie de movilizaciones que empañaron las celebraciones del centenario argentino.
Estallada la crisis bursátil de 1929, la tacita de plata atravesó una crisis económica que afectó también al comercio, que sufría la competencia desleal de los vendedores puerta a puerta de origen judío.
La ley número 8868 del 19 de julio de 1932 prohibió la entrada de inmigrantes por un año.
En setiembre sale el decreto reglamentario reputando maleantes a los extranjeros que, aunque tuvieran carta de ciudadanía, no desarrollaban una profesión, oficio o empleo lícito.
El Ministerio de Industrias, por su parte, había prohibido por decreto y hasta agosto de 1933, la entrada al país de extranjeros que carecieran de recursos para subsistir por el término de un año, fijando en 600 pesos el monto de esos recursos, Feldman Joffe, Miguel, El caso del Conte Grande, Inmigración y antisemitismo en Uruguay pág.89.
El portavoz más elocuente en contra de esta legislación fue el diputado batllista Enrique Rodríguez Fabregat quien dijo que el proyecto en discusión,
“ venía a echar por tierra todas las conquistas liberales de nuestra legislación, agregando que para mi es suficiente como ley, la de 1890, que se quiere modificar no en alguno de sus lineamientos, sino abolir casi totalmente en sus aspectos fundamentales.
El Ministro del Interior, Dr. Legnani dijo:
“ la causa de que el Poder Ejecutivo haya enviado el mensaje pidiendo las restricciones a la inmigración, se debe a hechos absolutamente actuales. Nos encontramos en un momento histórico en que todos los países rechazan lo malo que tienen, en que cada uno echa a la casa del vecino lo que le incomoda. Quién en el caso nuestro no se pliegue al movimiento. No haga lo que hacen los demás, indudablemente va ser víctima. Es necesario adoptar, en una palabra, una medida salvadora para el momento actual, porque si no llegáramos a ser, no un cajón de basura, como dijo un diplomático, pero llegaremos a ser un nido de víboras.
El Dr. Carbajal Victorica consideró el proyecto como útil al interés colectivo y el diputado Otamendi por su parte, refiriéndose a la inmigración de eslavos y pueblos balcánicos dijo: “ nadie va a sostener que es una inmigración indeseable por el hecho de que sea balcánica o eslava; pero no hay duda ninguna de que es una inmigración de un poder de asimilación y de adaptación inferior a la inmigración de países latinos, que tienen con nosotros afinidades de raza.
Eduardo Victor Haedo dijo defendiendo la Ley manifestó que:
“Había en el país, desde hace seis o siete años, una sensación subjetiva que a todos inundaba por igual. De todas partes se tenían informes de que efectivamente venían aumentando en forma un poco desproporcionada los elementos extraños en nuestro ambiente…lo evidente era que la campaña de la República venía siendo recorrida por gran cantidad de extranjeros carentes de valores rurales, de aptitudes para el trabajo, sin noción casi de nuestro idioma, que andaban de rancho en rancho, de pueblo en pueblo, a veces ofreciendo alguna mercancía, pero las más, viviendo en forma completamente contraria a los más elementales hábitos de trabajo y a las más elementales reglas de higiene. Nosotros, los partidarios de este proyecto, no somos enemigos de la inmigración. Por el contrario, serlo significaría negar la realidad, negar la obra formidable que realizaron los buenos y sanos inmigrantes, los suizos, los españoles, los italianos, franceses, alemanes, ingleses, etc. Nosotros deseamos que siga viniendo esa inmigración. No es contra esa inmigración que va este proyecto sino contra esos 35 mil o 40 mil extranjeros que han llegado desde 1929 a 1932 a la República. Esos que no han ido a las tareas agrícolas, ni se han repartido en trabajos activos, ni en funciones útiles a la sociedad, sino que han venido corridos de sus tierras por sus delitos, su ineptitud o por el hambre, a gravitar sobre el país, poblando los hospitales, asilos y cárceles”.
Fundamentando la necesidad de limitar drásticamente el ingreso de inmigrantes, el Senador Rodríguez Larreta manifestaba que el país vivía el espectáculo de que vienen los mendigos y ancianos a cobrar las pensiones a la vejez; que llegan los enfermos y los dementes a ocupar gran parte de los hospitales, que vienen los rufianes y los maleantes a establecer el cuartelgeneral de sus operaciones, y que aun llegan los trabajadores a disputarles el salario y el trabajo a los hijos del país que se lo ganan con dificultad en estas horas de crisis.
La ley prohíbe la entrada de extranjeros por el término de un año de aquellos extranjeros que la ley de 1890 promovía. Solo en casos excepcionales, el Consejo Nacional de Administración, previo informe de la Oficina Nacional del Trabajo, podría autorizar el ingreso de obreros especializados, con contrato, siempre que sea estrictamente necesaria su presencia para una obra determinada y que esa especialidad no puede ejercerla un trabajador nacional.
Los indeseables.
Otra novedad de esta ley es la inclusión de la categoría de inmigrante indeseable para aquellos inmigrantes que por defectos físicos o vicios orgánicos congénitos o adquiridos, no mantengan íntegra su capacidad de trabajo. Dentro de esta categoría se hallan los enfermos mentales, los que padezcan enfermedades crónicas en los centros nerviosos, los epilépticos, los que padezcan enfermedades infecto contagiosas, los toxicómanos y ebrios consuetudinarios, los que padezcan enfermedades orgánicas del corazón, los mendigos y todos aquellos que no pueden realizar esfuerzos físicos por su estado de salud, los maleantes, los vagos, los que hayan sido condenados por delitos comunes.
Para el caso de las personas mayores de 60 años y los inhábiles para el trabajo, solo podrían ingresar al país, formando parte de un núcleo familiar compuesto por un mínimo de cuatro personas hábiles para trabajar y que pudieran hacerse cargo de él.
No queremos inmigrantes de raza amarilla.
Cuando en 1936 ( Feldman, pág. 94) se discutía en el Parlamento la posibilidad de admitir el ingreso de doscientas familias japonesas, el senador Juan F. Canessa, sin dejar de reconocer que Japón era una gran país de hombres laboriosos y patriotas, afirmó claramente que no era partidario de la introducción de japoneses con fines de colonización, por razones étnicas y económicas y expresó:
Los hijos de la raza amarilla son inasimilables a los de otras razas. Por sus costumbres, su mentalidad, su lengua y su religión, forman un bloque étnico irreductible, comprobado siempre en todas sus migraciones. Es oportuno agitar hoy en cualquier forma el problema migratorio. Es que no puede olvidarse por un instante, que a pesar de todo lo que se ha hecho y se hace, para combatir la falta de trabajo, tenemos dentro de fronteras más de 10 mil desocupados. El otro problema sin solución, es el del inmigrante llegado de todas partes, que se ha introducido al país en poco tiempo sin obstáculo alguno, el que llega a producirnos hoy un gran desasosiego, porque su característica es extraña a nuestro progreso, que no produce riqueza al país, porque sus negocios son de intercambio y por él medra y se enriquece guardando sus ganancias ávidamente, perturbando profundamente el desarrollo normal de nuestra economía. Avaro por estirpe, egoísta y unilateral por hábito ancestral, vive en el país al lado del nieto del legítimo fundador del hogar nacional, gozando de todos sus derechos, fundando su familia y educando a sus hijos gratuitamente, sin haber sentido nunca nuestra nacionalidad. Y de esos inmigrantes tenemos alrededor de 50 mil.
Los izquierdistas y anarquistas españoles.
A mediados de 1936 estalló la Guerra Civil Española. Un par de meses después, nuestro país dicta la Ley 9604 del 13 de octubre de 1936, que ratificó las trabas impuestas a los que querían ingresar al país y agregó consideraciones políticas.
En efecto para poder entrar al país, el postulante debía poseer un certificado consular donde debía dejarse constancia de que el titular no tenía vinculación con organismos sociales o políticos que por medio de la violencia tendieran a destruir las bases fundamentales de la nacionalidad.
Se prohibía el ingreso de los expulsados de cualquier país en virtud de leyes de seguridad pública. Y si bien expresamente se exceptuaban los delitos políticos de las restricciones, se reservaba a la autoridad judicial competente dictaminar si los móviles de los mismos implicaban un carácter de peligrosidad en el país.
La legítima defensa del trabajo nacional.
En los considerandos del decreto del 23 de noviembre de 1937 se decía que había urgencia en evitar la incorporación al país de extranjeros calificados como indeseables o que aún siendo elementos honestos, no tengan industria, profesión, arte o recursos que le permitan conjuntamente con sus familiares vivir en el país por sus propios medios, sin constituir una carga social, realizándose la legítima defensa del trabajo nacional.
Esta reglamentación, dice Feldman ( pág. 97) exigía una profusión de certificados que el aspirante a entrar a Uruguay debía presentar: de profesión, industria, arte u oficio, de buena conducta, de salud; y especialmente el político social. Estos documentos serían entregados solamente por los cónsules de carrera, quedando derogada la delegación que antes se hacía en los cónsules honorarios.
Esto también era significativo porque era tan reducido el número de cónsules de carrera destacados en el extranjero que, de hecho, fueron solamente una pocas ciudades donde los futuros inmigrantes podrían obtener los certificados requeridos.
La Comisión de Constitución y Legislación de la Cámara de Representantes en su informe al plenario decía : “ Lo menos que puede exigirse del extranjero, a quien interese llegar al país es respeto por las bases esenciales del régimen institucional. Es necesario defenderse contra esa ola desatada de violencia que agita al mundo. Nuestro país quiere y necesita trabajar en paz. Los extranjeros que así no lo entiendan están demás en el país y nada bueno puede esperarse de sus actividades en el mismo”.
