Ni siquiera con sentido común

La diferencia entre el episteme (conocimiento universal comprobable) y el sentido común radica en que el primero parte de hipótesis comprobables a través del método científico. El resultado de ese proceso estará sometido a un permanente escrutinio para confirmarlo en el tiempo. El segundo tiene por fuentes a las creencias, la autoridad y la convivencia en una misma cultura y se da por verdadero sin mayores confirmaciones. Es cierto que muchas veces el sentido común puede confirmar su afirmación con la experiencia -lo empírico-, pero ello no puede determinar su carácter definitivo. Estas diferencias, citadas desde lo más elemental, vienen a cuento respecto al renovado brío que ha cobrado la campaña a favor del allanamiento nocturno. Sus auspiciantes insisten con argumentos propios del sentido común, carentes de los requisitos que los convierta en una conclusión del todo válida.

Por ejemplo, en Estados Unidos una orden judicial lo puede todo. Desde citar a un presidente, allanarle la casa (pregúntenle a Trump) y requisarle documentos y dispositivos, hasta ingresar en cualquier finca privada a la hora que sea. Los fiscales no entran a tomar el té y a mantener una amable tertulia. Son gente seria y hacen su trabajo. El cine nos reitera esa escena de la orden judicial una y otra vez. Esa cuasi omnipotencia está dada precisamente por las garantías que ofrece el sistema de justicia. Ahora bien, volviendo a las líneas que abren esta nota, concluir que Estados Unidos le gana la guerra al narcotráfico sería puro sentido común aplicado, porque la realidad sostenida en el tiempo nos confirma su condición inválida por lo menos- discutible. A saber: Estados Unidos es el principal cliente del narcotráfico, en sus calles se consume la mayor cantidad de drogas imaginable. También tiene estados que operan como paraísos fiscales en los que se lava dinero y cientos o miles de micro lavadores blanqueándole dinero al Cartel de Sinaloa (tal cual como lo vimos en Ozark, la serie de Netflix).  Qué estoy diciendo…? Que ni siquiera la inmensidad de recursos de Estados Unidos y su afiatado sistema de justicia han podido derrotar al narcotráfico.

Entiéndase: mientras el narcotráfico sea ilegal no se lo podrá vencer, apenas se lo puede controlar. Y se lo debe controlar por razones institucionales, económicas, de salud pública y de seguridad para la ciudadanía. En este último caso, el deber del Estado es proteger a los ciudadanos honestos y ofrecerles las máximas garantías. El sagrado inviolable es eso: una garantía suprema para los ciudadanos honestos. Parece un despropósito que, ante esa dramática alternativa, sean los honestos inocentes quienes deban resignar un derecho fundamental en atención a una hipótesis no confirmada e imposible de verificar. Dicen algo más o menos así: “con el allanamiento nocturno ¡venceremos!” Hasta para el humilde sentido común esto resulta un exceso.

El hogar es el último recinto seguro para el ciudadano, tanto frente a los delincuentes como ante el propio Estado. Basta con imaginarse en el futuro a un gobierno autoritario sin esa valla constitucional. No sería imposible que en una noche la policía violente un hogar argumentando que en la “guerra” contra el narco vale todo… Esa película ya la vimos y sabemos como termina. El Batallón 14 no me deja mentir.

Ahora bien, nuestros adalides locales del sentido común, insisten en sostener la presunta eficacia del allanamiento nocturno para combatir al narcotráfico. Si sometieran esa afirmación a un escrutinio permanente en el tiempo, podrían comprobar algunas consecuencias de la aplicación de tal medida. La primera ya ha sido mencionada en el debate en curso: esos operativos pueden resultar en enfrentamientos armados muy peligrosos durante la noche, en barrios donde el ordenamiento de las fincas es irregular y las paredes de bloques (en el mejor de los casos) no ofrecen ninguna seguridad a los vecinos. Ya lo hemos padecido con niños inocentes heridos y muertos en el living de su casa. El narco es una empresa que cambia sus modalidades con una velocidad muy superior a la del Estado. Si se decidiera combatir a las bocas por las noches, cambiarían esa modalidad por la de
la venta en las calles. Eso supone un verdadero ejército de dealers copando bares, esquinas y plazas, desperdigado por toda la ciudad y en continuo movimiento, obligando al Estado a multiplicar todos sus recursos en el combate. Esta posibilidad ya es una razón suficiente para ponerse a estudiar como se optimiza el combate al modelo actual de venta, porque seguramente la opción de ganar las calles no sea la única alternativa con que cuenten los narcos. La gente no está para experimentos; esto nos va a llevar a más gasto, más inseguridad y más muerte.

Uno de lo argumentos manidos por los proponentes de esta iniciativa es que al amanecer, cuando la policía puede entrar, ya se vendió toda la droga o se deshicieron de ella. Entonces el operativo fracasa. Esta razón puede ser cierta, pero estamos hablando de un almacén de barrio. Hay antecedentes de depósitos con toneladas de drogas en el Interior del país que han
sido localizados a través de operativos exitosos. También hay que reconocer que -sin duda posible- por el puerto de Montevideo pasan ingentes cantidades de droga hacia Europa sin el menor problema. ¿Cómo es la cosa? ¿A los vecinos de los barrios pobres se les pretende patear la puerta de la casa por las noches y a los poderosos se los deja tranquilos? Porque los que exportaron los budines Portezuelo con droga la empaquetaron acá, la transportaron por nuestras rutas y la embarcaron en nuestro puerto. En esta pregunta no hay ningún ánimo político, a lo que apunta es a lo metodológico. Según el razonamiento de los proponentes, es más fácil encontrar de noche una aguja en el pajar de los hogares, que a un elefante (blanco) en los depósitos de los grandes empresarios al servicio del narco. Es el método el que no cierra.

¿Con qué autoridad los proponentes se atreven a sacar de la Constitución un artículo que desde 1830 nos define como un país respetuoso de los derechos de su gente? ¿Acaso ellos han agotado todos los medios disponibles? Pues no, han hecho todo lo contrario. El titular de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT), Dr Jorge Chediak, reclamó resolver las “vulnerabilidades” que presenta el organismo en su lucha contra el blanqueo de capitales. Dichos recursos se le han negado en atención a un informe negativo -nada menos- de la Asesoría Jurídica de la Presidencia de la República (Búsqueda 24/7/24). Lo mismo podemos decir de la Junta de Transparencia y Ética Pública (JUTEP) donde el mal manejo en ese organismo de las situaciones que involucran a jerarcas gubernamentales deriva en “procesos de progresiva impunidad que van alimentando la corrupción y la propia Impunidad”, según expresó el expresidente de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, en un panel organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. (La Diaria 14/8/24) ¿Qué puertas habría que patear entonces?

Lo dicho, ni siquiera el humilde sentido común resiste el planteo.

Volveremos sobre el tema.