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Viera defiende regular alquileres por plataformas
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Viera defiende regular alquileres por plataformas

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, defendió la necesidad de aprobar el proyecto a estudio del Senado que propone regularizar los alquileres de viviendas turísticas a través de plataformas, situación que “genera una competencia desleal” y un “impacto negativo importante en el sector”.

En declaraciones a El Día, Viera aseguró que “algunos estudios muestran que hay aproximadamente 1.700 camas a determinada altura del año en Punta del Este en hotelería y cerca de 6.000 camas en casas y apartamentos privados”.

El ministro sostuvo que esa realidad “genera una competencia desleal y por lo tanto un impacto negativo importante en el sector de la hotelería, que deja de percibir ingresos y debe afrontar costos fijos propios de la actividad”.

Explicó que el proyecto «define» y «reglamenta» las viviendas de uso turístico-comercial y puntualizó que «seguimos reconociendo y amparando lo que ha sido clásico de una economía colaborativa, donde los propietarios alquilan por 15 días, 30 días o 2 meses su propiedad para ayudar a solventar los gastos, y otra cosa son aquellas que están en alquiler todo el año y que son verdaderos hoteles».

La iniciativa incluirá a las viviendas de “uso turístico” en un nuevo registro y demás deberán de inscribirse como tales ante el gobierno departamental correspondiente, dejando así de ser consideradas de uso residencial y pasando a ser consideradas “empresas extrahoteleras”.

El texto del proyecto define a las viviendas de uso turístico a aquellas que se prestan de forma profesional o habitual mediante el pago de dinero ofrecidos o promocionados en canales de oferta turística, incluido internet y las plataformas informáticas –por ejemplo Airbnb o Booking-, en más de cinco ocasiones al año por un tiempo que, sumado, exceda los 90 días. 

Si un tercero intermedia de forma habitual en más de una propiedad, ya sea como administrador, anfitrión o explotador, deberá registrarse como «inmobiliaria turística». Lo mismo implica las habitaciones que, en forma individual, se destinen a este fin.

En el sector hotelero, existe beneplácito por el proyecto y se espera que reciba sanción definitiva en los primeros meses de 2024.

Analía Suárez, presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este y propietaria del Hotel AWA, dijo a El Día que el alquiler temporario de viviendas “es el cáncer más grande que tenemos” y por lo tanto “es algo que hay que ordenar”.

Suárez ilustró que “los alquileres de apartamentos mediante plataformas sumaron en 2022 una oferta anual de USD 80 millones en todo el país, de los cuales USD 60 millones en Punta del Este” y agregó que esa cifra creció al menos 40% este año.

Además, señaló que esos apartamentos se ofrecen por USD 50 en marzo, una tarifa que “para los hoteles es imposible competir con ella, dado los costos fijos como impuestos, personal ocupado, mantenimiento, etc”.

En una entrevista con la revista Portfolio, Suárez sostuvo que la regulación “funciona en otros países” y puso como ejemplo que Nueva York acaba de prohibir el alquiler turístico de apartamentos por Airbnb por menos de 30 días.

La empresaria indicó que “acá pasa que puedes convivir en una torre de lujo con gente que entra y sale todo el tiempo en el apartamento de al lado, hay robos, etc”, por lo tanto “es algo que hay que ordenar”.

Apuntó que “yo no podría poner un restaurante en el tercer piso de una torre, molestaría a mis vecinos. ¿Por qué puedo hacer hotelería en una torre? Si todas las actividades habituales y profesionales pagan impuestos y son fiscalizadas ¿por qué la actividad de hotelería no?”

Por su parte, los anfitriones de viviendas indican que si bien están de acuerdo con que se regule el alquiler por plataformas digitales, porque entienden que es “beneficioso para el desarrollo del turismo interno y externo”, hay aspectos del proyecto de ley que “no se ajustan a la realidad” de los propietarios. 

Uno de los supuestos errores marcados radica en querer comparar a los anfitriones (propietarios) con los hoteles o inmobiliarias. “Es que la mayoría son trabajadores de clase media, mujeres emprendedoras, jubilados, que ahorraron toda su vida para tener una propiedad extra”, argumentan.

Por esto, aseguran, resulta “injusto” imponer cargas burocráticas similares a las que enfrentarían inmobiliarias u hoteles, lo cual no refleja -indican- la realidad de la actividad, al tiempo que remarcan que carecen de una infraestructura de servicios, como sí la tienen los otros jugadores del sector.

“Los anfitriones no tienen empleados, no ofrecen servicios como desayunos, almuerzo y cenas, restaurante, organización de eventos; ya que no tienen la infraestructura para hacerlo. Simplemente ponen su casa o habitaciones a alquilar”, subrayan.

De hecho, apuntan que la actividad de los anfitriones contribuye al desarrollo del turismo pero muchas veces se trata de un complemento a sus ingresos, por lo tanto, “la regulación propuesta no se ajusta a su realidad y podría perjudicar a quienes emprenden en este sector”. 

Desde la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), una agrupación que nuclea a plataformas digitales internacionales como Airbnb, Amazon, Mercado Libre, X, Despegar, Expedia, entre otras, criticaron el proyecto por desestimular la actividad y generar una “burocracia excesiva”.

 “En este sentido, el director ejecutivo de ALAI, Raúl Echeberría, defendió a las plataformas digitales de alquiler de viviendas y puso énfasis en que las regulaciones deben ser “catalizadoras” de estos negocios y no “restrictivas”.

En relación a la obligatoriedad de que quien administre más de una propiedad deba registrarse como inmobiliaria turística, Echeberría dijo que resulta “excesivo” y planteó que se establezca ese requisito cuando se trate de propietarios con “tal vez 10 o 15 propiedades”. Cuando “se trata de alguien que ofrece dos casas en arrendamiento, incluyendo muchas veces la propia, no se puede considerar que se trata de una inmobiliaria”, agregó.

Si bien coincidió en la necesidad de crear un registro de propietarios para dar “más garantías”, exhortó a que este no se convierta en una “burocracia excesiva” que exija autorizaciones previas. “Una cosa es registrarse y otra distinta es hacer un trámite que dure nueve meses para que se otorgue una autorización”, indicó. 

De lo contrario, “significaría un gran desestímulo para el desarrollo de la actividad”, concluyó.

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