En Uruguay, la dictadura cívico-militar que se impuso entre 1973 y 1985 dejó una marca profunda en nuestra memoria colectiva: desapariciones, presos políticos, torturas y una sociedad silenciada. Es un pasado que honramos, recordamos y denunciamos, justamente porque sabemos lo que significa vivir sin derechos y por eso debemos ser rigurosos al analizar situaciones en otras latitudes.
Hoy, sin embargo, algunos sectores políticos —los mismos que con toda razón protestan por los desaparecidos uruguayos— se niegan a reconocer la realidad en Venezuela y critican, sin distancia crítica, la intervención de Estados Unidos contra Nicolás Maduro. Pero la evidencia sobre lo que realmente ocurre en Venezuela es clara, profunda y alarmante: no se trata de una simple crisis política, sino de un régimen que ha institucionalizado la represión, la persecución, la desarticulación de la sociedad civil y la vulneración sistemática de derechos fundamentales.
1) Represión política y detenciones arbitrarias: cifras que desbordan lo anecdótico
Mientras que en Uruguay hubo persecución política, el caso venezolano tiene dimensiones masivas y continuas en el tiempo:
Organizaciones como Foro Penal han documentado miles de detenciones por motivos políticos desde 2014. De acuerdo con un informe reciente, al 29 de diciembre de 2025 había cerca de 863 presos políticos, y desde 2014 se han documentado más de 18.600 detenciones por motivos políticos. Además, hay personas con medidas restrictivas de libertad –como prohibiciones de salida del país o arraigo— sin causa jurídica legítima.
Esto va más allá de la represión puntual: es una estructura estatal que criminaliza la disidencia.
2) Uso sistemático de la violencia letal y ejecuciones extrajudiciales
En Venezuela, la violencia estatal excede largamente el contexto de episodios aislados:
Informes internacionales han documentado miles de muertes vinculadas a fuerzas de seguridad bajo la fórmula de “resistencia a la autoridad” (cifras oficiales y de organismos independientes ubican el número de asesinatos por fuerzas de seguridad en cifras muy altas incluso antes de 2020). Muchos de estos casos reúnen características de ejecuciones extrajudiciales (Human Rights Watch).
Organizaciones de derechos humanos han señalado que estas prácticas configuran patrones de violencia y control social, no simples excesos, con posibles elementos de crímenes contra la humanidad (Amnistía Internacional Uruguay).
Esto supera con creces la magnitud de las muertes documentadas en Uruguay durante la dictadura (alrededor de 180 personas consideradas desaparecidas o muertas por razones políticas).
3) Desapariciones forzadas como herramienta de represión
Mientras que en el Uruguay de los años 70-80 hubo desapariciones, en Venezuela las desapariciones forzadas han sido parte de una política sistemática de intimidación y represión:
Informes de Amnistía Internacional documentan casos recientes (2024-2025) de personas desaparecidas sin rastro, muchos aún sin explicación oficial, y señalan que las desapariciones forzadas forman parte de un ataque sostenido contra la disidencia (Amnesty International).
Esto no es algo aislado: implica la negación de derechos básicos, la negación de información sobre el paradero de personas detenidas, y la impunidad de las fuerzas de seguridad, medidas que caracterizan a un Estado autoritario.
4) Éxodo masivo: una sociedad fracturada
La crisis venezolana ha generado uno de los mayores flujos migratorios de la historia reciente de la región, con más de 8,7 millones de venezolanos fuera del país, la mayoría en América Latina y el Caribe.
Esto no solo refleja una crisis económica, sino una crisis humana estructural, donde la respuesta estatal no ha sido resolver problemas de fondo, sino reprimir y marginar a quienes se oponen.
5) Control institucional y desarticulación democrática
La dictadura en Uruguay reprimió, torturó y desapareció, pero funcionaba bajo un margen —siempre inaceptable— de estructura estatal tradicional. En Venezuela:
Se han documentado arrestos arbitrarios, procesos judiciales sin garantías mínimas, encarcelamientos por tuits o críticas, sanciones legales contra opositores y una manipulación visible de los instrumentos del Estado para controlar la vida política (Human Rights Watch).
Organismos internacionales como la Corte Penal Internacional han tenido abiertas investigaciones sobre posibles crímenes de lesa humanidad en Venezuela, incluyendo desapariciones, ejecuciones y detenciones arbitrarias.
Conclusión: una dictadura más compleja y estructural
Comparar las dictaduras implica reconocer contextos distintos, pero los números y hechos demuestran una realidad incontrovertible:
✔ Uruguay vivió una dictadura que marcó dolorosamente a su sociedad y cuyas consecuencias aún debemos reparar.
✔ Venezuela vive un régimen que no solo reprime políticamente, sino que ha institucionalizado mecanismos de violencia, persecución, ausencia de derechos políticos y control social, con cifras de represión y sufrimiento humano que superan ampliamente en escala y continuaron por más tiempo.
Negar esta realidad o relativizarla —como hacen algunos grupos políticos— no solo deja sin voz a millones de venezolanos que sufren cotidianamente, sino que traiciona los valores humanistas y democráticos que defendemos, valores que en Uruguay nos costó recuperar con mucho esfuerzo.
