El gobierno de Yamandú Orsi abrió en los últimos 15 días un nuevo frente de conflicto con la oposición, en los que intervinieron directamente con cruces entre ellos, el mandatario actual y el ex presidente Luis Lacalle Pou, una política inconveniente, revisionista, y que desvía la atención de los temas centrales que preocupan a la ciudadanía.
Después de una cuestionada conferencia de prensa en la que participaron Orsi, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez y el Pro Secretario, Jorge Díaz, el Poder Ejecutivo resolvió rescindir el contrato con el astillero Cardama, que construye dos patrulleros oceánicos, y realizar una denuncia penal por una presunta estafa y/o fraude.
La decisión resultó sorpresiva y apresurada, dado que, si bien pueden existir irregularidades con la presentación de la garantía, la parte medular del contrato comenzó a regir con la construcción de las lanchas y el pago de cuotas por parte del Estado.
Aunque hay un retraso en las obras, dado que se llevan ensamblados 11 módulos, cuando en mayo tendrían que haber estado ensamblados 19 módulos, la obra avanza y es supervisada por funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional.
El ex subsecretario del Ministerio de Defensa Nacional, Rivera Elgue, señaló que la contratación de Cardama fue muy auditada y llevó meses de análisis por las máximas autoridades de la Armada, al tiempo que el Tribunal de Cuentas no observó la compra.
Si el problema es sólo la garantía, el gobierno debió haber negociado con la empresa la presentación de otra garantía en forma previa a tomar la resolución de dejar sin efecto el contrato.
Por otra parte, el pase del tema a la Justicia, enfrentará al Estado a un nuevo juicio, que llevará tiempo en resolverse y que deberemos pagar todos los uruguayos en caso que el fallo resulte adverso.
Llama la atención la celeridad del gobierno en el caso, cuando en 2008, durante la primera administración de Tabaré Vázquez, se compraron dos buques de guerra a Portugal que menos de 10 años después fueron vendidos como chatarra.
El “caso Cardama”, no es el único que pone en jaque al gobierno, ya que a éste se agrega el “caso Danza”, por la acumulación de funciones que desempeña el presidente de ASSE, Alvaro Danza.
Algunas de esas siete funciones por las que Danza cobra un salario, cuatro de ellas estatales, son incompatibles con su cargo de acuerdo a la Constitución, pero además, parte de ellas las ejerce de forma virtual, o sin la dedicación horaria por la que se le paga.
La ministra de Salud, Cristina Lustemberg, que será interpelada, dijo estar esperando el informe de la Jutep para proceder, cuando están clarísimas las irregularidades.
Por último, y para no extendernos en demasía, se conocieron algunos cambios que se implementarán en la grilla de materias de la enseñanza secundaria.
Entre esos cambios, están para algunos grados del ciclo básico, la disminución de horas de informática y de idioma español, dos materias claves para el futuro de la inserción laboral de los jóvenes.
Y no quiere decir esto que no se valorice la cultura general de los alumnos, pero las materias mencionadas son claves para los conocimientos que el mercado de trabajo requiere.
Uruguay no se puede dar el lujo de ir a contrapelo del mundo, así como tampoco que sus jóvenes muestren carencias en informática, matemáticas y lenguaje, a tal punto de, una buena parte de ellos, ni siquiera poder interpretar un texto.
A todo ello se agrega la cancelación del proyecto Neptuno en Arazatí, que iba a extraer agua del Río de la Plata, para decidir ahora la construcción de la represa de Casupá, con un impacto sobre 3.000 hectáreas que serán inundadas.
Son demasiados frentes abiertos, todos ellos revisionistas de la gestión realizada en el gobierno anterior, y ello resulta inconveniente.
Nos preguntamos si ese revisionismo está basado solamente en aspectos técnico-programáticos o también representa un tiro por elevación a Lacalle Pou, que desde ya asoma como el principal adversario de la izquierda para las elecciones de 2029.
No dejan de ser también estos aspectos una “cortina de humo” en la agenda política, cuando se debería estar discutiendo más en profundidad temas como la pobreza infantil, que afecta a uno de cada seis niños menores de seis años, la inseguridad, el avance del narcotráfico, el déficit de vivienda, la carestía y la falta de competitividad de las empresas, entre otros.
Es deseable entonces, bajar la pelota a tierra, dejar de lado los enfrentamientos, y encarar sin demoras los grandes problemas que nos afectan.
