“El Estado fracasó y no sólo en su obligación de dar oportunidades de rehabilitación, sino también en su obligación de preservar sus derechos fundamentales, como son el de la vida y el de la integridad personal”.
La frase, del comunicado difundido esta semana por la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, Jimena Fernández, y el Comisionado Parlamentario Penitenciario, Juan Miguel Petit, no agrega nada nuevo a las miles de otras parecidas, reiteradas ad nauseam, desde no hace menos de una década atrás.
Ahora motivada por el asesinato por incendio de seis reclusos del centro penitenciario de Santiago Vázquez, nos enrostra una materia pendiente, fallida una y otra vez, la que parecería ser resistente a buenas intenciones, gobiernos de todos los colores y el conocimiento indisimulado de la situación.
No vamos a abrumar al lector reproduciendo la decena de veces que se ha abordado el tema, ya reclamando “emergencia carcelaria”, ya proponiendo crear las condiciones bajo las cuales puedan ser observadas cabalmente las reglas de Nelson Mandela adoptadas por la Organización de Naciones Unidas aprobadas en 2015.
Si, empero, quisiéramos agregar un par de puntos que no por conocidos y repetidos machaconamente, han perdido vigencia: los Derechos Humanos no llegan hasta los muros de una prisión y de ahí a su interior desaparecen; las personas privadas de libertad conservan sus derechos en su totalidad, salvo aquellos limitados por su situación de encierro.
La prisión no tiene como objetivo —sea cual fuere el motivo que la ocasione— aumentar el sufrimiento que implica el encierro y debe ser tomada como una oportunidad para rehabilitar ciudadanos de modo tal que la recuperación de su libertad no sea una amenaza para la sociedad a la cual vuelve a integrarse.
Precisamente, por estar limitados en su autodeterminación, los presos, bajo la custodia del Estado, son responsabilidad del mismo, que debe garantizar sus derechos y esforzarse ante una situación que es en sí misma particular y extrema. Las naciones, si tienen el objetivo de sociedades más seguras no pueden evadir su responsabilidad en la recuperación de los reclusos, sino, más bien, redoblarla.
“Se dice que no se conoce un país realmente hasta que se está en sus cárceles. No se debe juzgar a una nación por cómo trata a sus ciudadanos más destacados, sino a los más desfavorecidos”, dijo Mandela, en una síntesis que inspira lo que hoy conocemos como las reglas que llevan su nombre y que Uruguay, parece casi imposible cumplir.
Obviamente, hay condiciones previas y posteriores que limitan la capacidad del Estado en el logro de los objetivos respecto a sus presos. No obstante, sin el debido cuidado mientras los tiene a su cargo, la situación nunca va a mejorar. Esto debería ser motivo suficiente para invertir tiempo y recursos —más allá de las voces conservadoras que niegan la inversión para mejorar este asunto— en quienes se encuentras recluidos.
Porque hasta ahora, digámoslo sin ambages, estamos en situación deficitaria, se vea por donde se vea.
A propósito,si tomamos en cuenta que el porcentaje de personas privadas de libertad se ha incrementado en un 17 por ciento desde el comienzo del presente siglo, resulta claro que el desafío es enorme y que amerita el destino de recursos para mejorar la situación que es de una población cada vez mayor y que, justamente por eso, se refleja cada vez con más fuerza en la sociedad.
El comunicado que inspira este editorial concluye, tomando en cuenta las elecciones de este año que “este tiempo electoral y este tema deberían ser vistos como la oportunidad de lograr un acuerdo que todos los partidos se comprometan a ejecutar una vez finalizada la elección, sea cual sea el ganador y con el compromiso de apoyo irrestricto de los demás”.
Desde estas paginas suscribimos la iniciativa y proponemos, además, que se revise que tan eficaz se ha sido en la rehabilitación de menores que fueron encerrados como tales y que en su adultez volvieron a transgredir las normas para volver a prisión. Tal vez sea un buen ejercicio para saber hasta donde el fracaso de la oportunidad perdida alienta la “puerta giratoria” del sistema carcelario, donde la violación de los derechos humanos nos ofende en tanto sociedad civilizada.