La muerte de Alfonsina y Francisco Morosini no es solo la historia de una tragedia familiar ni de un crimen atroz. Es también el retrato de un Estado que, pudiendo actuar con todos los instrumentos que él mismo había creado, eligió la pasividad.
El Parlamento uruguayo aprobó en 2024 la Ley N.º 20.381, que creó la Alerta Amber Uruguay. El 28 de febrero de 2025, el entonces Poder Ejecutivo reglamentó la norma mediante decreto y hasta se firmaron convenios con Fiscalía y con Meta para garantizar que la alerta se difundiera de inmediato en redes sociales y dispositivos móviles. En los papeles, Uruguay ya contaba con una herramienta moderna, probada en otros países, capaz de movilizar a toda la sociedad en minutos cuando la vida de un niño está en peligro.
Pero el 1.º de marzo asumió un nuevo gobierno y desde entonces todo quedó congelado. No hubo simulacros, no hubo capacitación, no hubo despliegue técnico. La Comisión Amber creada por decreto nunca funcionó en los hechos. El sistema no estaba operativo cuando la vida de dos pequeños dependía de él.
Peor aún, cuando estalló el caso en Soriano, el Ministerio del Interior ensayó una justificación que insulta la inteligencia de los uruguayos: “la Alerta Amber no corresponde porque es un secuestro intrafamiliar y no una desaparición”.
La ley, sin embargo, es clara. Habla de niños ausentes en riesgo, sin importar si el autor es conocido o no. El artículo 6 del decreto reglamentario ordena que la alerta se libere “apenas se tome conocimiento de la desaparición” y que se difunda cada 60 minutos por todos los medios disponibles. En este caso, había denuncia inmediata, amenaza expresa, riesgo inminente y antecedentes de violencia. Es decir, todas las condiciones estaban dadas.
El Ministerio del Interior, en lugar de admitir su inacción, prefirió ponerse una careta y alegar tecnicismos falsos. Una actitud que se parece demasiado a la mostrada tras el último partido clásico, cuando declaró el operativo un éxito pese a un policía gravemente herido por una bengala náutica, y luego reservó la información por 15 años para evitar dar explicaciones. El mismo modus operandi: minimizar, ocultar, negar.
Mientras tanto, en México, la Alerta Amber funciona desde 2012 con coordinación federal; en Argentina, la Alerta Sofía se activa desde 2018; en Guatemala, el sistema Alba-Keneth está en marcha desde 2010; en Brasil, la alerta nacional se lanzó en 2023 y ya opera en varios estados. Todos ellos contemplan secuestros intrafamiliares violentos dentro de sus criterios. Uruguay, en cambio, tenía ley, decreto y convenios… pero no tenía voluntad política.
La responsabilidad es doble. Por un lado, del Poder Ejecutivo en su conjunto, que desde que asumió no hizo absolutamente nada para poner en marcha un sistema que ya estaba reglamentado. Por otro, del Ministerio del Interior, que siendo la cartera encargada de aplicar el sistema, no sólo se mantuvo inactivo sino que además intentó engañar a la opinión pública con la excusa de que “no correspondía” activarlo.
Nunca sabremos si la activación inmediata de la Alerta Amber habría salvado a Alfonsina y Francisco. Tal vez el desenlace habría sido el mismo. Pero lo que sí sabemos es que el Estado no usó todas las herramientas que tenía a su alcance. Y esa duda irreparable – la posibilidad de que la tragedia fuera evitable – quedará siempre como una sombra sobre las autoridades actuales.
No se trata de un tema partidario. Se trata de la obligación primaria del Estado: proteger la vida de los más vulnerables. Lo que ocurrió en Soriano es una advertencia dolorosa, pero también un llamado de alarma. Si el gobierno persiste en la inacción y en las excusas, si sigue escondiéndose detrás de tecnicismos y comunicados vacíos, el próximo niño en peligro también quedará desprotegido.
La sociedad uruguaya no puede aceptar que se normalice la omisión ni la mentira institucional. No puede admitir que un Estado con ley y decreto en mano elija no actuar. Porque cuando se trata de niños, la indiferencia no es una falla administrativa: es una traición moral.
Ese es el costo real de la negligencia y del encubrimiento. Un costo que ya se mide en vidas perdidas. Y si no se corrige de inmediato, será un costo que seguiremos pagando, una y otra vez, con lo más sagrado que tenemos: nuestros hijos.
