Uruguay firma la eutanasia con pluma laica

En estos días, el Parlamento uruguayo ha dado un paso trascendental: ha aprobado la ley que regula la eutanasia. No se trata de una conquista de un partido ni de una ideología, sino de un triunfo del pensamiento racional, de la compasión y de la libertad individual. Es, en el fondo, una victoria de la laicidad —esa herencia luminosa que José Batlle y Ordóñez nos legó hace más de un siglo.

Batlle entendió, como pocos, que un Estado moderno debía emanciparse de la tutela religiosa para legislar en nombre de todos. Separó la Iglesia del Estado, estableció la enseñanza laica y defendió la libertad de conciencia como condición esencial de la democracia. Aquella decisión no fue contra la fe, sino a favor de la razón: fue el modo de asegurar que ninguna creencia particular impusiera su moral sobre el conjunto de los ciudadanos.

Gracias a esa arquitectura laica —piedra fundamental del Uruguay moderno— hoy es posible debatir sobre la eutanasia sin inquisidores ni excomuniones. Pero incluso con ese marco, no ha sido fácil. Las presiones religiosas, abiertas o veladas, aún influyen en legisladores que confunden el fuero interno con la ley civil. La laicidad no siempre garantiza lucidez: también se necesita coraje político para mirar el sufrimiento humano sin dogmas y legislar con empatía y lógica.

El debate sobre la eutanasia expuso esa tensión profunda entre fe y razón. Mientras algunos sectores invocaron el “valor sagrado de la vida” desde argumentos teológicos, otros —la mayoría parlamentaria que finalmente aprobó la ley— entendieron que la dignidad no se mide por la duración de la vida, sino por su calidad. Defender la posibilidad de morir dignamente no es promover la muerte, sino confirmar el derecho del ser humano frente al dolor irreversible. Es reconocer que el Estado no puede obligar a nadie a vivir un sufrimiento que considera insoportable, ni imponerle una moral religiosa.

El Parlamento actuó como debe hacerlo una república laica: escuchó a los médicos, a los bioeticistas, a los familiares, a los pacientes y a las distintas sensibilidades. Analizó el tema con base en la evidencia y no en los credos.
La ley aprobada exige evaluaciones médicas rigurosas, voluntariedad, salud mental comprobada, consentimiento informado y controles posteriores. Nada queda librado al azar ni a la emoción: es un acto regulado, sereno y humano.
En suma, una decisión lógica, ética y compasiva —precisamente los tres pilares que deben guiar a un Estado racional.

Uruguay honra su tradición al reconocer que la libertad de conciencia también abarca el derecho a decidir cómo morir. Batlle construyó un Estado que defendía al ciudadano frente a los dogmas. Hoy, ese mismo Estado defiende al individuo frente al sufrimiento inútil.
La laicidad permite buscar la verdad con la razón en la mano, no con el dogma sobre los hombros. Y gracias a ella, el país puede seguir resolviendo sus dilemas morales con inteligencia colectiva, sin fanatismo ni miedo.

En tiempos en que el mundo parece retroceder hacia el oscurantismo, Uruguay vuelve a ser ejemplo de civilización. La aprobación de la ley de eutanasia honra la libertad, la empatía y la coherencia moral de un pueblo que aprendió de Batlle que solo un Estado laico puede ser verdaderamente humano.
Por eso, más que una ley sobre la muerte, esta es una ley sobre la vida: sobre el derecho a vivir —y a morir— con dignidad.