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Una historia que comienza a cansar
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Una historia que comienza a cansar

El gobierno empeñó sus mayores esfuerzos en la aprobación de su proyecto de reforma al sistema de pensiones. Y fracasó.

Tenía razones para intentarlo. Una loable: las pensiones que reciben muchas personas son muy bajas. Se trata de un problema que debe ser solucionado y su solución pasa por alguna modificación de las características actuales del sistema.

La segunda razón no era tan loable desde la perspectiva de todas las chilenas y chilenos, aunque sí del gobierno y quienes lo sostienen: este gobierno, que llegó a La Moneda con juveniles ínfulas de transformación y no sólo de transformar algunas cosas sino de transformarlo todo, ha arribado a la mitad de su mandato sin haber transformado nada. Y no sólo eso, sino que el gobierno y sus seguidores han terminado por mostrarse igual o peor que aquello que querían cambiar.  Su primera ministra del Interior debió dejar el cargo luego de batir récords de ineptitud, su ministro Secretario General de la Presidencia lo hizo ante la amenaza inminente de algún tipo de enjuiciamiento por faltas o delitos perpetrados por sus seguidores y su ministro de Vivienda aparece permanentemente cuestionado por situaciones asociadas a lo anterior.

Por ello el gobierno necesita dramáticamente lograr alguna reforma, algún cambio que los justifique ante sus seguidores y ante ellos mismos. Demostrar que siguen siendo aquellos que pensaban que iban a cambiar Chile aunque se dieran cuenta que no es lo mismo jugar a la política contando con la condescendencia de sus mayores, que hacer política en serio teniendo como adversarios a esos mayores. Necesitan algo que les permita irse del gobierno sin sentir que Chile les quedó grande.

Para ello les quedan sólo dos cartas: el sistema de pensiones y la reforma tributaria que llaman “pacto fiscal”. Una reforma tributaria es siempre un instrumento al servicio de objetivos mayores. Se hace necesaria cuando un gran proyecto requiere financiamiento; pero si, como todo indica, el gobierno seguirá descansando en paz, esa reforma no parece necesaria por el momento.

De ese modo la madre de todas reformas para Gabriel Boric y su gente -y madre hay una sola- es la reforma del sistema de pensiones. Porque esa sí es necesaria y viene siendo objeto de propuestas desde administraciones anteriores. Si el gobierno hubiese aceptado hacerse cargo del verdadero problema, esto es que las pensiones son bajas, probablemente habría encontrado apoyo para esta reforma. Pero no, los gobernantes mostraron que para ellos es más importante la ideología que la realidad y, en las indicaciones que plantearon a su proyecto original, mantuvieron sus elementos esenciales que no son técnicos, sino ideológicos. Se concentraron en la introducción -a todo costo- del concepto de solidaridad bajo la forma de reedición del sistema de reparto y, sobre todo, en la eliminación del sistema de AFP que es el objeto principal de sus odios.

Ninguno de estos dos objetivos es condición para la mejoría de las pensiones de los actuales y futuros cotizantes, que pueden mejorarse por otros medios más eficaces. Obedecen exclusivamente a las obsesiones que poblaron el programa original de gobierno de Gabriel Boric, aquel que sólo fue respaldado por un 25% de los electores. Las bajas pensiones se explican por varias razones, entre otras, las lagunas por falta de cotización, el aumento de la esperanza de vida y los retiros de los fondos ahorrados. La principal e inmediata, sin embargo, y con relación a ella existe una coincidencia transversal, es la baja tasa de cotización. Ese es el problema que se debe solucionar y no la calidad de empresas privadas de las administradoras ni que los fondos sean capitalizados individualmente por los trabajadores.

En la actualidad existe consenso entre las fuerzas políticas del país en aminorar ese problema aumentando la cotización. El proyecto del gobierno, sin embargo, distorsionó ese objetivo al introducir el sistema de reparto mediante la destinación de una parte del 6% adicional de cotización, que se había logrado consensuar, al financiamiento de los trabajadores pasivos actuales y a otros fines como el financiamiento de salas cunas. Esa proposición era distorsionadora e ineficaz. Retiraba una parte del fondo del trabajador individual, que de ese modo no se capitalizaría y, dado que cada vez va a haber más trabajadores pasivos, esto es pensionados, en comparación con los trabajadores activos o cotizantes, pronto se tornaría insuficiente. Esta última es la razón por la que el sistema de reparto ha terminado en bancarrota en todos los países del mundo y ha terminado por ser substituido por diferentes formas de sistemas mixtos.

El gobierno intentó y seguirá intentando introducir ese sistema de reparto como la incorporación de la solidaridad dentro del sistema de pensiones. Olvida -en realidad oculta- que el actual sistema previsional chileno es mixto, pues incluye un mecanismo contributivo y un mecanismo solidario, conformado por un “pilar solidario” y una Pensión Garantizada Universal (PGU). Estos últimos ya son financiados solidariamente por todas las chilenas y chilenos por intermedio del Estado, que lo hace con ingresos generales provenientes de los impuestos pagados por todos nosotros.

Lo único razonable en materia de mejorar las pensiones, en consecuencia, era destinar completo el 6% adicional a las cuentas individuales de los actuales cotizantes para mejorar las pensiones que recibirán en el futuro y aumentar el pilar solidario y mejorar la PGU para mejorar las pensiones que ya están recibiendo los trabajadores pasivos. Y estos últimos aumentos deberían ser financiados solidariamente, mediante impuestos, por todos quienes habiten en nuestro país y no sólo por los trabajadores que cotizan en el sistema previsional. Si eso ocurriese, se solucionaría, por algún período al menos, el problema de las bajas pensiones, tanto de las actuales como de las futuras, mediante un sistema racional y técnicamente viable.

Y naturalmente en un esquema como ese la pretensión gubernamental de introducir un Inversor Previsional Estatal (IPE) salía sobrando. Más aun cuando quedó en evidencia que ese ente estatal, que sería subsidiado por el Estado, competiría con los administradores privados de manera absolutamente desleal. Tan desleal que inevitablemente concluiría con la absorción de la cartera total de fondos previsionales por parte de esa empresa estatal que, así, finalmente, cumpliría el propósito de “no más AFP” que parece iluminar los días y las noches del gobierno y sus seguidores. Si lo que se busca es aumentar la rentabilidad de las AFP, basta con regulaciones más estrictas, que reduzcan gastos innecesarios y propicien el incremento de la rentabilidad de los fondos administrados.

Lo que ocurrió el pasado martes y miércoles en la Cámara no fue más que un acto de sensatez. Se aprobó en general el proyecto del gobierno porque era la manera de introducir a trámite legislativo una reforma absolutamente necesaria. Pero se rechazaron sus delirios ideológicos en esta materia, como han sido rechazados antes en otras. Sólo se aprobó el aumento de la PGU a 250 mil pesos, que es el primer paso para la mejora de las actuales pensiones.

El proyecto pasará al Senado, en donde probablemente corra igual suerte. Todavía el gobierno podría revertir esa situación si abandonara sus obsesiones ideológicas, pero, como el alacrán de la historia con la ranita, sabemos cuál es la naturaleza del gobierno y sus seguidores. Lo más probable, por ello, es que insista en esas obsesiones, aunque proclamándose víctima. Una historia ya tantas veces repetida que comienza a cansar.

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