El PIT-CNT presentó finalmente su propuesta de gravar con un 1% adicional en el Impuesto al Patrimonio a aquellas personas cuya riqueza oscile entre USD 1 millón y USD 1.000 millones, una iniciativa que, por lo menos, merece estudiarse.
Parece loable que la sociedad toda busque una alternativa viable para el combate a la pobreza infantil, que afecta a uno de cada tres niños uruguayos y nos debe interpelar como integrantes de esa sociedad.
En un país de pocos habitantes, con el 100% de su tierra cultivable, con cobertura casi total de agua potable y electricidad y alcances por demás aceptables del sistema educativo y de seguridad social, no parecen razonables las cifras de pobreza infantil.
Sin atribuir culpas, el país ha crecido en forma ininterrumpida desde 2003, salvo en la pausa que impuso la pandemia, pero no se lograron resultados concretos en la mejora de la calidad de vida de nuestra infancia, excepto una baja sustancial de la mortalidad infantil durante el primer gobierno de Julio María Sanguinetti.
La propuesta de la central obrera no dista en demasía de la filosofía que históricamente ha sostenido el batllismo en materia de política tributaria, centrada en la imposición sobre la tierra y las herencias, pero no sobre el trabajo.
Para no remontarnos demasiado en el tiempo, cabe recordar que el programa del Partido Colorado para las elecciones de 1984, uno de los mejores desde el retorno a la democracia, establecía que “la política tributaria estará basada en la capacidad contributiva de cada ciudadano y unidad económica, y gravará aquellas circunstancias que generen una distorsión social por la concentración del ingreso que significan”.
En líneas generales, la propuesta del PIT-CNT abarcaría a unas 25.000 personas cuyo patrimonio se ubica entre los USD 1 millón y USD 1.000 millones, cifra ésta última, impactante para Uruguay.
Un impuesto de 1% a los ricos generaría una recaudación de USD 826 millones por año, lo que alcanzaría para asistir a unos 230.000 niños pobres con alrededor de USD 3.590 por niño y por año.
La iniciativa es apoyada hasta el momento por el Partido Comunista, el Partido Socialista, Casa Grande y Seregnistas, el sector del intendente de Montevideo, Mario Bergara.
Dentro del oficialismo es rechazada por el presidente Yamandú Orsi y su ministro de Economía, Gabriel Oddone, quien indicó que un impuesto de estas características no va en la dirección de las disposiciones fiscales incluidas en el presupuesto recientemente aprobado.
El titular de la cartera de economía sostuvo que mediante al impuesto global a las multinacionales, el gravamen a las colocaciones en el exterior más “la mejora” en el sistema recaudatorio, se lograría un incremento del PBI suficiente para atender el gasto público.
El ministro dijo además que los cambios tributarios votados en el presupuesto nacional “no afectan los impuestos sobre el trabajo” ni tampoco “la renta de las empresas domésticas” así como “el consumo”.
Y ahí, para nosotros, está el quid de la cuestión.
Creado en 1965 como impuesto extraordinario para personas físicas y jurídicas, y con una tasa de 1%, el Impuesto al Patrimonio genera para el Estado una recaudación de unos USD 742 millones anuales, frente a USD 7.200 millones de IVA, USD 2.682 millones por IRPF, USD 1.928 millones por IRAE y USD 1.333 millones de IMESI, entre los tributos más importantes.
Bajo el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1967-1972), las alícuotas se ubicaban entre 0,50% y 1,50%, las que fueron elevadas en 1979, durante la dictadura, hasta un rango de entre 1% y 4,30% para personas físicas y 4,50% para personas jurídicas.
Las alícuotas bajaron sucesivamente durante todos los gobiernos democráticos y actualmente -con un mínimo no imponible de aproximadamente USD 157.000- se ubican entre 0,10% y 0,45% de forma progresiva y se unificarán en 0,10% en 2027, de acuerdo a lo dispuesto por la Reforma Tributaria de 2007, durante el primer gobierno de Tabaré Vázquez.
Cabe preguntarse entonces dónde quedó aquello de que “que pague más el que tiene más”, ya que, en caso de no prosperar la propuesta, va a pagar la irrisoria tasa de 0,10% quien tiene USD 200.000 o el que tiene USD 1.000 millones.
Y no sólo eso, es preciso recordar que mientras están gravados los salarios con IRPF, no lo está la tenencia de Bonos del Tesoro, así se tenga una posición de USD 2 millones en este instrumento financiero.
El aumento de impuestos al capital y la reducción de impuestos al consumo está en el programa del Frente Amplio al menos desde la campaña presidencial de 1999, primera vez que se propuso la reinstalación del IRPF, creado por el ministro Juan Eduardo Azzini en 1959, iniciativa que hizo perder las elecciones a Vázquez.
En los 15 años de gobiernos pasados del Frente Amplio, ni se aumentaron los impuestos al capital ni bajaron los tributos al consumo, al tiempo que poco se modifica con el Presupuesto sancionado recientemente, mientras el Estado resigna unos USD 5.000 millones anuales por exoneraciones y rebajas fiscales.
Uruguay es un país cuya incidencia es alta y problemática. El asunto pasa por la valoración y el equilibrio —no siempre facil— de la política financiera del país. Una que tenga en cuenta la capacidad económica de los contribuyentes y la calidad de los servicios que el ciudadano recibe por parte del Estado.