Las declaraciones del senador y jefe de campaña de Yamandú Orsi, Alejandro Pacha Sánchez, en cuanto a “nacionalizar” las AFAP, abrieron una gran interrogante en cuanto al futuro del sistema previsional y significaron un disparo en la línea de flotación de la confianza que podrá generar la política económica de un eventual gobierno de izquierda.
Sánchez, admitió una vez más que las AFAP, deberían de ser “nacionalizadas” para un mejor funcionamiento del sistema, más allá del resultado del plebiscito que se llevará a cabo para decidir el destino de estas entidades, el próximo domingo.
Sin perjuicio de que el legislador aclaró al día siguiente que su propuesta era una “ironía”, el candidato del Partido Colorado, Andrés Ojeda, recordó que esa idea ya la había expuesto en mayo en un Comité de Base, ante la presencia de Orsi y con absoluta seriedad.
El Frente Amplio insiste entonces, porque nadie, salvo el propio Sánchez –de forma muy poco convincente- y el senador Mario Bergara, aclaró esas afirmaciones, con eliminar entidades que cumplieron con su cometido a lo largo de 27 años de existencia.
Las AFAP, creadas por la ley que reformó el sistema previsional en 1996, comenzaron a operar en 1997 y comprende hoy a cuatro instituciones (República, Integración, Itaú y Sura, que al 30 de junio contaban con 1.632.405 afiliados y que administran fondos por unos USD 22.200 millones.
La rentabilidad real anualizada de los fondos de pensiones de Uruguay se ubica en 7,43%, por encima de Chile, Perú, Colombia y México, según la consultora chilena en seguridad social CIEDESS.
A lo largo de su existencia, las AFAP sobrevivieron a crisis internacionales y locales como la de Rusia en 1998, el tsunami financiero en Argentina y Uruguay en 2001 y 2002 y la crisis que se inició en los créditos hipotecarios basura en Estados Unidos en 2008, que provocaron sustanciales caídas en el precio de los activos financieros.
Por otra parte, la financiación acumulada de las AFAP al sector productivo se encontraba al cierre de 2023 en USD 4.720 millones, 27% del subfondo de Crecimiento, 26% del subfondo de Acumulación y 1% del subfondo de Retiro.
Hace 10 años, dichas inversiones de las administradoras alcanzaba a USD 1.003 millones.
La propuesta de nacionalizar las AFAP, así como de modificar otros aspectos del actual sistema de seguridad social en un eventual gobierno del Frente Amplio, desconocería un veredicto popular en sentido contrario en el plebiscito y generaría múltiples incertidumbres en cuanto al destino y criterios de administración de los fondos, además del costo fiscal que tendría la modificación constitucional.
No obstante, más allá de este aspecto, la iniciativa nacionalizadora, quizás la propuesta más radical de la izquierda desde el retorno a la democracia, representa un disparo en la línea de flotación de la confianza que inspiraría una política económica frentista.
Cabe preguntarse si la coalición de izquierda manejaría la economía bajo la influencia de sus comités de base –con mayoría de militantes del MPP y del Partido Comunista- o bajo el mando del equipo económico.
En este último caso, habría que observar si veremos un equipo económico unificado o una especie de conducción bicéfala, con opiniones divergentes entre el Ministerio de Economía, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el Banco Central, tal como ocurrió bajo el gobierno de José Mujica (2010-2015).
¿Volverán a oponerse las bases a que el país firme tratados de libre comercio con países extra-Mercosur, como se opusieron al TLC con Estados Unidos en 2007, a pesar de la disposición para suscribirlo del entonces presidente Tabaré Vázquez, al igual que de su ministro de Economía, Danilo Astori?
Será interesante entonces, ver si la política económica del Frente Amplio en un posible gobierno se asemeja más a una línea setentista o a la que llevaron adelante sus tres administraciones.
Vale la pena recordar que bajo las mismas se le pagó la deuda al Fondo Monetario Internacional, se le cedió a los bancos el suculento negocio de la bancarización obligatoria, el aumento en los topes de las tasas de interés que se cobran por los créditos, se contempló de forma pasiva la mayor extranjerización de tierras de la historia y se aceptó de buena gana a las pasteras, con una multimillonaria inversión estatal en infraestructura para la instalación de UPM 2.
