Luego que este viernes el presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, advirtiese sobre un golpe de estado, el Tribunal Supremo Electoral revirtió este domingo la suspensión del partido Semilla, mediante el cual Arévalo ganó la elección residencial el 20 de agosto. La suspensión del Movimiento Semilla fue dispuesta por el juez Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público.
El partido Movimiento Semilla había sido suspendido el pasado 28 de agosto por el Registrador de Ciudadanos del mismo Tribunal Supremo Electoral, por lo cual el Congreso le quitó la calidad de partido, lo que imposibilitaba al presidente electo asumir la primera magistratura.
La revocación de la suspensión fue firmada el sábado por los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes inicialmente el pasado 28 de agosto se habían desligado de la decisión del Registrador de Ciudadanos.
Arévalo de León señaló a la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, como una de las principales promotoras del mencionado “golpe de Estado”, junto al fiscal Rafael Curruchiche, la Junta Directiva del Congreso, el juez Orellana y a “otros actores corruptos”.
Las amenazas a la eventual presidencia de Arévalo comenzaron luego de su triunfo en la primera vuelta electoral, el 10 de julio, cuando el Tribuna Supremo Electoral estaba a punto de certificar el resultado de los comicios y la Fiscalía General anunció una investigación que podría dejar a Arévalo sin partido y, en consecuencia, sin acceso a la presidencia.
El viernes el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) hizo un llamamiento «las instituciones del Estado de Guatemala, incluyendo los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, para que respeten y garanticen los derechos civiles y políticos del pueblo guatemalteco de acuerdo con la ley interna y sus compromisos bajo la Carta Democrática Interamericana en relación con la separación de poderes» , el cuerpo de la OEA, además, estableció que las autoridades guatemaltecas «deben cumplir con la obligación de proteger los derechos civiles y políticos establecida en el Artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, con el fin de evitar interferencias en el proceso de transición presidencial.
La investidura de Arévalo de León está programada para el próximo 14 de enero, en reemplazo del actual mandatario, Alejandro Giammattei.