El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno desestimó los recursos interpuesto por las defensas del senador nacionalista Gustavo Penadés y del profesor Sebastian Mauvezín y validó el fallo de la jueza Marcela Vargas que dispone la reserva de la identidad de varios de quienes denunciaron al legislador por abuso sexual.
Tanto el abogado defensor de Penadés, Javier Vega, como el letrado del profesor Sebastián Mauvezín, Juan Carlos Fernández Lecchini, adujeron que mantener en secreto las identidades de los denunciantes limitaba el derecho a la defensa de sus patrocinados.
Penadés y Mauvezín insisten en que detrás de las denuncias hay una trama urdida por Jonathan Mastropierro, un exconvicto por estafa también conocido como Mateo. Según el legislador, él mantuvo relaciones sexuales con Matropierro cuando éste era mayor de edad y lo había conocido por intermedio del docente.
En un momento se especuló con que Mastropierro era uno de los denunciantes cuya identidad está protegida, pero él mismo se encargó de desmentirlo en un programa televisivo, donde confirmó que comparecía en las actuaciones como testigo. Mastropierro negó «relación alguna» con los denunciantes y anunció en las redes sociales que presentó una demanda por difamación e injurias contra el Penadés, «ciudadano Gustavo Penadés, usted no goza de fueros parlamentarios, sus dichos serán investigados y juzgados, la denuncia está hecha»,
Vargas, además de disponer la reserva de la identidad de nueve de los testigos, ordenó que sus comparecencias fueran bajo las medidas de los artículos 160 y 163 del Código del Proceso Penal, que permiten tomar medidas que impidan conocer “cualquier otro elemento que pueda servir para su identificación”.
Las comparecencias de quienes se consideran como víctimas en la investigación, y cuyas identidades están siendo protegidas, constituyen audiencias de prueba anticipada, como lo había solicitado oportunamente la fiscal Alicia Ghione.