El Frente Amplio no hará campaña por el plebiscito impulsado por el PIT-CNT para derogar la reforma jubilatoria, ni se opondrá al mismo. A propuesta del su presidente, Fernando Pereira, la mesa política de la coalición decidió este lunes dejar en libertad de acción a sus sectores, que no tienen una visión común sobre la pertinencia de la consulta, pero están en contra de la reforma jubilatoria del gobierno.
La propuesta consensuada, que deberá ser aprobada la semana que viene por la Mesa, incluye «tanto a los sectores políticos, como a las bases» de la coalición. En definitiva, será el Plenario Nacional quien ante la falta de acuerdo, dejará la decisión a criterio de las distintas fuerzas coligadas, y de su electorado.
A principios de agosto el Movimiento de Participación Popular había resuelto no juntar firmas para ir contra la Ley de Seguridad Social. «No están dadas las condiciones para la convocatoria a un plebiscito con la finalidad de anular la ley vigente aprobada por este gobierno» decía la resolución del Plenario Nacional de la agrupación. Asimismo, la Convocatoria Seregnista (moderados) se manifestó en contra del plebiscito en un documento que analizaba las propuestas y fundamentaba su posición adversa a las mismas.
Por su parte, el comunismo había valorado la decisión del la gremial de trabajadores «para impulsar un plebiscito contra la reforma jubilatoria, y comprometido su esfuerzo «para construir en torno a esta iniciativa del PITCNT, en cada una de sus etapas, el mas amplio consenso posible político y social».
No obstante los puntos de vista encontrados respecto a la consulta popular, el Frente Amplio tiene una posición común contra la reforma del gobierno y se prepara para elaborar un documento propositivo para reformarla si llega al poder en las próximas elecciones.
Las falta de unanimidad dentro de la coalición política refleja también la que existe dentro del movimiento sindical, que está dividido, a pesar de haber logrado el consenso para presentar una papeleta en que se establece, entre otras, la baja de la edad de retiro, el concepto de la jubilación mínima y la desaparición de lasas Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), cuyos fondos pasarían al Estado.