Este medio, por lo general, evade las noticias policiales. No es desconsideración o descarte de los hechos que, obviamente, afectan a familias, barrios, comunidades y, seguramente, de una forma u otra, a la sociedad entera. Pero apuntar día a día el número de muertos de la crónica policial podría llegar a empañar los esfuerzos que los gobiernos —éste y los anteriores— han hecho para controlar un fenómeno extendido en varios países, y culmina por distorsionar la mirada que se debe dar al problema.
El viernes el ministro del Interior compareció en la Comisión Permanente del Parlamento y explicó donde concentra los esfuerzos de su gestión. De acuerdo a El País, el jerarca destacó la estrategia del “enfoque dual” que, en pocas palabras, hace hincapié en la represión del delito y sus causas. La oposición, según la crónica, “destacó el tono con el que expuso el secretario de estado, pero lamentó que este enfoque se presentara en el último año de gestión de gobierno”.
Interesa sobremanera lo que afirma la nota de referencia “con un tono calmo — notoriamente diferente al de sus predecesores, los exministros Jorge Larrañaga y Luis Alberto Heber—, Martinelli planteó que desde 1985 a 2004 el ministerio estuvo ‘focalizado en la represión policial’ y ‘tímidamente en las causas’ del delito, mientras que de 2005 a 2019 ‘el FA (Frente Amplio) decide bienintencionado una política enfocada en la prevención de las causas del delito y dejó de lado la represión’”.
Plantear las cosas como lo hace el párrafo anterior, a juicio de El Día, es tan errado como contar, al fin de la jornada, los muertos de la inseguridad. Desdibuja la totalidad del problema de la violencia y no ayuda a construir una política pública asentada en el necesario consenso; crea en el colectivo una visión difusa del asunto o, si se quiere, de todos los problemas que conforman una manifestación multidimensional que no sólo compromete la gestión del ministerio del Interior, sino la de todos los organismos que tienen responsabilidad en el asunto.
Si el fenómeno es multidimensional, y por sólo nombrar algunos de sus factores lo relacionamos con la represión, la rehabilitación, la educación, la salud, el mercado laboral, es fácil comprender que no es una aproximación acertada enfocarse sólo en lo que hace el ministerio del Interior y por defecto —visión al servicio de la causa política de la colectividad que sea— pedir la cabeza de un ministro, como trofeo de caza. Es lo peor que le puede ocurrir al país en términos de política pública.
De entrada, para poner las cosas en contexto, es bueno detenerse en que la evolución de la pérdida de la seguridad en ciudades, países, continentes, es un fenómeno dinámico y al cual se van sumando causas que deberían ser examinadas con diversas miradas. La sociológica, la antropológica, la criminal para nombrar las más obvias.
Eso nos permitiría concluir que no es cierto que el Frente Amplio dejara de lado los aspectos represivos del problema cuando le tocó ser gobierno. Mencionar solo algunas de las medidas que buscó implementar, como la mejora de los sistemas de vigilancia por cámaras, implementar respuestas más eficientes de los efectivos policiales, dotarlos de mejores equipos, refleja que sí se hicieron esfuerzos.
Y afirmar que este gobierno no haya puesto prioridad a las causas de la violencia —como sin duda lo es la salud mental y su relación con las adicciones— es una falsedad que no resiste la verdad refrendada por el presupuesto aprobado por el Parlamento, en donde se hizo un esfuerzo económico en la materia.
Si se tuviera que describir un fracaso de todos los gobiernos, empero, si se le podría reprochar a las administraciones anteriores y a ésta que no hayan dado en la tecla con la mejora del sistema carcelario que sigue avergonzando al país por su ineficiencia, ineficacia y por las claras violaciones a los derechos humanos que el mismo prohíja.
Es cierto que los esfuerzos que es necesario encarar para salir de esta situación infame tal vez no sean comprendidos o apoyados por los sectores más conservadores de la sociedad que cuestionan la inversión para mejorar la calidad del encierro de los transgresores de la ley. Si embargo, hacerlo —sobre todo en el sistema de justicia juvenil—tendrá un impacto positivo en la seguridad, ergo, en la sociedad.
Obviamente, prometer más seguridad a corto plazo, es una bandera electorera tentadora. Pero la torpeza —y muchas veces el cinismo— de prometer penas más severas (en algunos lados hasta la pena de muerte) o “mano dura” en las cárceles, sin embargo, no ha dado resultados de estables y de largo aliento. Del mismo modo, apelar a un electorado sensible a la reivindicación humana y prometer que el combate a la inseguridad será posible exclusivamente atendiendo al tratamiento de usuarios problemáticos de drogas, por ejemplo, es una visión hemipléjica que desconoce la compleja naturaleza humana.
Por eso, a la hora de enfrentar un tema de la complejidad brutal como el de la inseguridad, parecería preferible que se trasmita a la población que el enfoque que debe privar es el de la coordinación de políticas públicas que trascienden la mera actuación del ministerio del Interior contada a través del número de muertes y delitos.
Tal vez si se enfocara la cuestión en otros indicadores que hacen al problema, sería más claro que el mismo necesita una mirada amplia, holística y que el sentido común de los números fríos no es suficiente ante problemas complejos.