La justicia hizo lugar a un recurso de habeas corpus presentado por los guardias de la Cárcel de Mujeres ante las condiciones de reclusión en ese centro de rehabilitación. En su sentencia el juez Matías Porciúncula dispuso que se suspendan nuevos ingresos al recinto carcelario que presenta un hacinamiento superior al 120% de su capacidad locativa.
El fallo del magistrado dispuso además que se aumente el número de guardias hasta llegar a una proporción cercana a un funcionario cada diez personas en situación de encierro. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que se presentó como testigo y refrendó el recurso de los guardias, ya había redactado un informe sobre las condiciones deficitarias del lugar.
Porciúncula dispuso también que el Ministerio del Interior, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, presente un plan mejorando las condiciones locativas y de personal del lugar en un plazo de 45 días el que deberá ser implementado en 120 días.
Meses atrás Petit presentó un informe en el Parlamento en el que reclamó la declaración de una «situación de emergencia» y se crease un «grupo de implementación de acciones integrado por el Ministerio del Interior, Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Ministerio de Salud Pública y ASSE, Ministerio de Obras Públicas, Sanidad Policial, Ministerio de Desarrollo Social y Ministerio de Educación y CODICEN, entre otros procediéndose a tomar las medidas administrativas de urgencia de contratación de servicios, obras, refacciones y contrataciones de personal que sean necesarias para mejorar la situación de acuerdo a los estándares penitenciarios previstos en las normas nacionales e internacionales»