Que los allanamientos nocturnos, per se, no cambiarán la ecuación en el combate a la criminalidad organizada, es más que sabido. Como también lo es que su inclusión o no en el texto constitucional no hace a esta República más o menos garantista, si su admisión y ejecución se dan en plena observancia del Estado de Derecho, con la correspondiente vigilancia judicial.
El penalista salmantino Eduardo Fabian Caparrós, consultado sobre el instituto en España, advertía que “somos ciudadanos las 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días del año. Para lo bueno y para lo malo. Yo no le veo ningún inconveniente en hacer una entrada y registro a cualquier hora, si es en beneficio de la investigación. De hecho, el ‘factor sorpresa’ que facilita la noche puede ser decisivo” Y recalcaba que “siendo muy garantista el sistema, en España la policía puede entrar sin siquiera orden judicial en supuestos de flagrancia”.
Tampoco la venta de marihuana con fines recreativos —per se— vino a ser solución contra el narcotráfico, un argumento que, a nuestro juicio, tuvo más ribetes publicitarios y efectistas que ciertos a la hora de su impacto en la seguridad ciudadana.
Del mismo modo, el escaneo de contenedores —per se— no va a cambiar muchísimo la lucha contra el tráfico ilícito, sea de drogas, armas, o de cuanto producto ilegal ande por ahí: según la Oficina de las Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos y la Organización Mundial de Aduanas, si bien el 90 por ciento del comercio universal se realiza por mar, menos del 2 por ciento de los contenedores son inspeccionados. En Estados Unidos el Servicio de Aduanas y Fronteras apenas escanea el 3.7 por ciento de los contenedores que ingresan al país. Para poner las cosas en perspectiva, es bueno recordar que alrededor del globo, anualmente, se envían 700 millones de contenedores. Ademas de escáners, se necesita tecnología de profiling, entrenamiento y coordinación.
Con estos tres ejemplos queremos significar que, en materia de seguridad, temas que se traen a colación como grandes soluciones, en realidad no lo son tanto. Estos y otros son apenas componentes necesarios en la batería de recursos que el Estado debe administrar para enfrentar un enemigo que, en números fríos, desafía su capacidad de respuesta. De ahí se haya afirmado insistentemente, no hoy, sino hace hace por lo menos 3 décadas, que el Crimen Organizado compromete a todas las democracias del mundo.
Si para muestra falta un nuevo botón, el 9 de agosto, luego de tres años de negociaciones, el Comité establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para negociar una convención en cybercrimen acordó un texto borrador cuya aprobación se espera para este año. Se ha destacado que este instrumento es el primero luego de 20 años de aprobada la Convención de Palermo sobre criminalidad organizada, lo que muestra la evolución incesante del delito.
En fin, la empresa criminal transnacional es una amenaza cierta contra la institucionalidad y compromete a la República. Pero las respuestas a la misma y su impacto en la seguridad ciudadana no deberían ser objeto de campaña política como botín de guerra. Más bien, obligan a soluciones técnicas, basadas en evidencia, despojadas de politiquería barata.
Hay muchas razones para que así sea, y de peso es aquella que reclama para problemas complejos, soluciones complejas, que se alejen del tan manido “sentido común” que, ante la variedad de causas de un fenómeno multidimensional, apenas si da para una charla de café.
Pero además, y el lector sabrá perdonar la digresión por su importancia y significado, discutir cosas a la ligera termina banalizando el tema, o creando interrogantes que sí abren nuevas dudas sobre la salud de la democracia. Tal lo que le ha pasado a la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, que por meterse en camisa de once varas para aparentar saber de lo que no sabe y demagógicamente hablar sobre la seguridad (nos vinieron a la memoria sus lágrimas por el consumo de agua que traería insospechados problemas a la población, lo cual obviamente no ocurrió) terminó desviando la atención hacia otras acechanzas para el funcionamiento de la república: que si algo no le gusta, aun en la Constitución, ratificada por el soberano, no lo aplicaría.
No es de extrañar, su coalición intentó, por suerte sin suerte, pasarse por la faja la voluntad popular ratificada en plebiscito. No uno, dos.