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Seguridad Social: Una reforma clave que se debe defender
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Seguridad Social: Una reforma clave que se debe defender

El PIT-CNT con el apoyo de una parte del Frente Amplio, decidió iniciar una campaña de recolección de firmas a los efectos de impulsar un plebiscito constitucional para modificar algunos aspectos incluidos en la reciente Ley de reforma de la seguridad social, una iniciativa que busca derribar a uno de los buques insignia de la administración del presidente Luis Lacalle Pou, transformación estructural que por su carácter de impostergable, se debe defender.

La campaña, más que una piedra en el zapato para la actual administración, representa también un tiro en el pie, o una suerte de boomerang para sus actuales impulsores frentistas, que en caso de llegar al gobierno, deberán lidiar con una problemática que la Coalición Multicolor dejó resuelta, al menos eso se estima, por varias décadas.

La iniciativa, que de alcanzarse las firmas se plebiscitaría junto a las elecciones nacionales del año próximo, apunta a establecer en 60 años la edad mínima de retiro y 30 años de aportes, a asegurar una jubilación básica de acuerdo al salario mínimo nacional y a eliminar las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP).

La propuesta de la central sindical, que fue aprobada por mayoría simple en su Mesa Representativa y que se plasmará en una boleta única, dividió las aguas en el Frente Amplio, ya que el MPP con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, a la cabeza y el seregnismo encarnado en el senador Mario Bergara, le bajaron el pulgar a la campaña, que es apoyada por los sectores más ortodoxos y cercanos a la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, en la interna de la coalición de izquierdas.

No obstante, el presidente de Frente Amplio, Fernando Pereira, aclaró que la posición oficial de la coalición de izquierdas se conocerá en diciembre.

La norma, aprobada tras la conformación de una comisión de expertos y de varios meses de discusión, significa no sólo la mayor transformación en materia de seguridad social desde la ley de 1996 que introdujo las AFAP, sino también un paso trascendente en el ataque a uno de los mayores factores que explica el déficit fiscal del Estado.

El cuestionamiento a la fijación de la edad de retiro en 65 años que establece la ley, desconoce la realidad de los promedios de edad de jubilación en países como España (65), Portugal, Irlanda, Holanda y Dinamarca (66) y Alemania e Italia (67). Ya mismo en Uruguay, el promedio se ubica en 63 años y tanto recientemente los bancarios para financiar su caja, así como otros profesionales, no sólo aceptan una edad de retiro más elevada, sino que la piden, al ser sus ingresos como trabajadores sustancialmente más elevados que como pasivos.

Los promotores del plebiscito poco y nada tienen en cuenta que en el quinquenio 1995-2000, la sobrevida esperada a los 60 años era de 20 años y se estima que para el quinquenio 2065-2070 será del orden de los 27 para ambos sexos.

También en materia demográfica, las personas de entre 15 y 64 años, es decir en edad de trabajar, representaban 62,5% de la población en 1995 y se estima que este porcentaje alcanzará el 57,5% en 2070, al tiempo que los menores de 15 años eran poco más de 800.000 en 1995 y se espera que en 2070 apenas superen los 450.000, representando el 25% y el 14% de la población, respectivamente.

Se estima que la productividad del trabajo debería aumentar a una tasa de 2,66% anual para mantener tasas de crecimiento del producto del orden de 2,5% anual. Un aumento en las tasas de participación laboral de las personas mayores o de las mujeres, podría atenuar estos requerimientos.

Desde el punto de vista financiero, el Banco de Previsión Social recibió en 2021 USD 600 millones por parte de Rentas Generales para cubrir su déficit, pese a contar con una recaudación anual de USD 2.000 millones por aportes obrero-patronales, impuestos afectados (7 puntos de IVA), el IASS y el sustitutivo de COFIS.

El gasto previsional del BPS se ubicó en el orden de 7 puntos del PBI en el año 2008 y se preveía que evolucionara en ese orden de valores hasta la década de 2040. Sin embargo, en la última década cambió la trayectoria y en 2019 alcanzó 9,2% del PBI y de no hacerse la reforma, dicha evolución era insostenible hacia el futuro.

Las AFAP, otro elemento cuestionado, incluso desde que comenzaron a operar en 1996, y que se pretende eliminar, acumulan fondos por alrededor de USD 21.300 millones al mes de marzo, los que se invierten, a través de dos subfondos, en 73% en títulos públicos como Bonos y Notas del Tesoro y Letras de Regulación Monetaria y 27% en instrumentos financieros del sector privado a los efectos de financiar proyectos en sectores como el agropecuario, industria, comercio, transporte y servicio, inmobiliario, financiero, infraestructura y energía.

Fernando Lorenzo, ministro de Economía durante la administración del presidente José Mujica a partir de 2010, había señalado en declaraciones al suplemento económico de El País publicadas el 1 de junio de 2009, que “Uruguay tiene un muy buen sistema de seguridad social, el solidario y el de capitalización, organizados en una estructura muy adecuada y está en condiciones de dar respuesta a los problemas de sus beneficiarios como ningún otro país del continente”.

Los impulsores de la derogación de la reforma pretenden que las AFAP dejen de funcionar con posterioridad a dos años de una eventual reforma constitucional plebiscitada y que los fondos administrados por éstas pasen a un fideicomiso administrado por un ente fiduciario público. Los activos volverían a aportar solamente al BPS como antes de la reforma de 1995.

La Ley de reforma del sistema previsional aprobada el pasado 28 de abril, fija la edad de jubilación en 65 años para los nacidos en 1977. No obstante, se establece una gradualidad entre los 61 y 64 años para acceder a la causal jubilatoria común para los nacidos entre 1973 y 1976. A propuesta del Partido Colorado se incluyó una opción para jubilarse a los 63 años con 38 de aportes o a los 64 años con 35 años de servicio.

La tasa de reemplazo (el porcentaje del sueldo en actividad que se cobrará como jubilación) se mantiene en 40%, pero en vez de obtenerse a los 60 años, se hará a los 65 años.

El nuevo sistema favorece en este aspecto la mayor cantidad de años aportados, dado que quien empezó a trabajar a los 18 años, a los 65 tendrá 47 años de trabajo. Hoy en un caso como éste, la persona cobra 67,5% de tasa de reemplazo, mientras que quienes se jubilen luego de 2043 cobrarán 70,5 por ciento.

La norma creó un suplemento solidario que permite mejorar las jubilaciones inferiores a 40.000 pesos, obteniéndose aumentos de entre 20% y 40% con respecto a la actualidad, al tiempo que la nueva ley permite volver a trabajar a las personas ya jubiladas, posibilidad que está vigente desde el 1 de agosto. 

Además, se podrá acceder a una pensión vitalicia por viudez a los 40 años, mientras que si la persona beneficiaria estuviera entre los 30 y 39 años la pensión se servirá por cinco años y si fuera menor a 30 años se servirá por dos años.

Para acceder a la pensión, también a instancias del Partido Colorado, se bajaron los requisitos necesarios que se establecían en el proyecto original, pasándose de un mínimo de tres años a dos años.

También se recogió el planteo realizado por la Asociación Down del Uruguay, que las personas con síndrome de Down y otros síndromes que impliquen expectativas de vida similares, con al menos 15 años de servicios y 45 años de edad, estarán generando el derecho a una prestación a partir de que cesen en su actividad laboral.

El anuncio del PIT-CNT de impulsar un plebiscito, generó críticas en el oficialismo, aunque el presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, consideró que será una “oportunidad interesantísima” para defender la reforma jubilatoria, votada por todos los partidos de la coalición de gobierno.

Por cierto, que los partidos integrantes del gobierno, deberán definir una estrategia clara frente a la central obrera y al Frente Amplio y defender desde ya, sin titubeos, y con todos los instrumentos de comunicación posibles, especialmente en el mano a mano con la gente, los fundamentos y alcances de la reforma, despejando dudas y sobre todo argumentos falsos o inexactitudes que pretendan imponer los impulsores de la movida.

Por último, quien sabe si los designios de las urnas en 2024, no terminan haciendo que los más favorecidos por una ley sancionada por un gobierno anterior, no sean los que hoy se oponen a la misma, tal como ocurrió con la Ley Forestal de 1987, la Ley de Marco Energético de 1998 o la llegada de las fábricas de pasta de celulosa Botnia –hoy UPM- y Ence, tan demonizadas en la campaña previa al triunfo de la izquierda en 2004 y tan veneradas en años posteriores.

NDR: Cifras extraídas del Diagnóstico del Sistema Previsional Uruguayo elaborado por la Comisión de Expertos en Seguridad Social, Boletín Estadístico del BPS y Banco Central del Uruguay (BCU).

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