En apenas dos días, Uruguay registró siete homicidios. Las escenas se repitieron en Montevideo, Canelones y Paysandú. Asesinatos en circunstancias que reflejan la penetración de la violencia en nuestra vida cotidiana. Lo que antes era excepcional, hoy parece camino a la normalidad.
La sociedad uruguaya, que durante décadas se enorgulleció de vivir en un “país seguro”, observa con creciente angustia cómo esa etiqueta se desdibuja. Las familias ya no discuten estadísticas: se preguntan si es seguro caminar de noche, si los hijos llegarán sin incidentes del liceo, si la violencia se volverá parte del paisaje.
El ministro del Interior, Carlos Negro, convocó a la cúpula policial y describió los hechos como un “pico de violencia” asociado a ajustes de cuentas entre bandas. Reivindicó la eficacia policial, citó capturas recientes y anunció refuerzos de patrullaje.
Su mensaje fue claro: “No es momento de hacer política”. Sin embargo, al insistir en que la mayoría de los casos no fueron “al azar”, el gobierno trató de minimizar el problema. La violencia, aunque provenga de disputas criminales, erosiona igual la seguridad y la confianza ciudadana.
Desde la vereda de enfrente, los partidos opositores no tardaron en acusar al Ejecutivo de ineptitud y demora. Hablaron de “silla vacía” en el Ministerio, ironizaron con un “panorama Negro” y criticaron que el plan de seguridad se anuncie recién en 2026.
Más allá de la contundencia de sus señalamientos, resulta evidente que la oposición también busca sacar rédito político. Cada muerte es utilizada como arma discursiva para debilitar al oficialismo. En el medio queda la gente. Una ciudadanía que percibe cómo el país que supo ser refugio de paz se acerca peligrosamente a las dinámicas violentas de la región. La indignación es creciente, pero lo es aún más la sensación de vulnerabilidad.
América Latina concentra un tercio de los homicidios mundiales con apenas el 8% de la población. Brasil, México y Venezuela lideran cifras estremecedoras; Chile y Costa Rica ya no escapan al repunte del crimen organizado. Uruguay, aunque todavía lejos de esos números, se desliza hacia una pendiente preocupante: narcotráfico, armas ilegales y exclusión social forman un cóctel que amenaza con desbordar la institucionalidad.
El cruce entre oficialismo y oposición revela una pobreza de miras. El gobierno insiste en uniformes y patrulleros; la oposición, en reproches fáciles. Ambos se enredan en una pulseada política mientras la gente vive con miedo.
Lo que se necesita es un pacto de Estado. La seguridad no puede ser moneda electoral: debe convertirse en política nacional de largo aliento. Incluir prevención, combate frontal al narcotráfico, control de armas, programas para jóvenes en riesgo y reconstrucción del tejido social.
Uruguay está a tiempo de evitar la vorágine de violencia latinoamericana. Pero para lograrlo, se requiere abandonar la lógica de la ventaja circunstancial y apostar por soluciones conjuntas. El crimen no distingue colores partidarios; tampoco debería hacerlo la respuesta.
La seguridad debe dejar de ser campo de batalla electoral y convertirse en causa nacional. Solo así podremos devolver la paz a nuestras calles y la confianza a nuestra gente.
