Una primera lectura del resultado de la interpelación a los ministros de Economía y Relaciones Exteriores por la gestión de la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, es obvia: la República es resiliente.
Porque la República, bien entendida, supone una arquitectura jurídica en donde pueda funcionar el sistema de controles y el equilibrios. Y la interpelación tuvo ese desenlace.
Naturalmente, se podrá argüir, existió en el proceso el “juego político” del enfrentamiento entre la oposición y el oficialismo —¡bueno sería que no hubiese existido!—. De eso se trata la democracia.
Vayamos a la interpelación, su génesis y su resultado..
Lo que pasó en Salto Grande fue el desenlace de una situación que todo el sistema político conocía: unas comisiones de carácter binacional, con estructura propia, que muchas veces representaron en el imaginario de varios políticos un especie de “botín”. Que el ex canciller Ernesto Talvi, que venía de fuera de dicho sistema, haya sugerido un análisis profundo del funcionamiento de esas comisiones , exime de mayores comentarios.
“Tienen un presupuesto conjunto mayor al de toda la Cancillería. Por la transparencia y respeto a los contribuyentes, pedimos a las nuevas autoridades un informe exhaustivo de ingresos, uso de recursos y situación patrimonial”, había informado en un twit el ex ministro, a mediados de junio de 2020, unos días antes de su renuncia.
Y si bien es cierto que probablemente en la gestión de la Comisión no hayan existido ilegalidades o corrupción, como afirmó el Presidente de la República, más cierto es que las contrataciones directas y una serie de ventajas desquiciantes en el retiro de algunos funcionarios, supusieron un claro abuso a los principios de la buena gestión pública que terminó por crear una “clase” de funcionarios, con unos privilegios desmesurados para lo que es la Administración nacional.
Es decir, que las normas que rigen a las comisiones binacionales se hayan observado hasta extremos de exageración, para terminar haciendo de la discrecionalidad un ejercicio de desviación de poder, no exime a los políticos de su responsabilidad ante la ciudadanía. No se trata sólo de actuar dentro de la ley. Se trata de no desnaturalizar sus cometidos.
Obviamente que la renuncia de quien estaba al frente de la delegación uruguaya, el político nacionalista Carlos Albisu, fue una buena noticia. necesaria, si guardamos las formas mínimas de la decencia política, como también se encargó de destacar el presidente Lacalle Pou. Pero no fue suficiente. . .
El daño estaba hecho y es destacable que la Cámara de Representantes — la caja de resonancia de la voz del pueblo— se haya hecho eco de un sentimiento generalizado. Por lo menos que a los privilegiados se les termine el contrato.
También es encomiable que se hayan anunciado una serie de reformas a las comisiones binacionales que las adecuen a la realidad de la Administración Pública nacional evitando, de aquí al futuro, que en Uruguay también se hable de una “casta” para ciertos cargos.
No obstante, es una lástima que el actual canciller, un veterano diplomático que por lo menos debió saber las deficiencias organizacionales y legales de las comisiones binacionales en lo que se refiere a la transparencia y equidad administrativa, no haya seguido la iniciativa de quien le precedió en el cargo y llegue, tarde y mal, tres años después de que sonaron públicamente las alarmas, a proponer modificaciones que encaradas antes habrían evitado las situaciones de abuso.