Pocas cosas levantan las pasiones y el interés de los uruguayos (del bueno y del malsano) como el fútbol y la política. Y si ha corrido sangre en la cosa, esto es, si las noticias deportivas o políticas incluyen desgracias, miserias, escaramuzas, los ánimos —no exentos de morbosidad— se crispan más aún. Ojalá que con esa misma tenacidad todos nos enfocáramos en la defensa del Derecho, base del Pacto Social, fundamento de la República, como nos interpelara hace pocas semanas en su columna de “El País”, Leonardo Guzmán, a propósito del tristemente célebre caso del Intendente de Soriano, Guillermo Besozzi.
Sin embargo, las redes sociales, tan nefastas a la hora de arrojar gasolina en las hogueras pública (¡con lo maravillosas y positivas que podrían ser!) nos muestran que estamos lejos de ello. El que también será un tristemente célebre caso, el de la exministra Cecilia Cairo, es el mejor ejemplo de conductas erradas que podrían cimentar nuestras bases cívicas hacia un colectivo mejor, es decir, una oportunidad que se perdió, más allá de un desenlace positivo y absolutamente previsible.
¿Por qué? Porque, el asunto, una flagrante transgresión a las normas mínimas de la ética política —y posiblemente de las del ordenamiento jurídico— no encontró la debida unanimidad en la sociedad nacional, ni el necesario rechazo, sin hesitaciones de ningún tipo, de parte de todos y cada uno de los actores políticos del país.
Lo anterior, con ser una verdad insoslayable, triste, comprobable, no deja de constituir una herida lacerante en el deber ser del tejido social, allí donde se forjan las referencias, con prescindencia del sentido de pertenencia. Porque lo de la exministra en aquellas sociedades a las que admiramos por su apego a la justicia social, al estado de bienestar, al reparto equitativo de la riqueza, al fomento de una clase media fuerte, y hasta la felicidad, como las escandinavas, habría ameritado una acción inmediata de cualquier jerarca implicado, dejando el cargo. Existen ejemplos, y no es necesario abundar en ellos.
Pues bien, aquí, en donde todos nos jactamos de los niveles bajos de corrupción nos colocan dentro de los mejores estándares de América Latina, el tema mostró su peor cara: excusas basadas en circunstancias personales, la pretendida vista gorda ante la presencia del elefante en la sala, y, digámoslo sin cortapisas, la utilización del caso sin disimulado interés inmediato e interesado, cortoplacista y no tan noble como habría de esperarse, si todos los políticos, de todos los partidos, tuviesen un sentido claro de lo que implica la República.
En ese sentido, la especificidad de los cometidos del Ministerio de Vivienda, ayudan a poner las cosas en contexto y demostrarnos cómo desde las altas posiciones de gobierno es que se construye República, insuflando valores con acciones —casi docentes, aún sin ese propósito— en quienes son el objetivo más claro de éstas. Los más desamparados, los más vulnerables, quienes, hoy por hoy, cuando nos detenemos fríamente en sus niveles de educación y en contextos familiares, sabemos que difícilmente hayan tenido la suerte y felicidad de un medioambiente en el cual las conductas encuentran su mejor fragua.
A muchas de dichas personas están dirigidos los esfuerzos estatales para buscarles vivienda digna y dejar atrás no solo la precariedad de sus refugios, sino la posibilidad de circunstancias que les permitan un desarrollo personal y familiar más positivo. Para ello —se sabe— al momento de recibir sus nuevas viviendas, sus destinatarios tendrán que hacer un esfuerzo extra, que la inestabilidad anterior no le exigía. Y está bien que así sea, pues es de tener en cuenta al diseñar políticas públicas, que la entrega de todo a cambio de nada puede exacerbar en determinadas circunstancias, el consumo o uso irresponsable de los bienes conferidos.
Ahora bien, imaginemos por un segundo cuál es el mensaje —y cómo será recibido por aquellos a quienes se les exige ese esfuerzo, nuevo y extraordinario— de una jerarca a la cual, preguntada si renunciará, trasmite, tras un rotundo ¡no!, un claro desapego por el deber ser. El disvalor proveniente desde las alturas, es el peor de todos; si no es contagioso es, por lo menos, permisivo.
El daño, aún cuando las presionas, buenas o malas, de su colectividad o las de la oposición, hayan compelido a la renuncia de la ex jerarca, está hecho.
Por esa vía cualquier intento de la búsqueda de la felicidad fundada en la honestidad de las personas y el cuidado superior de la cosa pública, cae en saco roto. . .
