Jesús Gutiérrez Rebollo fue un militar mexicano que, con el grado de General de División, en diciembre de 1996 asumió la dirección del Instituto Nacional para el Combate de las Drogas en su país. El nombramiento coronó una brillante carrera desarrollada principalmente en tareas de inteligencia y, sobre todo, de combate al narcotráfico. Era, quizás, el militar más destacado en esa área y su nombramiento pareció a todos un justo reconocimiento a una trayectoria que lo convertía en el “zar antidrogas de México”. Sin embargo, en febrero de 1997, sólo dos meses después de ese nombramiento, fue arrestado y procesado por delincuencia organizada, corrupción, lavado de dinero y abuso de poder y finalmente, en 1999, condenado a 40 años de prisión. Falleció en 2007, mientras cumplía su condena.
Luego de conocer su historia, muchos quizás piensen que se trata sólo de otro ejemplo de los extremos a que puede llegar la corrupción en México. Se equivocan. La corrupción en México no es más grave que la que es posible encontrar en cualquier otro país latinoamericano y el anterior no es un ejemplo de extremos de corrupción, sino de los extremos a los que puede llegar el crimen organizado cuando se asienta en un país. El ejemplo de que nada escapa a su influencia, de que casi todo queda bajo su sombra.
Las últimas semanas han sido pródigas en situaciones frente a las cuales un chileno medio probablemente haya exclamado ¡esto es demasiado! O quizás ¡esto sí que es el fin! Pero no es demasiado, más bien es poco. Ni es el fin, es apenas el comienzo. Que unos sargentos del Ejército hayan descubierto que en un entorno en el que todos parecen enriquecerse ellos podían también hacerse de un ingreso llevando unos bultos sin preguntar de dónde venían ni adónde iban, es algo que cualquiera habría podido prever. Que unos cabos de la Fuerza Aérea, de buen grado o presionados para ello, hayan hecho lo mismo, tampoco puede llamar demasiado la atención. Que un despiadado asesino haya sido dejado en libertad puede deberse a un error, casi un malentendido entre una jueza y Gendarmería… o ser una operación ejecutada por personas sobornadas o sometidas a graves amenazas; si fue lo primero sería justo que a todos los involucrados se los inscribiese en el Libro de Oro de la estupidez humana… si fue lo segundo, es que ya comienzan a ocurrir cosas que antes no ocurrían, como no ocurría que hubiese sicarios de dieciocho años dispuestos a “vivir cinco años como príncipes” para morir o ser encarcelados luego por el resto de sus vidas, algo que es pan de cada día en países donde el crimen organizado está ya consolidado.
No estoy diciendo que debamos rendirnos al hecho de que las cosas han cambiado y que ahora son así. No. Lo que estoy tratando de decir es que ya es hora de que nos hagamos cargo de lo que significa la consolidación del crimen organizado en nuestro país. Y lo que significa no es muy distinto de lo que ocurre en otros países a los que, hace no mucho, mirábamos con asombro como fenómenos lejanos a nuestro universo. Con el mismo asombro con que, quizás, algunos leyeron el ejemplo con que abrí estas líneas.
Si no se detiene ese proceso de consolidación -lo que a estas alturas ya es algo enormemente difícil- llegará el día en que no cabos o sargentos con ganas de ganar unos pesos más, sino que en todos los niveles de todas las Fuerzas Armadas y de Orden, rondará el crimen organizado para amenazar, extorsionar y corromper. En que no serán magistrados o magistradas torpes o negligentes sino integrantes de todos los niveles de la magistratura, los que vivan amenazados, extorsionados o sobornados por el crimen organizado. Y esa sombra va a alcanzar a los empleados y ejecutivos bancarios, a los encargados de cobrar los tributos, a los políticos, al gobierno, a las autoridades municipales. A todos y a todo.
Será el momento en que “el control territorial” de las bandas del que oímos hablar ahora y que nos lleva a imaginar poblaciones humildes con micro traficantes vendiendo en las esquinas o a “padrinos” de barrio impartiendo justicia en la cuadra, deje lugar a la realidad de pueblos enteros en los que desde el alcalde hasta el último funcionario estén al servicio no de bandas sino de organizaciones transnacionales del delito. Y el norte será el territorio favorito porque, así como México es víctima de la peculiaridad geográfica de ser vecino del principal consumidor de drogas del mundo y camino obligado de entrada de esos productos por su zona norte, Chile es víctima de la peculiaridad geográfica de ser vecino de los dos principales países productores y exportadores de droga de nuestro continente, lo que nos convierte en el camino obligado de salida de los mismos productos por nuestra zona norte.
Este es el momento de hacernos cargo de esta situación, porque enfrentamos una elección presidencial que elegirá a la última mandataria o mandatario que tenga la posibilidad de detener la consolidación del crimen organizado en nuestro país. Y hacernos cargo no significa que confiemos en candidatos presidenciales que, cual matones de esquina, ofrecen ser implacables, como si la seguridad se lograra siendo más violentos o crueles que los delincuentes.
La exigencia que debemos hacer a esa futura mandataria o mandatario, es que sea consciente que la seguridad es un complejo que se inicia con normas y leyes adecuadas que establezcan con precisión lo que no es permitido por la convivencia social y lo que es permitido para combatir las transgresiones a esa convivencia; que dote al Estado de todos los instrumentos que debe tener para enfrentar al que quizás sea el enemigo más poderoso que ha enfrentado nunca: instrumentos que van desde leyes precisas y que no dejen lugar a interpretaciones, hasta la autorización de uso a quienes están llamados a hacer cumplir esas leyes de todas las capacidades técnicas y materiales que le permitan realizar su labor; y eso significa eliminación del secreto bancario, capacidad de interceptación telefónica, controles de drogas en funcionarios públicos, uso de polígrafos y otros que sean necesarios.
Significa dotarnos de una capacidad de prevención eficaz para anticipar e impedir la transgresión de las leyes. Y prevención, hoy, es Inteligencia de calidad, pero también contrainteligencia eficaz en todas las instituciones a cargo de hacer cumplir la Ley. Significa un programa de Obras Públicas orientado a la creación de espacios públicos debidamente protegidos, significa dotar de capacidades legales y materiales a organizaciones de la sociedad civil como juntas de vecinos para actuar preventivamente.
Significa dotarnos de capacidades disuasivas y de control con mayores dotaciones policiales, es cierto, pero sobre todo con unas policías mejor preparadas y especializadas en los distintos ámbitos en que deberán operar, tales como fronteras, puertos, narcotráfico, inteligencia y contrainteligencia entre otros.
Significa, también, dotarnos de un sistema judicial moderno, eficiente y a prueba de “errores”, capaz de aplicar con rectitud y sobre todo con diligencia los castigos debidos, así como estar dispuesto a aceptar y practicar todos los mecanismos de control y autocontrol que sean necesarios para reducir el riesgo de corrupción del sistema y de las personas. Y, finalmente, significa un sistema de resguardo de los castigados por la Ley, que elimine el absurdo de una Gendarmería, uniformada y facultada para portar armas pero que no puede ser controlada efectivamente debido a la existencia de ¡diez sindicatos! que ejercen el verdadero dominio de la institución; un sistema de cárceles que permita la segregación efectiva de los internos por niveles de peligrosidad y el aislamiento de los líderes en cárceles que sean verdaderamente de alta seguridad; un sistema, en fin, que además del cumplimiento de las penas, asegure la rehabilitación y reinserción de quienes están en condiciones de ser rehabilitados y no convierta las cárceles en centros de reclutamiento y operación del crimen organizado.
Crucemos los dedos para que aún estemos a tiempo y exijamos esa preocupación de quienes se postulan a gobernarnos, no bravuconerías sin destino. Para evitar que el estupor de lo que vemos hoy no se convierta mañana en horror.
(*) Economista y escritor. Exsubsecretario de Economía y exembajador de Chile
