La propuesta del PIT-CNT de impulsar un plebiscito constitucional para modificar algunos aspectos del sistema de seguridad social, algunos aprobados en la reciente Ley de reforma previsional, incluye entre sus postulados la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), lo cual además de injustificado, genera incertidumbre hacia el futuro en lo que hace a la administración de los fondos jubilatorios.
Los promotores de la campaña, pretenden que las AFAP dejen de funcionar con posterioridad a dos años de una eventual reforma constitucional plebiscitada y que los fondos administrados por éstas pasen a un fideicomiso administrado por un ente fiduciario público. Los activos volverían a aportar solamente al Banco de Previsión Social (BPS) como antes de la reforma de 1995.
Las AFAP, creadas por la ley que reformó el sistema previsional en 1995, comenzaron a operar en 1996 y comprende hoy a cuatro instituciones (República, Integración, Unión Capital y Sura) que al 30 de junio contaban con 1.566.995 afiliados y que administran fondos por unos USD 22.000 millones (30% del PIB).
Hoy, casi 100.000 jubilados cobran su pasividad por AFAP, dentro de un universo de 475.000 pasivos.
Sobre el total de afiliados activos a las AFAP, 1.359.778 vierten sus ahorros al subfondo Acumulación y 207.217 al subfondo Retiro.
El subfondo Acumulación se nutre de los aportes de la persona desde su entrada al sistema hasta los 55 años.
Según datos del Banco Central del Uruguay (BCU), este fondo tiene invertidos USD 16.556 millones, de los cuales más de la mitad (USD 8.837 millones) están en bonos y notas del Gobierno Central y letras de regulación monetaria del BCU.
A su vez, unos USD 4.600 millones (el 27%) están en inversiones en el sector privado como acciones, títulos de fideicomisos financieros, notas de crédito hipotecarias y obligaciones negociables, colocados para financiar en 36% infraestructura vial, 28% en el sector agrícola-forestal, 7% en cada uno de los rubros inmobiliario, infraestructura social, energía y financiero, 5% en transporte y servicios y 4% en los sectores comercial e industrial.
La inversión de las AFAP en el sector privado apenas alcanzaba a USD 133 millones en 2008 y llegó a USD 2.658 en 2019 para finales del segundo gobierno de Tabaré Vázquez, por lo que el Frente Amplio, con el ex presidente del BPS y ex ministro de Trabajo, Ernesto Murro, como principal referente en seguridad social, no sólo no eliminó estas entidades –pese a sus cuestionamientos-, sino que avaló una mayor participación de las mismas en el mercado privado de valores y la financiación de proyectos que benefician al país.
El subfondo Retiro va desde los 55 a los 59 años. En este período, el aporte de las personas se va transfiriendo de forma gradual de un subfondo a otro para que cuando se jubile, todo el dinero esté en el de Retiro.
Al estar tan cerca de la jubilación, las inversiones no son mayores a cinco años de vencimiento porque se busca que haya poca volatilidad. Este subfondo tiene inversiones por USD 4.142 millones, de las cuales USD 2.680 millones están en bonos y notas del gobierno central y letras de regulación monetaria del Banco Central del Uruguay (BCU).
La reforma preveía la creación de un tercer subfondo, denominado Crecimiento, al que verterían sus ahorros previsionales los menores de 40 años y que habilitaba la inversión de 50% de sus recursos en el exterior, posibilidad a la que se opuso con firmeza Cabildo Abierto, lo que llevó a intensas negociaciones para que el proyecto finalmente fuera aprobado sin este artículo.
Más allá de la contribución de las AFAP al desarrollo de proyectos en el sector privado, estas entidades cumplieron a lo largo de sus 27 años de existencia con su cometido básico, que es preservar y valorizar los aportes previsionales de sus socios.
Entre 2008 y 2018, la rentabilidad real anualizada de los fondos de pensiones de Uruguay se ubicó en 7,43%, por encima de Chile, Perú, Colombia y México, según la consultora chilena en seguridad social CIEDESS.
A lo largo de su existencia, las AFAP sobrevivieron a crisis internacionales y locales como la de Rusia en 1998, el tsunami financiero en Argentina y Uruguay en 2001 y 2002 y la crisis que se inició en los créditos hipotecarios basura en Estados Unidos en 2008, que provocaron sustanciales caídas en el precio de los activos financieros.
Si bien el contenido de la papeleta a plebiscitar si se alcanzan las firmas del 10% del padrón electoral –unas 270.000 rúbricas-, garantiza “la trazabilidad de sus aportes (de los afiliados al sistema) a lo largo de su período de actividad”, genera una importante incertidumbre y plantea varias interrogantes sobre el futuro de la gestión y la transparencia en el manejo de los fondos.
Se establece que la ley reglamentará el funcionamiento de un fideicomiso que administrará los fondos y que deberá ser “una persona pública”, por lo que se desconoce por el momento si esa persona pública ya existe o será creada, su relación operativa con el BPS y su control por parte del BCU, sus objetivos de rentabilidad, la composición de su cartera de inversiones, sus canales de comunicación con los aportantes, el asesoramiento a los mismos, etc.
Estos aspectos han sido bien resueltos por las AFAP, ya que no ha habido mayores conflictos por el manejo de los fondos o cuestionamientos a la rentabilidad –aunque sí a las comisiones- y el 71% de sus afiliados expresó “total satisfacción” con el servicio prestado por su administradora, según una encuesta de CIM Consultores realizada en 2021.
La ANAFAP, asociación que reúne a las AFAP, cuestionó el jueves con dureza la propuesta de eliminación de las mismas y señaló que “en su formulación actual, parece que los mismos (fondos de ahorro previsional) se expropiarían y se convertirían en patrimonio del BPS”.
En este sentido, consideraron que la propuesta de la central obrera, apoyada por algunos sectores del Frente Amplio y que genera divisiones en la coalición de izquierdas, intenta eliminar las AFAP “sin garantizar la preservación de un sistema previsionalfinancieramente sostenible”.
Además, afirmaron que si el sistema completo queda en manos del BPS “toda vez que en el futuro se necesite financiamiento para las jubilaciones se deberá recurrir a impuestos y gravámenes de manera creciente”.
Por otro lado, consideraron que “la propuesta parece estar dispuesta a tomar para el Estado lo que no le pertenece, poniendo en riesgo el derecho a la propiedad privada”, porque “expropia los fondos, que ya no serán de cada persona”.
“Las personas perderán no solo la capacidad de elegir dónde poner su dinero, sino que el mismo no podrá ser heredado, ni utilizado para hacer frente a una enfermedad terminal, ni para retirar una parte si las condiciones así lo permiten cerca de la edad de retiro”, añadieron las AFAP.
El planteo de las AFAP parece razonable, ya que el manejo de los fondos en su totalidad por parte del Estado, siempre deja una puerta entornada para que algún gobernante de turno, en caso de sobrevenir una crisis financiera, o de algún otro tipo, que genere la necesidad de obtener recursos de forma rápida o abundante, eche mano a esa suculenta porción del ahorro de los uruguayos en forma parcial o total.
No es que exista en esta advertencia una desconfianza hacia gobernantes o hacia los futuros administradores del ahorro previsional en el caso que prospere la enmienda constitucional, pero a partir de lo que demuestra la historia en cimbronazos políticos y económicos pasados, la responsabilidad exige no adherir a la frase facilista de: “aquí no va a pasar”.