Luego de 8 años de la muerte del fiscal Alberto Nisman, procesaron a Pablo Palá y Alexis Lesa, dos funcionarios kirchneristas que espiaban al magistrado junto a su exesposa, la juez federal de San Isidro Sandra Arrojo Salgado, y el exagente de los servicios de inteligencia de Estado (SIDE) Antonio Stiusso. Luego del procesamiento fueron halladas pistas clave en el lugar desde donde se espiaba a Nisman una vez que el fiscal denunció a la entonces presidenta Cristina Kirchner.
El programa «troyano» que llegó por correo electrónico a la computadora del fiscal para espiarlo y hackear su laptop, salió del mismo lugar que usaban los funcionarios en la provincia de Entre Ríos. Los procesamiento de los espías ya es firme una vez que la Cámara Federal acaba de confirmar la sentencia de primera instancia por «realizar acciones de inteligencia prohibidas», un delito punible con penas de entre 3 y 10 años de prisión.
Lesa es actualmente el Director de Informática del Gobierno de Entre Ríos, mientras que Palá pertenece al área de Cómputos del Tribunal de Cuentas de la misma provincia. Ambos imputados actuaron desde la ciudad de Paraná y en el año 2015, cuando el Fiscal Nisman fue hallado muerto en su departamento de Puerto Madero, militaban con el entonces Gobernador kirchnerista Sergio Uribarri, quien luego fue designado embajador argentino en Israel.
El exgobernador y exembajador fue relevado posteriormente, tras ser condenado a 8 años de prisión por el delito de «corrupción», condena que este año quedó firme tras la instancia ante la Cámara de Casación de Entre Ríos. Actualmente pesa sobre él, otra investigación judicial luego de que no pudiera justificar 9 millones de dólares de su patrimonio.
El hilo conductor entre los dos funcionarios y el espionaje a Nisman fue confirmado por altas fuentes judiciales, según consignó el diario argentino Clarín. Tras la muerte del fiscal, peritos informáticos hallaron en su teléfono un programa «malware» o «troyano» ingresado mediante un archivo adjunto a un correo electrónico denominado «estrictamente secreto y confidencial.pdf.jar».
Mediante la identificación del IP de origen del correo, los investigadores identificaron un domicilio en la calle Urquiza 1700 de la ciudad entrerriana de Paraná, sobre el cual la entonces fiscal de la causa, Viviana Fein, solicitó una orden de allanamiento que fue denegada por la jueza Fabiana Palmaghini. La magistrada sólo permitió que dos policías de Buenos Aires viajaran a Entre Ríos para observar los movimientos en el lugar.
El procesamiento alimenta la especulación sobre casos de espionaje ordenados durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández a partir de células de inteligencia de la SIDE diseminadas en el país.