El gobierno presentó el pasado domingo el proyecto de Ley de Presupuesto Quinquenal, una iniciativa que en su contenido general de más de 700 artículos, parece razonable, aunque abre también interrogantes sobre la posibilidad efectiva del cumplimiento de las metas y queda muy corto en la rebaja de algunos impuestos y en materia de recuperación salarial.
Los cambios tributarios se concentran en el impuesto a las compras por plataformas digitales, al incremento patrimonial de los activos de uruguayos en el exterior y al Impuesto Mínimo Complementario Directo.
En el caso del llamado “Impuesto Temu”, parece razonable la aplicación de un IVA de 22%, a los efectos de que las empresas de comercio electrónico de este tipo compitan en igualdad de condiciones -al menos impositivas- con el comercio establecido en el país, que abre fuentes de trabajo y que en el caso de negocios minoristas, sobre todo en las fronteras, sobrevive con enormes dificultades.
Por otra parte, no es justo que algunos productos a la venta en Temu y otras plataformas, como indumentaria deportiva, sombreros, equipos de gimnasia y lapiceras Parker no paguen IVA y aquí sí, no tratándose de artículos de primera necesidad.
Con respecto a la aplicación de IRPF a los incrementos patrimoniales de bienes de uruguayos en el exterior, también parece razonable su pago, cuando aquí, por ejemplo, se paga 12% sobre las ganancias de capital en la venta de inmuebles.
El Impuesto Mínimo Complementario Directo, mientras tanto, es un tributo dispuesto en el marco de la OCDE para que las empresas paguen en la jurisdicción donde operan y no existe mayor margen para no implementarlo.
Por lo demás, el proyecto contempla un aumento del gasto de USD 140 millones, que se elevará a USD 240 millones para 2029, 40% del cual estará destinado al combate a la pobreza infantil, a lo que hay que agregar USD 700 millones por año para obras de infraestructura.
El gobierno prevé un crecimiento promedio anual de 2,4% para el quinquenio, una inflación de 4,2% para 2025, 4,4% en 2026 y 4,5% a partir de 2027, la rebaja del déficit fiscal en 1,5% del PIB, al tiempo que el endeudamiento externo aumentará desde 57,7% del PIB en 2025 a 63% del PIB en 2029.
El aumento de la deuda implicará entonces la continuidad importantes montos de emisión de bonos, particularmente en Unidades Indexadas (UI), que deprimen la cotización del dólar por el efecto “carry trade”, es decir la venta de dólares para posicionarse en UI.
Cabe preguntarse si esta política, que profundizará el atraso cambiario, ya de por si bastante importante, es compatible con los objetivos de competitividad, inversión, crecimiento y generación de puestos de trabajo.
Otra realidad es la poca ambiciosa proyección de recuperación salarial, que estará dirigida básicamente a los niveles I (hasta 38.950 pesos) y II (entre 38.951 pesos y 165.228 pesos), franja ésta que tendrá una ganancia de salario real de 2,5% en el quinquenio, algo mayor para la franja I y no habrá recuperación para el nivel III, es decir los salarios mayores.
La interrogante es si no se podría haber aspirado a una mayor recuperación, cuando se proyecta un crecimiento de 2,4% anual, es decir que habrá una redistribución regresiva de los ingresos; crecimiento del salario por debajo de la evolución de la producción.
La última de las interrogantes es si dado que se van a subir algunos impuestos, como se mencionó, no se podría haber aprovechado para bajar, aunque más no sea en 2027, cuando la situación fiscal permita un mayor margen, el mínimo no imponible del IRPF al trabajo y eliminar el IASS.
Claro, el IRPF se constituyó en el impuesto de mayor recaudación después del IVA, con unos USD 1.800 millones anuales y el IASS, de dudosa legalidad, también aporta lo suyo.
Los impuestos al trabajo y las jubilaciones, no son batllistas, pero la necesidad tiene cara de hereje.