Hace un cuarto de siglo los politólogos identificaban como problemas nacionales, a ser resueltos con cierta urgencia, porque de lo contrario el futuro se vería comprometido, la educación y la eficiencia de la administración.
En la división clásica de países productores, consumidores o de tránsito de drogas, a Uruguay le caía bien la etiqueta de consumidor, sin reparar tal vez que los compartimentos estancos no eran la representación de una realidad más compleja y era necesaria una visión de responsabilidad compartida de las naciones que caían en uno u otro de esos espacios aunque fuera con criterios caprichosos.
Eran los tiempos en que los organismos multilaterales de desarrollo todavía no incluían el factor violencia como obstáculos al desenvolvimiento normal y, si lo hacían, no ponían mucho énfasis en cómo tratar el asunto.
El lavado de activos no había recibido un tratamiento normativo estandarizado y Uruguay apenas si iniciaba un camino al respecto, tal vez forzado por habérsele incluido en la “lista gris” del Grupo de Acción Financiera Internacional a principios de siglo.
Han pasado veinticinco años y la educación no muestra señas de haber mejorado. La ideología y el corporativismo parecen haber triunfado frente a cualquier gobierno —de cualquier color— que haya osado pararse con una visión reformista. A su turno, ni Rama, ni Mujica ni Silva vieron madurar completamente el fruto de sus desvelos.
Tampoco las sucesivas administraciones, en cinco lustros y a pesar de contar con nuevas armas tecnológicas, consiguieron vencer una burocracia cuyos miembros son conscientes de su ineficiencia sólo cuando cambian de lado en el mostrador —lograr agendar un servicio para el mismo día parece ser una tarea titánica.
Mientras tanto, a lo largo de los veinticinco años de esta centuria se ha instalado, vehemente pertinaz, el problema de la seguridad y la violencia. Y, directamente proporcional, el horror de la situación carcelaria, que ya sobrepasa a los dieciséis mil privados de libertad; son tantos que bien se podría cuestionar, ante tamaña cantidad, cómo todavía hay delito. . .
Para insistir en lo obvio, resulta evidente que un cuarto de siglo, un lapso de casi una generación, no ha sido suficiente para solucionar los dos primeros problemas apuntados. Tampoco el último, que juega un papel crítico en la preocupación y en el ejercicio del pleno ejercicio de la libertad de los habitantes de la República.
Tanto en la degradación de la educación como en la ineficiencia estatal hemos insinuado por donde pasa la explicación: llegar a políticas públicas que resuelvan con cierto éxito las deficiencias en estos dos rubros se ha topado con corporativismos duros. La cuestión ha pasado de la voluntad política.
No es el caso de la seguridad y las cárceles, donde no es dable tomar a los transgresores de la ley ni a la población carcelaria como corporaciones regulares. En estos casos los fracasos y la imposibilidad de desarrollar políticas públicas estables y de Estado pasan por otro lado.
Y como a esta altura creemos que los enfoques ideológicos no tienen el peso que pudieron tener otrora en el tratamiento de ambos temas, se nos ocurre que la dificultad principal subyace en no haber basado las soluciones posibles en la evidencia. Porque en temas complejos el sentido común no es suficiente insumo.
También estimamos, desgraciadamente, que al tema de la seguridad se le ha dado un enfoque políticamente egoísta: como desafortunadamente la población vive atemorizada y prisionera del asunto (el incremento de los homicidios justifica una percepción altamente negativa) la promesa fácil, así como cualquier atisbo de solución (aunque sea cortoplacista) podría dar un rédito al que nadie quiere renunciar. Hoy la seguridad es un tema de campaña política con botín promisorio.
Un episodio de esta última semana parece ilustrar nuestra percepción. La participación del técnico colorado Diego Sanjurjo en la actual administración.
Sanjurjo, un técnico en materia de seguridad, cumplió funciones en el gobierno anterior y ocupa el cargo de Gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior. Si hay un área crítica para delinear políticas públicas en esta materia, es justamente la que tiene a su cargo.
Sin información no hay evidencia; sin evidencia no hay como plantear soluciones ni como evaluarlas. El aporte no es menor.
No obstante, la participación del especialista —que se formó en el exterior y volvió al país a aplicar su conocimiento— ha sido cuestionada por integrantes de su propio partido. Más allá de la persona involucrada, mas allá de las dificultades que Uruguay ha tenido para relacionarse con sus nacionales en el exterior para plantear su regreso y contribución al país, (lo que dejamos para otra oportunidad) cabe preguntarse si el cuestionamiento tiene asidero.
Como la seguridad es un derecho que el Estado debe garantizar; como el Pacto Social es un compromiso del colectivo; como esta materia requiere del aporte de todos y no es botín de nadie; como ha de creerse que en la negociación política es básica para el progreso de la sociedad, entendemos que no se justifica.