Como consecuencia del “Partygate” —las fiestas celebradas en la residencia oficial de 10 Downing Street durante el confinamiento del COVID— Boris Johnson, el carismático ex primer ministro del Reino Unido y ex líder del Partido Conservador, renunció a su escaño en el Parlamento Británico con más pena que gloria.
La decisión del abanderado del BREXIT fue tomada una vez que conoció el borrador del informe del Comité de Privilegio de la Cámara de los Comunes que recomendaba negarle el acceso directo al Parlamento.
El informe del Comité, que concluyó que Johnson engañó a la cámara baja fue debatido y aprobado por una mayoría absoluta de 354 votos afirmativos, 7 en contra y 250 abstenciones. Entre los votos afirmativos 118 fueron del partido conservador, incluyendo 15 ministros del gobierno. El Primer Ministro Rishi Sunak no participó del debate.
Apenas un año antes Johnson tuvo que resignar la jefatura de gobierno. A sabiendas de que existían alegaciones de acoso sexual contra Chris Pincher, igualmente lo designó como subjefe de disciplina y mintió sobre su conocimiento de los hechos una vez que el escándalo tse hizo público. Mintió. Igual que había mentido años antes cuando, como periodista, se inventó unas citas que terminaron costándole su trabajo en un medio de comunicación.
Es esperanzador que el exalcalde y exprimer ministro, cuya personalidad le valió la tolerancia de unos y el perdón de otros, no haya tenido un final feliz. En una era donde el populismo y la posiciones de tensión abroquelan a tirios y a troyano en un lado u otro, defendiendo lo indefendible, está bueno que la tachas que surgen de la ética todavía impongan ciertos límites.
La noticia debe ser apreciada en todas sus dimensiones para que la ciudadanía comience a exigir conductas dignas y, de lo contrario, castigar con la mejor arma que el poder democrático le confiere: el voto.
Está todavía fresca la confesión de la ex vicecanciller Carolina Ache Batlle que aceptó haber mentido en el parlamento “por lealtad” a sus superiores, como si eso justificase la gravedad del hecho.
Asimismo, el sonado caso de los fondos no reembolsables del Banco Interamericano de Desarrollo que se destinarían a mitigar la crisis hídrica revela la capacidad de daño que tienen las falsedades o medias verdades.
A los hechos: la intendenta Carolina Cosse le comunicó a la ministra Azucena Arbeleche que había solicitado apoyo del BID para conseguir recursos con que paliar la crisis hídrica, y le informó que “el Banco ha respondido que estarían (sic) en condiciones de apoyarnos con recursos no reembolsables”. Seguramente Cosse sabe que el Banco no firma acuerdos sino con quien tiene legitimación para ello, y por ello solicitó a la ministra que “nos haga saber si hay alguna objeción a este respecto”.
Arbeleche implícitamente objetó la continuación de las gestiones aduciendo que decretada la emergencia hídrica le corresponde al Poder Ejecutivo a través de sus ministerios de Desarrollo Social y Salud Pública, la coordinación de “las acciones necesarias para asistir a la población”. A esta altura no se sabe si la intendenta habrá ofrecido coordinar con los ministerios de Desarrollo Social o con el de Salud Pública o si su aparición televisiva fue una reacción inmediata a la carta firmada por la ministra de economía.
Sí se conoce lo que siguió: el caos mediático. Cosse afirmó que el BID “había dado la habilitación” para el préstamo, el Frente Amplio emitió un comunicado informando que “el Poder Ejecutivo. . .le prohibió a la Intendencia de Montevideo recibir una donación”, y el Secretario de la Presidencia Alvaro Delgado, salió al cruce señalando que el representante del BID en Montevideo, Matías Bendersky, había dicho que “no hay ningún préstamo habilitado a la Intendencia, ni está sobre la mesa”. Delgado recalcó: “no hay ningún préstamo no reembolsable, concedido a la Intendencia de Montevideo por el tema del déficit hídrico”.
Por su parte, en medio de la batahola, la oficina de la Presidencia BID en respuesta a la nota dirigida por el Ministerio de Economía al representante del banco en Montevideo –se ve que el ministerio raudo y veloz salió a ver de que se trataba la «habilitación»– creyó oportuno aclarar que en la actualidad la institución “no está gestionando recursos reembolsables o no reembolsables (cooperaciones técnicas) con la Intendencia de Montevideo (IdM) en el marco de la emergencia hídrica”.
Telón.
Quienes hayan intervenido en cooperaciones técnicas con el BID saben lo que implica el proceso, el tiempo que consume, las reuniones previas que requiere y qué trámites son imprescindibles para dar transparencia a la gestión. Por eso parece claro que este entredicho parte por lo menos de una exageración y continúa con un fin propagandístico. El juego de la política, podría decirse.
Sin embargo, quienes lean con detenimiento la serie de notas que abonan esta polémica tendrán que aceptar que en defensa de las posiciones de una y otra parte, alguien terminó mintiendo. O diciendo la mitad de la verdad, que cuando la cosa pública está en juego puede ser muchísimo peor y más ruin.
Errar es humano, insistir es diabólico.
Apenas horas más tarde de la polémica sobre el préstamo, la intendenta Cosse fue protagonista de otra controversia directamente relacionada con la crisis hídrica. Públicamente Cosse leyó un informe refrendado por el Decano de la Facultad de Medicina, Arturo Briva, referido al impacto en la salud de la elevada presencia trihalometanos en el agua de zona metropolitana.
Emocionada hasta las lágrimas la intendenta dio un panorama negro por las consecuencias del consumo de agua en las embarazadas y las posibles malformaciones en sus fetos, pero omitió decir que para que ello ocurra el informe requería una ingesta y exposición durante décadas. Briva, luego de la lectura pública del informe aterrizó a Cosse y las cosas: «Es muy importante en momentos de emergencia como el que atraviesa el país contar con la información para la toma de decisiones y evitar la alarma a la población”.
Sería deseable que los afectados por esta crisis hídrica, que posiblemente no se pasan todo el día en las redes sociales y asisten a estas discusiones con tedio y desazón, supiesen que habría pasado si Cosse hubiese hablado con Arbeleche antes de hacerlo con las autoridades del BID, o que habría sucedido si Arbeleche hubiese dado su no-objeción a la intendenta solicitando que coordinase con el ministerio de desarrollo el gasto de los eventuales recursos.
Sería deseable porque en este juego de la política, se sabría con exactitud dónde ubican, quienes juegan la partida, al colectivo –el resto de los mortales– que debería ser el desvelo de sus acciones, no el rehén de su ambición. Que el agua escasea, y no es cuestión de tratar de llevarla siempre para su molino.
Ojalá que en Uruguay, como en el Reino Unido, los pichones de Johnson, corran su mismo destino.