El sábado pasado, 21 de octubre, en la Convención Nacional del Partido Colorado , la joven Alfonsina Dominguez, junto a otros convencionales jóvenes, presentó una moción para que la asamblea soberana aprobara y adhiriera a la declaración que la Coordinadora Nacional de la Juventud del Partido Colorado había divulgado en ocasión de la formalización del ex senador de la República, Gustavo Penades.
Su apasionada alocución se focalizó en torno a la defensa de la tradicional perspectiva de Derechos Humanos que el batllismo ha tenido, particularmente en torno a los derechos de la infancia y adolescencia.
La mayoría de los puntos fueron aprobados, salvo el punto que refiere al rechazo que genera en los jóvenes colorados la actitud del presidente de la República y del ministro del Interior, por la falta de neutralidad ante la actuación de la Justicia, con expresiones de apoyo al senador denunciado por crímenes contra la integridad de niños y adolescentes.
En la instancia de denuncia pública, acompañar en conferencia de prensa al denunciado y sostener que creen en su amigo, es una señal muy clara de que no se reconoce la versión de las víctimas.
Lamentamos que el Partido Colorado perdiera la oportunidad de ser coherente con su tradición vanguardista, republicana e institucional, de respeto a la separación de los Poderes del Estado y al rol que la Ley asigna a la Policía Nacional como auxiliar de la Justicia. No integrar esa postura iluminada de los jóvenes, comprometidos con los propósitos históricos del partido que se ha distinguido, con el concepto de ser el escudo de los agobiados por la injusticia, fue un gran error.
Sin evolución, sin defensa de los derechos y las ideas que cada tiempo plantea, perdemos sustancia y el derrotero es errático.
La juventud del partido se manifiesta de forma clara, sin titubeos, en torno a una problemática enorme que padecen los niños, niñas y adolescentes (NNA) en Uruguay, de la que visualizamos solo la punta del iceberg. Plantean que el Poder Ejecutivo se equivocó en la actitud y el rol que se espera en un caso, que ya ha tomado una envergadura mayor, por las implicancias de otros funcionarios y personas del entorno del imputado. Hoy podemos decir que nos encontramos ante una red criminal, que intenta encubrir el delito, presionando víctimas, sus familias y testigos.
Tampoco podemos soslayar que el maltrato, el abuso y trafico sexual de NNA en nuestro país y en la región , es una realidad masiva, cotidiana y subdeclarada . Hasta el Presidente del Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay, Dr Pablo Abdala lo viene admitiendo, ante el crecimiento constante , año a año, de las cifras de maltrato, abuso y explotación sexual de NNA, de casos constatados por equipos técnicos y el Sistema Integral de Protección a la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia (SIPIAV).
Los NNA sufren violencias en sus hogares, en instituciones educativas, en sistemas de protección y de justicia. Los lugares que deberían ser de amparo, afecto, de estímulo a su desarrollo integral y de promoción de sus derechos , lamentablemente integran matrices culturales atávicas , que profundizan su vulnerabilidad . El episodio del senador, un abusador serial de larga data, formalizado por 22 delitos , y todo el entramado que se esta develando, por parte de la Justicia, es la evidencia lapidaria de esta realidad y de la violencia institucional que daña la infancia en nuestro país.
El caso parece de manual, porque revela todos los elementos que la doctrina jurídica y científica describe para definir el delito de explotación sexual infantil. Hay transgresión de los limites íntimos y personales de los NNA, que supone una imposición de comportamientos de contenido sexual en un contexto de desigualdad o asimetría de poder, de conocimiento y de gratificación.
Tenemos una población envejecida, con decreciente tasa de natalidad, pocos jovenes y no hemos podido incluirlos en una educación de calidad que les permita ser relevantes en el futuro mundo del trabajo. Tampoco hemos podido resguardarlos, escucharlos, validando su voz, en estas violencias instaladas en familias y contextos de todas las clases sociales.
El padecimiento prolongado de las víctimas, genera efectos devastadores en su cerebro, psiquis y emocionalidad . La neurociencia y las investigaciones de autopsias de niños que padecen maltrato prolongado, dan cuenta que el estrés modifica la forma, el tamaño del cerebro, la corteza prefrontal y las conexiones entre las células cerebrales. También provoca dificultades en las capacidades de aprendizaje, daño emocional, baja autoestima y depresiones. Al respecto existe mucha investigación reciente, desde ésta, además de la psiquiatría y psicología, que validan y constatan la dimensión de este agravio a la integridad de NNA.
Este tema debería volver a ser objeto de reflexión en la interna, rectificando posturas a la luz de la ciencia jurídica y todas las disciplinas que estudian la salud y el bienestar humano, como corresponde, en el partido batllista.
No se puede seguir perdiendo oportunidades de ponernos a tono con las soluciones a problemas que comprometen el porvenir de nuestro país, arriando banderas del batllismo, que estos valientes jóvenes intentan mantener enhiestas.