A pocos días de que el presidente argentino Javier Milei anunciara el decreto de necesidad y urgencia que busca liberalizar la economía y cambiar varias regulaciones laborales, los movimientos sindicales y partidos de izquierda manifestaron este miércoles frente a la sede judicial de Tribunales, donde las organizaciones gremiales presentaron una medida cautelar contra la norma del Poder Ejecutivo. El juez actuante, José Ignacio Ramonet, que asumió competencia para entender el caso, sin embargo negó el recurso dado que el decreto aún no está vigente.
La estrategia de las centrales obreras contra la nueva normativa de Milei, comprende además acciones legislativas a ser concertadas con la oposición, y la eventualidad de realizar un paro general. Hector Daer, una de las cabezas de la Central General de Trabajadores (CGT), informó a la prensa que está realizando contactos con legisladores para lograr las mayorías que desactiven al decreto del nuevo gobierno. No obstante, descartó la realización de una huelga hasta marzo.
Por su parte, el gobierno controló la medida gremial y volvió a activar un plan de seguridad para contener las manifestaciones, e insistió con que la línea 134 –un servicio telefónico que recibe denuncias por presiones para tomar parte en las movilizaciones– sigue abierta a la ciudadanía. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich, que la semana pasada estrenó un protocolo para situaciones de protesta, dijo que la central de trabajadores había presentado una solicitud para realizar el acto en la Plaza Lavalle y se refirió a la solicitud como parte de «un cambio que debemos lograr para que el caos de lugar al orden y la agresión a la convivencia».
No obstante, la concentración de militantes, que al principio interfirió con el tránsito en dos calles, finalmente bloqueó todos los accesos a la plaza e impidió el tránsito de vehículos en la zona.