La campaña “Por una Deuda Justa y Contra la Usura”, a los efectos de impulsar una reforma constitucional que ponga límites a las tasas de interés, alcanzó las 75.000 firmas y disparó el optimismo en sus promotores, mientras que el presidente del Banco Central del Uruguay (BCU), Diego Labat, salió al cruce de la iniciativa.
Ricardo Alba, líder de la agrupación “Pachequismo del Siglo XXI” del Partido Colorado, que apoya la campaña, dijo a El Día que “la recolección de firmas avanza a un muy buen ritmo y eso nos hace sentir optimistas en que se podrá llegar al objetivo de someter a la ciudadanía la propuesta”.
Alba señaló que “se trata de una iniciativa que apunta a solucionar un grave problema que aqueja a cerca de un millón de uruguayos y para el cual el sistema político no ha sabido dar una respuesta adecuada”.
El dirigente sostuvo que “desde que nuestra Agrupación Pachequismo Siglo XXI se sumó a esta iniciativa, hemos recibido muchas muestras de apoyo de parte de ciudadanos de todos los partidos que nos relatan sus experiencias personales, donde predomina la angustia, la desesperación y la terrible sensación de estar completamente indefensos frente a las exigencias de bancos, financieras y prestamistas en general”.
Alba mencionó casos en que las deudas se multiplican por diez o más, así como de “estudios” cuyo negocio es la “recuperación de activos” que persiguen y amenazan con dejar en la calle a los deudores.
Recordó que “estar como moroso en el Clearing de Informes implica una muerte civil y un verdadero calvario para aquellos ciudadanos que han caído en mora”.
Subrayó que “como colorados y pachequistas estamos comprometidos con llevar adelante una solución a esta gente que hoy se encuentra completamente desamparada” y agregó que “queremos que el Partido Colorado vuelva a ser el ‘Escudo de los Débiles’”.
Por último, anunció que “en los próximos días intensificaremos la campaña con brigadas pachequistas que recorrerán el territorio para seguir recolectando firmas” y concluyó que “se pueden cambiar las reglas del juego y entre todos lo haremos posible”.
Por su parte, Daniel Villaamil, líder de la agrupación Corriente Constructora Liberal (CCL), también del Partido Colorado y que se sumó a la campaña, dijo a El Día que “la ciudadanía está respondiendo, sin importar colores políticos partidarios, porque es un tema que nos preocupa y nos ocupa a todos por igual”.
Villaamil, ex edil por Montevideo, afirmó que “con esta campaña se busca de equilibrar la balanza y luchar contra la usura” y agregó que decidió brindar su apoyo “para trabajar para que aquellas deudas impagables vuelvan a ser pagables con tasas de interés razonables”.
Sostuvo además que “consideramos de estricta justicia abordar la problemática que atraviesa prácticamente un tercio de la población, que por diversos motivos no puede enfrentar el pago de sus deudas”.
Villamil indicó que la campaña, promovida principalmente por Cabildo Abierto y a la que se sumaron también el ex intendente de Rocha, el blanco Irineu Riet Correa, el diputado por el PERI, César Vega y el edil colorado de Paysandú, David Helguera, “hace hincapié en poner límites a las exorbitantes tasas de interés que se cobran en el mercado, que pueden llegar a cifras de tres dígitos, cuando la inflación se sitúa en un dígito”.
El dirigente destacó como “muy positiva” la respuesta de la gente en ferias y recorridas, que ante las explicaciones sobre la propuesta “accede a poner su firma, dado que se comprende la importancia de la problemática”, que obviamente abarca a muchos de los que ya estamparon su rúbrica.
El líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, dijo por su parte a La Mañana que se han acercado a firmar muchos militantes del Frente Amplio “los cuales aclaran que no tienen nada que ver con Cabildo Abierto”. “Pero nosotros siempre explicamos que esta iniciativa no tiene un carácter partidario”, agregó.
“Firma gente que tiene deudas, pero otros que no. Esa es gente solidaria con la situación que pasan miles de uruguayos. Es gente que sabe que esta es una causa justa”, expresó Manini Ríos, quien añadió que espera que los demás socios de la Coalición Republicana vean que se necesita una Ley que ampare a las personas “que se están enfrentando a una usura desmedida”.
Desde el BCU, Labat, trancó fuerte contra la iniciativa, en una conferencia días pasados en la Universidad Católica, donde sostuvo que “plantear que no ha habido soluciones es incorrecto, primero porque desde que asumí en el Banco Central se han tomado varias medidas que buscan mejorar el mercado de créditos”.
Apuntó que “lo que no ha habido es un consenso para que se votara una ley” y recordó que hubo proyectos de ley de todos los partidos políticos respecto del endeudamiento de alrededor de un millón de uruguayos, así como de las tasas de interés que se cobran por los créditos.
Labat señaló que además de cuestionar el nivel de tasa de interés, es necesario observar otros aspectos, como el acceso al crédito, la formalidad del mercado, los plazos y las posibilidades de refinanciamiento.
Por otra parte, expuso que la actual Ley de Usura -18.212 del 2007- planteó una solución “muy loable, pero el resultado fue exactamente el contrario” y precisó que en febrero de 2008 la tasa media –con la que se determina el tope para usura- para créditos mayores a 10.000 Unidades Indexadas (UI), equivalentes a 58.089 pesos actuales, era de 36% y de 59% en la actualidad.
También recordó que en la Central de Riesgos del BCU existe un registro de casi 2 millones de personas, de las que cerca de dos tercios tienen un comportamiento de crédito saludable, mientras que son 660.000 las personas que están calificadas como deudores irrecuperables para las instituciones financieras (categoría 5).
Sobre esto último, Labat insistió en que “hay que poner cierta relatividad, porque de esos 660.000, 27% tiene una buena categoría en alguna otra institución” y aproximadamente 290.000 personas de la categoría 5 también mantienen incumplimientos en empresas que no son financieras, como por ejemplo servicios públicos.
La campaña requiere la recolección de unas 270.000 firmas antes de abril de 2024 para ser llevada a plebiscito.
El texto que se pretende plebiscitar determina que “prohíbese la usura” y establece que “la Ley determinará el interés máximo permitido por todo concepto, incluido tasa de interés compensatorio y moratorio, comisiones, reajustes y cualquier otro gasto adicional”.
En forma transitoria y hasta la aprobación de dicha Ley, se convierten las deudas a Unidades Indexadas y se establece un interés máximo de 30% anual.