Luego de la suspensión de las audiencias en las que los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores Luis Alberto Heber y Francisco Bustillo, así como del subsecretario de Interior, Guillermo Maciel y la ex vicecanciller Carolina Ache Batlle, comparecerían declarar en la causa de Sebastián Marset, el fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado fijó este miércoles nuevas fechas para la presentación de los funcionarios.
Las audiencias habían sido fijadas para que entre el 1º y el 14 de agosto los jerarcas depusiesen en calidad de indagados , pero a fines de julio Machado resolvió el aplazamiento ante un intervención del letrado de Ache, Jorge Díaz, quien debido a la imposibilidad de asistir a las audiencias de las demás personas investigadas, presentó «un escrito donde relatamos todos los hechos que surgen de la carpeta de investigación» y en el cual se incluyen «algunas interrogantes» que según el abogado defensor «el fiscal debería formulárselas» también a los otros involucrados.
Las nuevas audiencias comenzarán a partir del 24 de octubre en adelante con la presencia de funcionarios del ministerio de Relaciones Exteriores y del abogado de Marset, Alejandro Balbi. Las de Heber, Bustillo, Maciel y Ache se realizarán entre el 30 de octubre y el 3 de noviembre.
En setiembre de 2021 Marset estaba en prisión en Dubai y obtuvo un pasaporte uruguayo con el cual consiguió salir de Emiratos Arabes. El Gobierno aseguró que el documento fue emitido y entregado cuando los antecedentes judiciales de Marset ya se habían extinguido y de conformidad con un decreto de 2014, pero Ache reconoció que las autoridades de las carteras de Interior y Relaciones Exteriores conocían la peligrosidad de Marset, y que había mentido “por lealtad” a los jerarcas durante la interpelación a Heber y a Bustillo.
En una operación realizada en Paraguay, Marset fue identificado como líder de una organización de tráfico de cocaína y lavado de activos que operaba en el país, mientras que en julio el ministro Heber confirmó que el narcotraficante estaría vinculado al contrabando de 265 kilos de cocaína incautada en la operación “Titanes”, investigada por la fiscal Mónica Ferrero.