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Mejor bien acompañada 
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Mejor bien acompañada 

Insistir en los desvaríos, el nivel de corrupción, el grado de autoritarismo (no es necesario ponerse delante de la tanqueta para saberlo) al que llegó el neochavismo de Maduro, no es un ejercicio de futilidad, ni una intromisión en la forma en que los venezolanos dirimen sus problemas cívicos. Opinar sobre estos asuntos es parte de la libertad de prensa y, cuando un régimen conculca las libertades, una obligación, a juicio de EL DIA.

Y si bien serían condenables las manifestaciones de gobernantes extranjeros a favor de una  opción —cualquiera que sea— en elecciones en las que se observan todas las garantías democráticas, tales opiniones son, al contrario, necesarias y plausibles cuando se trata de desmitificar dictadores o, simplemente, presionar para que se respete del Estado de Derecho.

Los esfuerzos realizados por el gobierno uruguayo para lograr la condena y repudio a las acciones liberticidas de Maduro, entonces, deben ser vistos como una obligación y un compromiso con la defensa de la democracia, única forma en que los pueblos pueden concretar su voluntad sin restricciones.

El recorte constante y grotesco que el régimen dictatorial venezolano realiza de la libertad ha adquirido formas diversas, todas tendientes a resultados oprobiosos en un país que  merece un mejor destino: la perpetuación de un gobierno corrupto que ha saqueado a la nación para mantener el estatus quo y continuar enriqueciendo a un círculo que no quiere perder sus prebendas. 

Porque, bien mirado, el fracaso del modelo es tan estridente que nadie en su sano juicio podría afirmar que detrás de las maniobras seudo jurídicas  que terminan bloqueando los derechos ciudadanos, existe un atisbo de defensa que no sea a otros que aquello que se benefician de las mismas. La lucha romántica por una revolución imposible hace tiempo que se agotó en la alicaída Venezuela bolivariana.

Ahora, asumida ya como innegable la tragedia imputable a gobernantes a quienes ya casi nadie defiende y cuya eficiencia se limita a la vocinglería, ha surgido en las últimas horas, en Uruguay, la cuestión sobre lo oportuno de mantener una embajada operativa, con Jefe de Misión, en la nación caribeña.

A entender de este medio, retirar la misión diplomática o descabezarla sería un error profundo. El gobierno nacional, asumiendo la representación obtenida en las urnas ya ha condenado los desmanes y desatinos que comprometen la libertad y la integridad de los venezolanos. Nadie le podrá enrostrar a Uruguay falta de compromiso con la democracia y el republicanismo continental, ni solidaridad con el pueblo de esa hermana nación.

Mantener una embajada funcional en un país, sin embargo, no tiene que ver exclusivamente con la condena o complacencia con la forma en que el régimen gobierna. Y es sabido que los factores para el rompimiento de las relaciones diplomáticas trascienden ese solo hecho y están pautados por contextos y circunstancias más complejas.

Y si un botón de muestra fuese necesario para fundar la afirmación anterior —aún teniendo en cuenta la suerte del pueblo del país en que se establece la representación, en este caso el sufrido venezolano— basta indicar que la presencia del representante del país que condena al gobierno del otro, no deja de ser un recordatorio constante de la disconformidad y condena del representado.

Y que de una forma cierta, la existencia de una embajada extranjera en un régimen antidemocrático y autoritario, puede llegar a ser la salvaguarda de ciudadanos oprimidos que buscan escapar del yugo opresor. 

En este caso, pues, mejor Venezuela acompañada que sola.

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