El candidato a la Presidencia por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, anunció días pasados que su ministro de Economía en caso de acceder al gobierno será Gabriel Oddone, quien ya en sus primeras declaraciones tras la designación anticipada, dejó más dudas que certezas.
El economista señaló durante la conferencia de prensa organizada para su presentación que “no es bueno hacer anuncios de ningún tipo, como prometer que no se van a subir impuestos”.
Además, sostuvo que “no es el objetivo de la política económica del Frente Amplio modificar aspectos tributarios, salvo que estén jalonados por el contexto internacional”.
Por otra parte, indicó que “el plebiscito (de la seguridad social) no es el fin del mundo cualquiera sea el resultado”, aunque de aprobarse “es una situación compleja, pero que se va a poder manejar como otras situaciones que se han manejado en el pasado”.
Dejar la puerta abierta a la suba de impuestos, ya que obviamente en sus declaraciones no la descarta, significa sembrar el primer manto de dudas, no sólo en los votantes, en el simple ciudadano, sino también en particulares y empresas nacionales y extranjeras que piensan invertir en el país.
¿Se habrá referido Oddone a la propuesta plasmada en el programa del Frente Amplio, que establece “avanzar en la transformación del sistema tributario reduciendo impuestos al consumo y fortaleciendo la imposición a la renta y al patrimonio con progresividad”?
Las bases programáticas de la coalición de izquierdas también sugieren “con el objetivo de avanzar en la reducción de la desigualdad, estudiar las formas para incrementar el aporte fiscal por concepto de dividendos y utilidades, así como los patrimonios y las transferencias patrimoniales de muy alto porte.
Es loable apuntar a una baja en los impuestos al consumo, como el IVA –que proporcionalmente grava más a los que menos tienen-, ya sea mediante su eliminación a la mayoría de los productos de la canasta básica, o bien ir a una tasa unificada de 18%, manteniendo los beneficios para los usuarios del Mides mediante la tarjeta “Uruguay Social”.
Ahora, cuando se habla de fortalecer la imposición a la renta y al patrimonio, dichos gravámenes se convirtieron básicamente en un impuesto al trabajo mediante el IRPF, que recauda USD 2.300 millones anuales, o el gravamen a patrimonios no tan elevados como usualmente se cree, y que pueden estar en manos de cualquier familia de clase media consolidada, sin necesidad de ser millonarios para tributar ese impuesto, que recauda USD 790 millones anuales.
Por otro lado, cuando se aumenta la tributación sobre los dividendos de las empresas, se desincentiva la creación y la instalación de empresas, tanto nacionales como del exterior, que no vienen a invertir porque somos lindos o simpáticos, sino por nuestra estabilidad jurídica, económica y las condiciones que ofrece nuestro sistema tributario.
Sí en cambio, no está mal ver con buenos ojos aumentar la tributación sobre las grandes extensiones de tierra, particularmente cuando no están explotadas de forma adecuada, o a las grandes herencias, dos de los principales principios batllistas en materia impositiva.
Oddone también minimizó y dijo que serían manejables los eventuales efectos para el caso que el plebiscito de la seguridad social alcanzara los votos en las elecciones de octubre.
Vale la pena recordar que la propuesta, impulsada por el PIT-CNT y apoyada por algunos sectores del Frente Amplio, como el Partido Comunista y el Partido Socialista, busca plasmar en la Constitución la edad de retiro a los 60 años, equiparar las jubilaciones al salario mínimo –hoy poco más de 22.000 pesos- y eliminar las AFAP.
Un triunfo del SI en el plebiscito, significaría por lo tanto asegurar la inviabilidad del sistema previsional a mediano plazo, aumentar las erogaciones en USD 1.000 anuales por la equiparación al salario mínimo y la confiscación del ahorro individual al eliminarse las AFAP.
En ese caso, no caben dudas que sí habría que aumentar los impuestos –por ejemplo el IVA al 35%- para sostener el enorme agujero fiscal que provocaría la reforma, así como enfrentar juicios multimillonarios por la eliminación de las AFAP.
De hecho, la incertidumbre que genera una eventual aprobación del plebiscito, ha llevado según agentes financieros, a un cambio de posiciones de pesos a dólares, lo que llevó la cotización de la divisa en septiembre a máximos desde 2022.
En resumen, sí sería una situación, si bien no apocalíptica, muy difícil de manejar para cualquier gobierno que asuma el próximo 1 de marzo, sea la Coalición Republicana o el Frente Amplio, fuerza política que, cabe recordar, aún si fracasa la reforma, prevé llamar a un “diálogo social” para introducir cambios en el sistema previsional vigente, especialmente volver a la edad mínima de 60 años para acceder a la jubilación.
Y como lo dicho al principio, lejos de asegurar de forma tajante que no habrá suba de impuestos o de poner énfasis en un rechazo a la aprobación del plebiscito, lo que dejó Oddone fue poco más que incertidumbre.