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Más allá de las promesas, un sistema tributario estable y previsible
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Más allá de las promesas, un sistema tributario estable y previsible

Los impuestos y la reducción del costo país, ingresaron de lleno en la campaña electoral, aunque la discusión, por el momento, y salvo algunas propuestas concretas, se ha limitado a expresiones de deseos como no subir tributos, o a comentarios ambiguos de que sería preferible no aumentaros, pero todo dependería de la marcha de la economía en su momento.

Pasadas ya cinco elecciones y con la sexta en puerta en las que los impuestos son prácticamente el centro de las campañas –desde aquella discusión por el IRPF en 1999 que terminó dándole el triunfo a Jorge Batlle contra Tabaré Vázquez- y se usan para promesas relativamente fáciles, muchas veces sin tener en cuenta la situación fiscal del país, creemos que llegó el momento de que el Uruguay defina un sistema tributario para al menos los próximos 30 años.

Dicho este objetivo, que admitimos, puede no resultar sencillo de acuerdo a los intereses siempre contrapuestos de los distintos segmentos de contribuyentes, es preciso señalar que una de las principales fortalezas de los sistemas tributarios es su estabilidad y previsibilidad en el tiempo.

Tanto los inversores, los empresarios, los consumidores en general o los ahorristas, necesitan previsibilidad a la hora de tomar decisiones y no hacerlo con una especie de cheque en blanco a sabiendas de que hoy pagan determinada alícuota por un tributo, pero que mañana puede ser otra, lo que altera su ecuación de rentabilidad, ingresos disponibles, gastos, etc.

Otro de los puntos es la discusión sobre si los impuestos deben de ser exclusivamente fiscalistas o también, y en una proporción mayor, aplicar la premisa del “impuesto finalista”, es decir, establecer, mantener o eliminar un impuesto de acuerdo al fin que se busque.

De esta forma, si buscamos un país con más desarrollo y agregar mayor valor a nuestra producción, deberíamos reducir la carga tributaria para quienes producen con valor agregado y generan mayores fuentes de trabajo y aumentarla para las actividades primarias que no agregan ni valor ni generan fuentes de trabajo importantes.

En ese sentido, es preciso considerar todo el régimen de exoneraciones tributarias a grandes emprendimientos, que sin esas exoneraciones, o con menores, igual se instalarían, y focalizarse en programas de exoneraciones para pequeñas y medianas empresas, especialmente en aquellos departamentos que tienen tasas de desempleo de hasta dos dígitos.

Otra discusión a laudarse es la “justicia” de nuestro sistema tributario, de modo que el mismo lleve a mejorar la distribución del ingreso y a reducir de forma sostenible situaciones de pobreza e inequidad.

En Uruguay son elevados los impuestos al consumo y tienen poco peso los impuestos al capital y al patrimonio. Para poner un ejemplo, en 2023, sobre una recaudación total de USD 15.730 millones, USD 7.372 millones correspondieron al IVA, un impuesto que golpea más a los que menos tienen, dado que un altísimo porcentaje de sus ingresos, si no todo, se va en consumo.

Sería loable entonces en la medida que la situación fiscal lo vaya permitiendo, poder unificar la tasa del IVA en 18% y avanzar en la personalización de este impuesto mediante las aplicaciones ya en funcionamiento para beneficiarios de planes sociales, que gracias a este mecanismo pagan tasa cero en múltiples compras.

Por otro lado, no caben discusiones en la necesidad de eliminar el IRPF al trabajo, desestimulador del mismo y enemigo del ahorro, y del IASS, una doble imposición a los jubilados, que ya habían pagado sus aportes en sus años de actividad y ahora vuelven a contribuir con el fisco una vez retirados.

La recaudación del IRPF al trabajo significa USD 2.355 millones –el segundo impuesto en importancia después del IVA-, mientras que por IASS se recaudan USD 394,8 millones por año.

Del lado de la imposición a las empresas y al capital en general, la recaudación de IRAE significa USD 2.102,6 millones, el Impuesto al Patrimonio USD 789,7 millones y USD 480,5 millones el IRPF a las rentas de capital.

Véase que la recaudación por Patrimonio y rentas al capital son apenas poco más de la mitad (USD 1.269 millones) de toda la recaudación por IRPF al trabajo.

Consideramos por lo tanto adecuado mantener en general el IRAE con exoneraciones progresivas cuanto mayor valor agregado aporte la empresa, sea industrial, agroindustrial o de servicios, una eliminación casi total del IRPF al trabajo y un aumento de los impuestos al patrimonio y otros activos financieros, desestimulando de paso en este último caso la especulación y los “capitales golondrina”.

La eliminación del IRPF al trabajo, no significa que no se pueda sustituir a este por un impuesto a los “ingresos elevados”, para un núcleo de asalariados cuyas remuneraciones mensuales pueden exceder los 500.000 pesos por mes, una facturación mayor a la de muchos pequeños comercios.

El programa del Partido Colorado de 1984, “Por un Uruguay para Todos” y al que consideramos la mejor propuesta programática de la colectividad de Batlle desde el retorno a la democracia, establece en su página 66 que “la política tributaria estará basada en la capacidad contributiva de cada ciudadano y unidad económica, y gravará a aquellas circunstancias que generen una distorsión social por la concentración de ingreso que signifiquen”.

En momentos en que en Uruguay la pobreza infantil alcanza a 20%, una mayor imposición al capital ayudaría a financiar planes integrales de educación, asistencia sanitaria y vivienda para las familias vulnerables donde se encuentran esos niños, ya que de no abordarse esa problemática, será una bomba de tiempo en un futuro no muy lejano.

De acuerdo a un informe de la ONG Oxfam citada por Bloomberg Línea, si en el mundo se adoptara un impuesto a las fortunas desde hasta 5% de escala progresiva se generarían USD 1,7 billones (latinoamericanos) en ingresos anuales que contribuirían a que 2.000 millones de personas salieran de la pobreza.

Durante los últimos 40 años, gobiernos de Africa, Asia, Europa y las Américas han ido reduciendo los tipos impositivos sobre las rentas más altas, mientras se han elevado los impuestos al consumo sobre bienes y servicios, es decir, impuestos que recaen desproporcionadamente sobre quienes tienen menos y que amplían las brechas de género.

Según el informe que realiza junto a Fight Inequality Alliance, el Institute for Policy Studies y Patriotic Millonaires, este impuesto también contribuiría a garantizar servicios universales de salud y protección social para la población de los países de renta baja y media-baja y aplicar un plan de diez años para acabar con el hambre en el mundo, entre otras acciones.

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