La renuncia de la ministra de Vivienda, Cecilia Cairo, volvió a estar esta semana en la palestra pública, tras publicarse que el presidente Yamandú Orsipensaba mantenerla en su cargo, pero cambió de opinión debido a las molestias internas y en la oposición que el caso generó.
Según publicó el viernes El País, el mandatario decidió en primera instancia no pedirle la renuncia a Cairo, tras escuchar los descargos de ésta para justificar su situación irregular con la vivienda que habita.
El martes 15, el programa radial La Pecera, informó que Cairo no tenía regularizado el predio donde vive en Pajas Blancas, por lo que pagó la Contribución Inmobiliaria como si el lugar fuera una terreno baldío y que no había abonado durante dos décadas el Impuesto de Primaria, hechos que para Orsi no ameritaban la salida de la ministra, quien adujo que no cumplió con sus obligaciones tributarias para priorizar otras necesidades.
A pesar de que la ex ministra señaló que regularizaría su situación y pagaría la deuda con Primaria, el malestar y las críticas comenzaron a acrecentarse tanto en filas frentistas como en la oposición, algunas de cuyas voces no descartaban una interpelación.
Ante el descontento de propios y ajenos, Orsi le pidió la renuncia el 17 desde la estancia presidencial de Anchorena, lo que dio por finalizada la primera crisis del gobierno a poco más de un mes de su instalación.
La salida de la ministra era sin duda el lógico epílogo para un caso que sin llegar a ser delito, denotaba una evidente falta de ética, proviniendo justamente de un funcionario público que debe atender justamente la problemática de la vivienda y dentro de ello, el cumplimiento de las normas, que se supone debe conocer.
Aún sin justificarlo, solamente entendiéndolo a regañadientes, podría ser razonable que alguien en situación precaria, sin posibilidades de acceder a una vivienda digna y carente de recursos no regularizara su situación habitacional y el pago de impuestos, pero de ninguna manera es aceptable en alguien que durante cinco años recibió un sueldo de legislador y anteriormente ingresos tampoco despreciables de otros organismos públicos.
En cuanto al presidente de la República, sea Orsi o Juan Rodríguez, su actuación ante estos casos no debe dejar dudas y actuar de forma rápida, sin esperar el grito de la tribuna o el “a ver que pasa” si la sangre no llega al río y se capea la tempestad como si nada hubiera sucedido.
Está bien poner “marcha atrás”, pero más importante es demostrar mano firme y celeridad para tomar medidas ante hechos irregulares.
La corrupción y la falta de ética corroen al sistema político y le hace perder credibilidad a éste ante la ciudadanía, alimentando la creencia y la frase de “son todos iguales”. Es por ello que cortar por la raíz los hechos que vulneran esa confianza, deben nacer desde el propio sistema, comenzando por el presidente de la República.