Para mi envidia, en países menos revolucionarios y provincianos, como el Reino de España, el Fiscal General se halla en problemas. Ese cargo es ocupado por el Licenciado en Derecho Alvaro García Ortiz y podría ser procesado.
Se le indaga por parte del Juez de Instrucción por la posible revelación de secretos que estaban en la carpeta investigativa del proceso que involucra a Alberto Gonzalez Armador, empresario y pareja de la Alcalde de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de defraudación tributaria.
El proceder ilícito, poco profesional, venal, se produjo respecto de un correo electrónico agregado a dicha carpeta, en el procedimiento en que la pareja de la dirigente del Partido Popular (PP) es indagado por una defraudación tributaria que alcanza los 350 mil euros. La investigación se inició en el año 2020.
Según consta en el sumario de la causa iniciada contra el actual Fiscal del Reino de España, la sucesión cronológica arranca a las 21:29 horas del 13 de marzo de 2024, cuando el diario ‘El Mundo’ publicó que la Fiscalía le ofrecía un proceso abreviado al novio de Díaz Ayuso, cosa que solo sabían un puñado de personas: el abogado de González Amador y los funcionarios de Fiscalía que recibieron el mail. Aparentemente, en el correo electrónico el empresario había confesado los delitos.
Algunos apuntan a que García Ortíz reenvió a la cúpula del Partido Socialista (PSOE) madrileño, por mensaje de texto de la red WhatsApp, el correo electrónico con los detalles de la confesión del novio de la alcaldesa que poco antes había recibido la Fiscalía, y que desde el PSOE llegó a la prensa para perjudicar a su adversaria política en la jurisdicción de la capital del Reino de España.
Según informa Pedro Buenaventura en el Diario 20 Minutos, se le requirió al Fiscal General el celular que este usaba en esos días y hasta ahora se halla omiso en traerlo.
El juez instructor que había interrogado al Licenciado García Ortiz ordenó en octubre que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil registrara el despacho del fiscal general y volcase la información de sus dispositivos electrónicos. La UCO encontró “cero mensajes” en el teléfono móvil en las fechas en las que se gestó la filtración de los correos de González Amador, entre el 8 y el 14 de marzo de 2024. Además, la Guardia Civil certificó que García Ortiz había cambiado de teléfono móvil la semana siguiente a su imputación, el 23 de octubre.
La periodista Sofía Henales dice que cuando la Fiscalía española pone en conocimiento de la prensa un material que forma parte de la carpeta investigativa, en España y todo el mundo civilizado –excepto en nuestras llanuras suavemente onduladas– eso constituye el delito de revelación de secreto profesional y por ello esta es la primera vez que un Fiscal general del Estado se sienta como imputado ante el Supremo Tribunal Español.
El problema es que el Licenciado García Ortiz es superior jerárquico de los otros fiscales que lo deberían investigar, pero por suerte en España el sistema no es acusatorio y el Poder Judicial, que no integra la Fiscalía, tiene facultades de instrucción, a diferencia de lo que acontece con nuestro Código del Proceso Penal.
Daniel Malagón, de Infobae, informa que el Fiscal General Español negó haber filtrado los correos electrónicos que forman parte de la carpeta investigativa, ni al Palacio de Moncloa donde ejerce la presidencia el polémico Pedro Sánchez Castejón, ni a los responsables del Partido Socialista de Madrid.
De manera insólita, en audiencia procesal, el máximo titular de la Fiscalía del Reino de España se negó a responder a las preguntas del Juez instructor y de la instancia privada, limitándose a contestar las que le hizo su subordinada y la Abogacía del Estado- que, presumo– es afín al socialismo.
El hasta ahora Fiscal General del Reino, criticó la instrucción del juez Ángel Hurtado, alegando que vulneró sus derechos fundamentales, artículos 18 y 24 de la Constitución española, y cuestionó la legalidad del registro realizado en su despacho.
A raíz de esto, la propia Fiscalía se encuentra dividida sobre su permanencia en el cargo. Trece de los 35 miembros de la Junta de Fiscales de Sala —un tercio de la cúpula fiscal— han presentado un escrito en el que piden formalmente a García Ortiz que dimita de su cargo.
Según informa Angela Martialay, de Diario El Mundo, en la misiva a la que ha tenido acceso, los fiscales de Sala sostienen que “la comparecencia del fiscal general del Estado para declarar como investigado en el Tribunal Supremo, negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor, es impropia de un Estado Democrático de Derecho”.
Consideran que su continuidad provoca un “insostenible desprestigio” y que su renuncia permitiría una defensa más apropiada de su caso sin comprometer a la institución.
A pesar de las presiones, García Ortiz ha manifestado su intención de continuar en el cargo mientras se desarrolla la investigación. El Tribunal Supremo, por su parte, ha decidido mantenerlo en su posición, desestimando un recurso que solicitaba su destitución por supuesta falta de idoneidad. La investigación sigue su curso, y se espera que en las próximas semanas se realicen nuevas diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
En 2020, la entonces fiscal general Dolores Delgado lo nombró fiscal jefe de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado y desde entonces García Ortiz ejerció como guardia pretoriana de su jefa del Ministerio Público. Tras la renuncia de Dolores Delgado por motivos de salud en agosto de 2022, García Ortiz fue designado fiscal general del Estado.
Tara la imputación de García Ortiz, los fiscales firmantes del escrito que solicita su renuncia, pertenecientes a la máxima categoría de la Carrera Fiscal, creen que “la imagen del Ministerio Fiscal que el fiscal general del Estado representa, y la institución misma que debe salvaguardar, están siendo sometidas a una tensión insoportable”.
Asimismo, desde la cúpula fiscal subrayan que la “permanencia” del fiscal general en el cargo “provoca unos daños tan innecesarios como intolerables al prestigio de la Fiscalía, una merma de la confianza de la ciudadanía en ella y un injusto pero real desánimo en la inmensa mayoría de los fiscales”.
Por otro lado, los firmantes destacan que “los escenarios procesales por los que está obligando a transitar a la institución del Ministerio Público, que como fiscal general representa, son claramente reveladores de la necesidad de su dimisión”.
Esta parte de la cúpula fiscal destaca que “el avance de la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo y sus hitos procesales, ampliamente difundidos en los medios, superan las previsiones más pesimistas en cuanto a la erosión padecida por el Ministerio Fiscal”.
También recalcan que “el panorama se ve agravado por la insólita posición en que se encuentra la fiscal actuante en la causa, contraria a la lógica procesal más elemental”, en referencia a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, quien se está oponiendo de forma sistemática a que el magistrado Ángel Hurtado investigue a su jefe, pese a ser el principal imputado por la revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Asimismo, los fiscales de Sala ponen de manifiesto que “es necesario evitar la confusión entre la responsabilidad de institución y la que pueda incumbir a quien ostenta su jefatura y representación”. “La permanencia de usted en el cargo de fiscal general del Estado difumina nocivamente la delimitación de una y otra esfera”.
Por último, los fiscales de Sala añaden que “tal renuncia no supone asumir o aceptar ningún tipo de responsabilidad: dejando intacta la presunción de inocencia que ampara” a García Ortiz, sino al contrario “le abre la vía para defenderse con plenitud de medios y facultades procesales y máxima dignidad, dejando –eso sí– al margen a la institución a la que se debe”.
En los últimos años, con Dolores Delgado como fiscal general, primero, y con García Ortiz como sucesor después, el generalato de la Fiscalía ha sufrido un vuelco ideológico debido a la escorada política de nombramientos llevada a cabo por ambos, donde sistemáticamente han premiado con ascensos a fiscales amigos o próximos ideológicamente a ellos. La Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que pertenece Delgado y de la que fue portavoz y presidente García Ortiz, ha copado la mayoría de asientos de la Junta pese a ser un colectivo minoritario en la Carrera Fiscal.
