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Los medios públicos, o el agua para mi molino
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Los medios públicos, o el agua para mi molino

 

El Observador, en una reciente nota del periodista Ramiro Pisabarro, entrevistó a Derío Mendiondo a propósito de su nuevo libro, “Cómo ganar la batalla mediática, el dilema de la izquierda” que no he leído y que será parte de mi lista para el verano. No obstante, el reportaje es suficiente para aquilatar y contraponer pensamientos.

De entrada, a partir de la primera frase que el artículo destaca del autor. “Vivimos en un Estado de derecho con sistemas democráticos en que conviven el Estado y el mercado en permanente tensión. Pero la participación de los medios públicos respecto a los privados en el mercado, es  muy desigual. La generación de opinión pública va a estar basada en el mensaje que trasmiten los privados. Esto se contrarresta con una política institucional desde el Estado con el mismo nivel de intensidad y cobertura”   

En realidad, nada nuevo bajo el sol, si con esto se quiere describir una situación, y más allá de que me gustaría conocer científicamente como forman su opinión los uruguayos, esto es, qué medios y en que proporción, leen, miran o escuchan, y si tal exposición es la causante última para generar opinión. Mas complejo, sin embargo, es la justificación del «nivel de intensidad y cobertura» desde el Estado, y el fin que persigue. Pero la alarma la encendió la afirmación  que viene a renglón seguido.

“TV Ciudad está en el camino correcto en como construir una sociedad más democrática” dice Mendiondo en una frase que le es adjudicada, y el autor de la nota, asumimos, porque en el artículo no se comilla el texto, agrega: “El canal de la Intendencia de Montevideo es criticado por blancos  y colorados -e incluso frenteamplistas- que acusan ‘falta de objetividad’, ‘manija’ contra el gobernó de Luis Lacalle Pou y ‘favores’ a Cosse”.

 Por partes. Las acusaciones de “blancos y colorados -e incluso de frentamplistas” ¿están en lo cierto? En realidad la nota no es clara al respecto. Pero bien podrían estarlo, dado que lo que leemos a continuación suena a una justificación del comunicador frenteamplista que Pisabarro extrae de su libro: “‘es indispensable promover espacios de comunicación que permitan la construcción de un mensaje tendiente a difundir la gestión y los logros’ de las administraciones de izquierda”.

Estaré reiterativo, pero ¿qué prueba la frase transcripta? La verdad, no mucho. Ahora, si la promoción de esos espacios y “difundir la gestión y los logros” es en detrimento de la información crítica, esto es, por ejemplo, las opiniones de ediles de la oposición, de los dirigentes blancos, colorados y cabildantes que sirven en los distintos Municipios de Montevideo, la cosa cambia.

Y cambia por una razón que no hace a las “tensiones” entre el Estado y el mercado, sino a la honestidad con que pretendamos informar, reconociendo el papel de un medio público. A ver, en Uruguay han medios de todos los colores, blancos, colorados, frenteamplistas, cabildantes. No voy a entrar en cómo informan u opinan, porque no hace a la cuestión y es una discusión aparte. Sí es importante, sin embargo, notar algo. Como informen, desinformen, opinen, critiquen alaben, depende de dos cosas básicas: el dinero que arriesgan sus dueños en hacerlos disponibles y el dinero que gastan sus lectores, espectadores o radioescuchas, para satisfacer su necesidad o placer de accederlos.

Muy diferente, en cambio, es como se sostienen los medios públicos, esos que según Mendiondo deberían “promover los espacios de comunicación que permitan la construcción de un mensaje tendiente a difundir la gestión y los logros”. Porque esos medios, se mantienen con el dinero de los contribuyentes, esto es, de todos los que votaron a aquellos cuya gestión se quiere difundir y alabar, y aquellos otros que no y cuyos representantes critican a la gestión que el autor del libro quiere aplaudir. 

Entonces, la cuestión, la verdadera tensión, es al interior de las empresas periodísticas  públicas, que son financiadas por los incididos de todos los partidos, que, con su aporte a las arcas municipales o estatales, permiten su existencia. La tensión estaría puesta en la honestidad del director del medio que, si bien sabe que un mismo título puede ocupar 4 o 6 columnas o que una misma noticia puede propalarse en 4 o 5 minutos, tiene que ser honesto con el público potencial del cual el medio depende, ya sea que lo use o no. Porque de lo contrario hay una mirada o un fin desviado. Como si fuera justificable ofrecer servicios limitados al gusto de una clase de votantes. Algo improbable y, de serlo, perverso.

Pongámoslo sencillo, que tal vez la simplificación ayude. Si mañana opino en mi X (ex Twitter), lo hago a cuenta y riesgo, pago por mis megabytes  y el uso de mi dispositivo y su red. Si por alguna razón tengo ocho millones de seguidores, es mi tema. Pero si la intendencia de Montevideo contrata 100 servicios de telefonía móvil para difundir mensajes que destaquen los logros de la la intendenta de Montevideo y no los aciertos de una alcaldesa de cualquier otro partido, el tenor cambia. ¿O no?

Podría argumentarse que los medios privados o un “influencer” de una tendencia cualquiera tienen mucho más lectores, suscriptores, oyentes o televidentes que los medios públicos o un “twitero” que responda a los intereses del Frente amplio. Si, eso puede ser cierto –habría que probarlo, así como su penetración en los distintos públicos objetivos– pero de ser así, parece de justicia que esa realidad se dirima en la competencia entre los privados sin apelar a soluciones que pasan por medios públicos que no tienen derecho a desconocer a quienes aportan para su existencia, aunque no sean partidarios de las «administraciones de izquierda»

En fin, me voy a leer el libro. 

Pero si lo que me voy a encontrar en él es una justificación del tipo “los medios estatales no deberían soslayar esta posibilidad (la construcción del mensaje que difunda gestión y logros de gestores frenteamplistas), aunque a menudo vemos cómo sucumben en una línea editorial que se desdibuja en aras de una objetividad inexistente, perdiendo la esencia política que debe tener como instrumento al servicio de un proyecto de transformación”, me va a costar concluir que no estemos frente a un posible abuso de los medios de todos para los fines de algunos.       

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