Si Goebbels hubiese tenido un medio como la red X, el mundo sería nazi, dijo el miembro del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes. Este Juez se ha enfrentado a múltiples intereses, incluido un mega rico y eso le ha costado innumerables amenazas de muerte que como diría Nietzsche, más que lastimarlo lo fortalecen.
Llamado ‘Robocop’ y ‘Xandão’ por los medios de comunicación, Moraes es considerado un buen técnico y, al mismo tiempo, muy combativo. Es profesor universitario y autor de varios libros sobre derecho constitucional. A pesar de su éxito, tuvo que enfrentar acusaciones de plagio en sus obras, dice Valeria Saccone en France 24.
De Moraes mandó bajar a la red X en Brasil por la circunstancia que cuando se la pretendía juzgar no había designado procurador en la República Federativa del Brasil. Pero lo que sí fue un acto paternalista criticable fue la imposición de una multa de 9 mil dólares diarios a quienes en dicho país pretendiesen acceder a la misma estando vigente la prohibición.
De acuerdo con France 24, su contraparte, el empresario sudafricano Elon Musk se define como un absolutista de la libertad de expresión. Compró Twitter en 2022, la re bautizó como X y ha sido cuestionado por como la gestiona. En el extremo opuesto se sitúa Alexandre de Moraes, un partidario de la regulación.
No podemos caer en este argumento fácil de que regularlas va en contra de la libertad de expresión. Este es un enunciado falso que se pretende propagar para instalar un discurso de odio. Lo que no se puede hacer en el mundo real, no se puede hacer en el mundo virtual, ha declarado en varias ocasiones De Moraes.
Por si esto no es poco diría la publicidad, De Moraes dirige otras investigaciones espinosas, desde los actos antidemocráticos del 8 de enero de 2023, que el magistrado califica como un “intento de golpe de Estado”; o la difusión de noticias falsas en las redes sociales brasileñas, especialmente las que fueron lanzadas contra las urnas electrónicas en 2022, el año en que Jair Bolsonaro perdió las elecciones frente a Lula da Silva.
En este contexto, Moraes ordenó en los últimos años la suspensión de perfiles acusados de difundir información falsa sobre el proceso electoral brasileño. En ese embate contra Musk, no le tembló el pulso a la hora de incluir al empresario sudafricano en las investigaciones.
Como abogado, en 2014 defendió al expresidente de la Cámara, Eduardo Cunha, responsable de conseguir los votos en el Congreso para alejar a Dilma Rousseff del poder en 2016. Posteriormente, Cunha fue arrestado por corrupción en el ámbito de la operación Lava Jato.
Todavía muy joven, De Moraes empezó una carrera política meteórica y un tanto imprevisible. Entre 1991 y 2002, ocupó el cargo de fiscal en el Ministerio Público de San Pablo, hasta convertirse a los 33 años en el secretario de Justicia y Defensa de la Ciudadanía más joven de ese estado industrial. Su padrino fue el ex gobernador de ese estado Geraldo Alckmin, actual vicepresidente de Brasil.
Entre 2007 y 2010, con Gilberto Kassab en la Alcaldía, Moraes fue nombrado secretario municipal de Transportes y Servicios y director de la Empresa de Ingeniería de Tránsito. La acumulación de cargos le hizo ganar el título de “supersecretario”.
En 2015 volvió a participar en la gestión de Alckmin como secretario de Seguridad Pública, época en la que se ganó la fama de inflexible. Cercano a Michel Temer que entre 2016 y 2018 fue presidente de Brasil tras el impeachment, se ganó su confianza tras desenmascarar y arrestar al hacker que invadió el celular de la primera dama Marcela para extorsionarla. Como recompensa, dice France 24, Temer lo nombró ministro de Justicia tras llegar al Palacio del Planalto y, en 2017, indicó su nombre a la Corte Suprema para ocupar el lugar del ministro Teori Zavascki, fallecido en un accidente de avión.
La elección de Temer dividió en su momento al mundo jurídico. Para algunos, se trató de “una jugada maestra”; para otros de una “jugada política”. Cabe destacar que el Partido de los Trabajadores, fundado por Lula, se opuso a su nombramiento por considerarlo “una profunda falta de respeto a la conciencia jurídica del país”. El argumento principal fue que la designación de Moraes respondía al deseo de impedir futuras investigaciones contra miembros del Gobierno de Temer.
Según informa CNN en portugués, la prensa inglesa, más concretamente The Economist, ha cuestionado la actuación del miembro del Supremo Tribunal Federal y ha apuntado a supuestos poderes excesivos. Bajo el título, ¿demócrata o autócrata? La revista británica expresa que Brasil sufre dos problemas simultáneos, los políticos corruptos y los jueces con exceso de poder. Con una desfachatez inédita, la prestigiosa revista dice que el poder de los jueces en Brasil debe ser reducido.
The Economist reconoce que subir contenido basura a Internet bajo la apariencia de noticias respetables, especialmente en la red X, constituye una circunstancia cuestionable. Sin embargo, considera que De Moraes ya ha excedido seriamente sus límites, por ejemplo cuando ordenó tomar medidas contra empresarios pro-Bolsonaro por el contenido de mensajes privados.
La revista cuestiona que el proceso contra el ex Presidente Jair Bolsonaro por la asonada unas horas después de la asunción de Luis Inácio Lula Da Silva sea juzgado por una cámara especial en lo penal del STF en lugar del pleno.
Esa semana caliente, los diputados del Nuevo Partido del Brasil, presentaron un pedido de explicaciones al Ministro de Relaciones Exteriores Mauro Vieira, respecto a otra decisión de De Moraes que suspendió la extradición del ciudadano búlgaro Vasil Gergiev Vasilev, condenado por tráfico de drogas en España. El pedido de explicaciones expresa la preocupación por la supuesta interferencia judicial en asuntos que los diputados entienden que es competencia del Ejecutivo.
Pero otro caso genera problemas entre dos poderes del Estado brasileño y es el pedido de extradición desde España, del bloguero bolsonarista, Oswaldo Eustaquio. Mientras que la justicia del Reino de España piensa que se lo pretende juzgar por crímenes políticos, el STF brasileño sostiene que es un delincuente común.
Eustaquio está acusado de cometer crímenes contra la democracia, obstrucción de la Justicia, divulgación de datos protegidos, además de corrupción de menores. El bolsonarista se refugió en España en 2023.
El pedido de extradición fue rechazado por una cámara de la Audiencia Nacional de España, es decir por un tribunal de apelaciones. Para dicha Sede, Eustaquio es un perseguido político y para los magistrados españoles no se cumple con los requisitos del Tratado Bilateral de 1988.
La Justicia de España parece darle la razón a The Economist cuando expresa que sus pares de Brasil podrían darle a Eustaquio un proceso injusto en virtud de sus opiniones políticas.
Oswaldo Eustáquio había expuesto datos personales, fotos e informaciones sobre los policías que estaban investigando a la familia Bolsonaro.
En Brasil dicen que el bloguero publicó fake news sobre el proceso electoral que llevó a Lula a la presidencia y fue de uno de los instigadores de los campamentos que terminaron en asonada y rebelión contra la democracia. Hay quienes lo vieron dentro del Palacio de la Alvorada ese fatídico día de enero.
Los legos en Derecho Internacional Privado y Público deben saber que para que corresponda una extradición, la conducta penal debe ser delito tipificado tanto en el país requirente como en el requerido.
