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Lo estúpido
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Lo estúpido

La economía, estúpido. Fue la idea fuerza tras la campaña con la que Bill Clinton llegó a la casa blanca en unas elecciones que parecían imperdibles para George Bush (padre). Y es que el publicista de Clinton recomendó al candidato detenerse en las cosas simples de la vida cotidiana, y en las preocupaciones más básicas: las necesidades inmediatas de la gene.

Porque la economía existe. Y a todos nos preocupó, por ejemplo, que el Banco Central del Uruguay nos informara ayer que la economía se contrajo un 2.5 con respecto al período abril- junio del año pasado. Y a nadie se le pasa por alto, con cierta ansiedad, además, que el atraso cambiario perjudique al sector exportador.

Para salir del ámbito nacional, los chinos nos son estúpidos cuando, inquietos, asisten al tambaleo de sus gigantes inmobiliarios. Y ni hablemos de la sufrida ciudadanía argentina, cuya debacle económica —sea por la sequía, las presiones del FMI o las políticas fiscales desordenadas— es causa suficiente para que un clavo ardiente electoral no amedrente a los más diversos sectores de la sociedad.

La economía existe. Crece, se contrae, posibilita la mejor distribución, encubre las injusticias más grandes. En fin, está ahí.

Por eso resulta extraño ver como desde el movimiento sindical —que debería poner especial cuidado en las necesidades inmediatas de la gran mayoría de la población— se toman medidas a contramano de unas realidades tan evidentes que reviven la frase que, desde hace 30 años, se espeta a quienes ignoran el funcionamiento básico de la ciencia que tarde o temprano, golpeará el bolsillo popular.

Porque bien que se mire, el plebiscito que acaba de recibir la bendición gremial —no sin voces discordantes, entre ellas la del sindicato bancario, que de economía algo ha de saber— y que aún se ignora si será abrazado o no por el Frente Amplio, no tiene un asidero basado en una economía saneada. 

Para no repetir argumentos que se han dado desde El Día, basta traer razonamientos prestados, como el de la Convocatoria Seregnista-Progresistas, que advierte que el aumento del déficit que generaría la propuesta plebiscitaria “no dejaría margen para abordar nuevos desafíos de la matriz de protección social, ni para impulsar transformaciones en otras áreas claves de la política”. O que el Estado sería, finalmente, la única fuente de financiamiento del déficit previsional, hasta para pagar las prestaciones de las cajas paraestatales.

El sector frenteamplista tampoco dejó pasar por alto “las consecuencias negativas para la justicia intergeneracional en perjuicio de los más jóvenes y la solvencia del sistema en su conjunto”. Ni, por su puesto la “confiscación” de los ahorros de los afiliados a las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), que —vía reclamos judiciales— podría generar nuevas obligaciones al Estado.

El Estado por aquí, el Estado por allá. El Estado que da la cara y pone el dinero. El estado, que, entérense, somos todos.

En una línea similar, el sindicato de Ancap ha insistido en que sea el Estado quien aporte para enderezar el negocio del portland, que arrastra dos décadas de pérdidas y, este año, se va a llevar 25 millones de dólares a fondos perdidos.

Es decir, allí donde la empresa privada no quiso entrar porque en estas condiciones la cosa no funciona, tiene que ir el Estado. Una vez más. 

Y, la pregunta es, ¿qué haría se haría desde el Estado que no se haya hecho ya? Porque si la cuestión es de mala gestión, pura y dura, no parece un dato menor que las pérdidas son veinteañeras y en ese lapso las administraciones han pasado por todo el espectro partidario nacional. ¡Ah, el Estado!

El Estado, que somos todos, que asuma el déficit de la industria del portland. O la empresa estatal, que para el caso es lo mismo, pues al no tener la capacidad de incidir al ciudadano, le va a aumentar las tarifas. Porque de algún cuero salen las lonjas. . .

Y, por favor, no se lea en este editorial una apelación antiestatista. Nada más alejado de ese propósito. Porque, es la economía, estúpido: el estatismo bien entendido va por empresas sanas y con lucro, que no deberían verter a rentas generales y sí beneficiar a los usuarios de sus servicios mediante tarifas ajustadas. 

Ni subsidiadas, ni recargadas para ocultar el fracaso de la gestión.

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