La reciente confirmación por parte de la Corte Suprema Argentina de la condena a Cristina Fernández de Kirchner por corrupción debería haber sido un momento de reafirmación institucional. La resolución marca la culminación de un proceso largamente discutido, que atravesó varias instancias y contó con amplias pruebas. A pesar de las múltiples estrategias dilatorias, recusaciones, y el intento sistemático de deslegitimar al Poder Judicial, los jueces actuaron dentro del marco del derecho, respetando las garantías del proceso. La Corte Suprema reafirmó algo fundamental: en una República, nadie está por encima de la ley.
La sorpresa fue que el fallo desató una ola de defensas por parte de líderes populistas de América Latina que, lejos de evaluar los hechos, repitieron el viejo libreto de victimización y conspiración. No fue una defensa jurídica, fue un relato sin pruebas. Desde Lula da Silva hasta Rafael Correa, pasando por Evo Morales, Gustavo Pietro y Nicolás Maduro, la respuesta fue muy similar: Cristina no fue condenada por corrupción, sino “por defender al pueblo”, “por enfrentar al poder económico”, “por no arrodillarse ante el imperialismo”. Según esta lógica perversa, los líderes “populares” —en nombre del supuesto bien común— no tendrían ninguna obligación frente a la ley. Como si la legitimidad política los absolviera de toda responsabilidad legal o moral.
Por detrás de esa narrativa hay una verdad incómoda: muchos de estos líderes comparten prontuarios, causas abiertas o sentencias firmes. Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado en 2017 por corrupción y lavado de dinero en el caso Lava Jato, y liberado solo por una nulidad procesal que no cuestionó las pruebas. Rafael Correa, sentenciado en 2020 a ocho años de prisión por cohecho, permanece prófugo en Bélgica. Evo Morales fue denunciado por uso indebido del poder y por desconocer un referéndum que le prohibía la reelección. Gustavo Petro enfrenta serias acusaciones relacionadas con la financiación ilegal de su campaña electoral, el testimonio incriminatorio de su hijo y la presunta aplicación de presiones indebidas sobre el sistema judicial. Nicolás Maduro es investigado por crímenes de lesa humanidad mientras su régimen provoca una crisis humanitaria sin precedentes.
En esa complicidad se explica su defensa. No están salvando a Cristina. Están defendiendo una lógica de impunidad que los protege a todos. Porque si uno de ellos cae, pueden caer otros.
Este comportamiento tiene efectos nocivos. En primer lugar, erosiona la confianza en el Poder Judicial, especialmente en sectores vulnerables donde el populismo tiene su base. En segundo lugar, al presentarse como víctimas, los líderes populistas transforman los procesos judiciales en batallas políticas donde la verdad es relegada a un segundo plano. En tercer lugar, el relato se vuelve contagioso. Otros actores políticos usan el mismo guion, debilitando aún más el respeto por la ley.
Uruguay aún conserva instituciones sólidas y una cultura política fundada en el equilibrio de poderes, pero corresponde encender una señal de alarma. El respeto a la ley no puede depender de la popularidad del acusado. Y el valor de una condena no se mide por cuántos lideres la descalifican. Debemos resistir con firmeza cualquier intento de relativizar la corrupción o de atacar a la justicia cuando investiga a figuras poderosas.
Como dijo José Batlle y Ordóñez: “El que roba desde el poder, roba más que dinero: roba esperanza.”
