Una muy buena nota de Tamara Taraciuk Broner publicada este 9 de octubre en Americas Quarterly, así como un estéticamente no tan buen spot publicitario del candidato colorado Andres Ojeda inspiran esta nota sobre uno de los temas que más preocupan a los uruguayos: la seguridad.
La autora plantea en su artículo –“¿Hay una alternativa realista a la de Bukele en criminalidad?”– que es difícil hablar sobre seguridad pública en nuestro continente sin pasar por las políticas ejecutadas por Nayib Bukele en El Salvador, las que han logrado algunos resultados verdaderamente destacables aunque opacados por un “costo aterrador”: “decenas de miles encarcelados sin debido proceso, un estado de emergencia constantemente extendido y una grave concentración de poder debido a la inexistencia de controles y contrapesos” (separación de poderes).
Guatemala, San Pablo, Bogotá
Felizmente, aunque reconociendo las diferencias entre los tres casos, la exdirectora de Human Rights Watch para las Américas, nos propone tres ejemplos distantes del salvadoreño. El de Guatemala, el de San Pablo, Brasil y el de Bogotá, Colombia, donde las muertes por cada 100.000 habitantes bajaron dramáticamente desde los 90s en adelante. En los casos nombrados las máximas de homicidios llegaron a 45.5, 52.2 y 85.2 cada 100.000 habitantes antes de que se comenzaran a aplicar planes que, a lo largo del tiempo, han dejado dichas tasas en las actuales 16.7, 7.8 y 12.8 muertes violentas cada 100.000 habitantes.
Obviamente, la autora reconoce lo que es imposible de ocultar. El tiempo en que se produjo la mejoría en El Salvador ha sido muy reducido, y los logros en Guatemala, San Pablo y Bogotá son producto de políticas que “no son perfectas”, sobre todo porque no todas ellas atacaron dos problemas severos que han profundizado la crisis de seguridad en el continente: la extensión de las operaciones del crimen organizado y las armas ilegales.
No obstante, los tres ejemplos propuestos tienen elementos de políticas públicas en común: fortalecimiento institucional de las agencias de seguridad pública, implementación del modelo de policía comunitaria, inversión en políticas sociales para usuarios de drogas y jovenes vulnerables, entre otras.
Las opciones de la autora
La directora del programa de Estado de Derecho del Inter-American Dialogue enfatiza que una buena alternativa a la “mano dura” de Bukele debería incluir una “política coercitiva efectiva” respetando el debido proceso para investigados y procesados, y al mismo tiempo programas preventivos para mejorar las condiciones que muchas veces son el disparador del delito, sobre todo en la juventud con dificultades de integración.
Para responder a la criminalidad organizada Taraciuk Broner considera la coordinación y la cooperación internacional como elementos cruciales.
Finalmente, la autora entiende que estas nuevas políticas necesitan ser comunicadas de forma eficiente apelando a nuevas formas de lenguaje, empleando “nuevos formatos, contenidos plataformas y un lenguaje diferente, que apele a las emociones más que a los datos duros”.
El spot de Ojeda
La última frase transcripta parece encajar en la publicidad del candidato colorado y su clase de boxeo. Tal vez a mi no me guste mucho, pero admito que en una de esas, y como vienen los números de las encuestas, yo no forme parte del público objetivo al que se debe dirigir un mensaje “que apele a las emociones”; otros sí.
No obstante, rescato del mensaje lo básico que la autora requiere de unas políticas efectivas de seguridad que no caigan en la opción de la “mano dura” que, además de ser controvertidamente disruptora del garantismo del derecho penal, ya ha fracasado en la región centroamericana —con respecto a las drogas— más de dos décadas atrás.
Tales conceptos son la prevención, los muchachos en los gimnasios y no en las calles; las oportunidades, como alternativas a entrar en el mundo del delito; y salud mental, como reconocimiento del tratamiento y de las comorbilidades siempre presentes en la adicción a las drogas, un problema que hay que abordar con mejor derecho a la salud, y no con peor derecho penal.
Contra el crimen organizado
Mi experiencia en el tema se remonta a 1995, cuando me tocó analizar las leyes antilavado de activos que existían en las Américas. Salvo las de inspiración del derecho sajón, que seguían el modelo de la Ley Rico de Estados Unidos, casi no había. Y las que había eran muy malas, porque, al seguir modelos injertados a la fuerza en nuestro derecho penal proveniente de Europa continental, obviamente eran de aplicación imposible.
Desde aquellos años, Leyes Modelo mediante, los países fueron mejorando sus normas antilavado. El aporte dogmático del derecho español también fue importante, no sólo en el desarrollo legal, sino además en la formación de muchos jueces y fiscales que por primera vez se enfrentaban a los desafíos de un delito complejo ya en el sistema inquisitivo, ya en el acusatorio.
Así y todo se hizo mucho, tanto como estableciendo Unidades de Inteligencia Financiera, auxiliares imprescindibles en cualquier sistema antilavado. Más tarde vino el Gafisud, hoy Gafilat. Tuve la suerte de ser actor en ese proceso y en tantos programas ejecutados en nuestra región para establecer sistemas de evaluación de los progresos de los países.
Traigo a colación esa experiencia a propósito de un informe de AEBU que sólo pude leer parcialmente en El Observador. Por lo poco que vi, quienes elaboraron el informe lo hicieron a conciencia. Por desgracia, nuestro sistema antilavado, y así lo comentamos hace ya bastante tiempo con otro experto uruguayo en el tema, Alejandro Montesdeoca, en un podcast publicado en EL DIA, tiene bastantes desafíos que superar.
Y si se pretende una política de seguridad efectiva contra la empresa criminal esta herramienta no puede ser débil o ineficaz.
La cooperación internacional. . .y la nacional
En momentos en que terroríficamente muchos políticos de aquí y acullá han caído en el camino fácil de la promesa salvadora de la “mano dura”, está bueno reparar que en este tema no sólo dependemos de nosotros mismos. El crimen organizado que pesa es internacional y sus ramificaciones llegan hasta pequeños países como el nuestro, Y en ese tránsito siniestro, la evidencia muestra como es que tantos países que se consideraban de “tránsito” fueron mostrando un perfil de “consumo”. El negocio es negocio en todos lados.
Se me ocurre que si realmente queremos incluir la cooperación y la coordinación como lo sugiere la propuesta de Taraciuk Broner, debemos, de una vez por todas empezar a pensar “fuera de la caja”. Los espacios comunes penales o los mecanismos que nos acerquen a ellos tanto para la represión como para la aplicación de la ley deberían ser objeto de análisis. La gran ventaja de la empresa criminal internacional es que no tiene que observar fronteras. . . sino países que se encierran en ellas en el combate a la criminalidad.
En fin, hay caminos posibles. Ojalá que tras los mensajes simples que apelan a la pasón, luego venga la acción basada en la evidencia y ejecutada fuera de la otra frontera inhibitoria: la partidaria.
