La malograda res publica

“Que me lo prueben”, “está dentro de la ley”, “no es corrupción, es corruptela” son algunas de las excusas que uno se cansa de escuchar cuando alguien que está bajo escrutinio por haber entrado en esa zona gris de la indecencia política tiene que asumir su propia defensa (o la de sus amigos). Cuando no, la famosa, “no se quedó con nada, es robo para la corona”, tomando a un partido político como la corona, en un símil del “hay que hacer caja” con que se pretende justificar lo injustificable para poder pagar campañas que lleven a un partido al poder.

Las frases me vinieron a la cabeza ante dos hechos de los últimos días. La pretendida defensa de quienes le entregaron el pasaporte a Sebastian Marset —según El País, un fallo de la justicia emiratí— y el presupuesto de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cuya delegación uruguaya preside Carlos Albisu.

Por orden de antigüedad (aunque parecería que el mal uso de los dineros públicos en Salto Grande vienen de lejos) empecemos por el caso de Marset, nuestro narco internacional propio. El tipo iba y venía a Dubai, entraba y salía, con un pasaporte falso. Que a la absolución se haya llegado, según publicó El País, porque “el hecho de usar un documento falsificado no se considera como prueba de la existencia de un dolo criminal” es un tema de las ilustradas instituciones de la justicia de de los Emiratos Arabes —su fiscalía y sus tribunales— y trasciende el cometido de este comentario.

Ahora, que el fallo sea la causa por la cual debiera archivarse el caso en Uruguay, como se lo contaron a El País “las fuentes del caso” parece un tanto exagerado: de entrada, afirmar que “la salida de Dubai del hoy prófugo de la justicia paraguaya no fue por la entrega del pasaporte uruguayo por parte de la cancillería como trascendió en un primero momento sino por su absolución” como dice la nota, es la mitad de la verdad. Sí, Marset podría viajar por ser un hombre libre. Un hombre libre . . . sin pasaporte.

Y el pasaporte con el que Marset se tomó los vientos del país árabe, y no precisamente en una alfombra mágica, era uruguayo y en la cancillería se sabía que este fulano era un narcotraficante. Por lo menos así lo reconoció la vicecanciller, Carolina Ache Batlle cuando aseguró públicamente que las jerarquías de los ministerios del Interior y Relaciones Exteriores conocían la peligrosidad de Marset y que eso aconteció antes de que culminase la investigación que se adelantaba en los Emiratos. Además, y este no es un dato menor, la justicia emiratí estaba en conocimiento, antes del sobreseimiento, de que las autoridades uruguayas le darían un pasaporte al narco, ya que sus abogados agregaron al expediente una carta de la misión uruguaya en ese país que así lo afirmaba.

Aquello de que “nadie sabía sabía quien era Marset”, ¡oops!!, no era tan así. 

A ver, acá no estamos frente a la necesidad de probar el dolo de las autoridades nacionales como sí tuvo que hacerlo la justicia de Emiratos Arabes respecto a la conducta de Marset. Pero sí podemos reclamar que la sensibilidad política de alguna de las jerarquías inervinientes provocara su renuncia (yo tengo mi candidato a la dimisión, pero. . .). Porque darle a un delincuente un pasaporte, a sabiendas, y además faltar a la verdad en el Parlamento, es cosa seria; tal vez siguiendo la zaga de lo acontecido con Marset desde su huida de Santa Cruz de la Sierra, y todo el dinero que ha de haber corrido para posibilitarla, nos exime de mayores comentarios. Es que la res publica exige unos estándares altos, vió?, y eso no se arregla con fallos extranjeros, que las imposiciones morales no requieren exequatur.

Vamos a la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, menos grande que el presupuesto que ésta destinó en 2022 a la “responsabilidad social”.

Según la memoria de la Comisión, Uruguay invirtió un millón y medio de dólares en responsabilidad social. Ochocientos mil dólares se fueron en 2022 para temas socioculturales, y casi medio millón al deporte y más o menos doscientos cincuenta mil dólares a salud y educación (que tal vez por ser los más justificables, son los rubros que recibieron menos). 

A todo esto, acoto, Leonardo Guzmán, desde sus magistrales columnas sigue —incansablemente— haciendo campaña por el estado de derecho, en la última llamando la atención porque del proyecto de Rendición de Cuentas que trata el Parlamento desapareció el inciso que establecía dos Juzgados Letrados de lo Contencioso Anulatorio. 

Pero las dádivas no parecen tan graves ante las contrataciones con sueldos de fábula (y sin concurso) o los inefables incentivos jubilatorios (se menciona uno de casi cien mil dólares por año, por siete años), que más se parecen a un premio “gordo” que a una partida previsional. Espero que si hay una interpelación, la misma arroje luz sobre la administración del organismo que — a pesar de todas las noticias que han salido a la luz en estos últimos días, donde no faltó ni la caracterización “papanoelsesca” del presidente de la delegación uruguaya— cuenta en su organigrama con una Auditoría General de Calidad y Control de Gestión. 

Sin ser (demasiado) malo, ahora comprendo por qué siempre escuché como un cargo en la comisión era un trofeo bien disputado desde todos los partidos políticos nacionales.

Y como suele suceder cuando lo grotesco sale a luz, ya son varios los integrantes de todas las colectividades nacionales que exigen “auditoría a fondo». Porque, al decir de uno de ellos, a Albisu “se le fue la mano en alguna cosita”.

Por lo que pinta, en este caso también hay vacantes para alguna renuncia, que no debería hacerse esperar demasiado. Por el crédito del sistema político, no? Ahí vuelvo a tener candidatos, sobre todo uno que se tomó para la chacota una pregunta que afecta a su ministerio, haciéndose el sordo ante la prensa. . . . Pero no me hago ilusiones:  la res publica, cuando sirve a la ubicuidad privada funciona como el teflón.