Por la vía de declarar inconstitucional la norma del Código Penal que castiga la interrupción del embarazo, este miércoles la Suprema Corte mexicana sumó a Mexico a los países que permiten el acceso legal al aborto. El fallo amplía la jurisdicción nacional de la práctica que otra sentencia de 2021 había permitido solo a nivel estatal.
La sentencia también se pronunció en contra de las prohibiciones para los proveedores de servicios médicos, incluidas las parteras, que realizan el procedimiento. Rebeca Ramos, la directora del grupo GIRE, una organización a favor del derecho de aborto que desafió judicialmente las regulaciones que prohibían la interrupción voluntaria del embarazo, declaró que «esto hace posible lo que no habíamos logrado en muchos años, que es que al menos en ciertas instituciones de todo el país se puedan ofrecer servicios de aborto legales y seguros».
La prensa estadounidense destacó que México, y otros países latinoamericanos como Colombia, Argentina, Uruguay y Guyana avanzaron en la legalización o despenalización del aborto, mientras que en Estados Unidos la revocación de Roe v. Wade por parte de la Corte Suprema en 2022 dejó al país «entre un pequeño grupo de naciones que dificultan a las mujeres poner fin a sus embarazos».
En un comunicado, la Suprema Corte de México manifestó que la «criminalización del aborto constituye un acto de violencia de género y discriminación, ya que perpetúa el estereotipo de que las mujeres y las personas con la capacidad de quedar embarazadas solo pueden ejercer libremente su sexualidad para procrear y refuerza el papel de género que impone la maternidad como un destino obligatorio».
Los activistas mexicanos antiaborto en México reaccionaron inmediatamente contra la decisión judicial indicando que el mismo «envía el mensaje a la sociedad de que se puede quitar la vida de un hijo o hija antes de que nazcan», según aseguró Marcial Padilla, director de ConParticipación, un grupo antiaborto, en comentarios a ACI Prensa, una agencia de noticias católica.