Los problemas son problemas y, como tales, precisan solución. El tema es de qué bases partimos para encararlos, qué objetivos proponemos para la intervención y contra qué indicadores medimos la gestión.
Una de las materias que tuve que cursar en mis clases de Administración Pública, se llamaba “Solución de Problemas”. Era una incógnita, hace treinta años, para un estudiante que iba a participar por primera vez en un sistema educativo extranjero, imaginar qué clase de curso, y con qué herramientas, iba uno a aprender a resolver problemas. ¿Un encare filosófico, un compromiso con la constricción al trabajo, alguna forma de análisis?. Un poco de todo, si se quiere.
Pero en realidad, atrás del acuciante misterio, estaba, pura y dura, la lectura de datos estadísticos, una herramienta imprescindible para resolver con conocimiento de causa. Pero, también, para desarrollar indicadores ciertos o, en la propuesta de soluciones, cambios asequibles.
Acabo de leer el informe del Ministerio del Interior sobre la reincidencia penal en Uruguay. Son sólo datos, se podría decir. Datos obvios, podría opinarse. O hasta incompletos, si nos proponemos algún tipo de comparación con poblaciones objetivas determinadas. Pero son datos ciertos y eso ya es suficiente para ser plausibles. Porque en políticas públicas, no se puede andar al tanteo.
Y tanteos, en temas tan serios como el problema de las drogas o de la seguridad, ya ha habido demasiados, justamente, por falta de datos, o por el desprecio a los mismos, en un voluntarismo que, si bien puede ser de buena fe, corre el riesgo de generar consecuencias serias, generalmente malas. O, cuando no, por la defensa encubierta de un interés particular. . .
Pruebas al canto. Cuando mis hijos eran chicos, dentro del sistema escolar estadounidense, asistían a un programa de prevención de drogas; se llamaba DARE y era impartido por la policía del condado. Uno de mis hijos lo disfrutó mucho y me invitó a su graduación y todo (como muchos padres, lo miré con simpatía). El otro, ni me lo mencionó. Y la tercera, nunca lo recibió; cuando le pregunté me contestó —“no lo dan más”.
En ese momento yo comenzaba a trabajar en el tema de drogas, no dentro de la sección de reducción de la demanda —la que se ocupa, o debería ocuparse, de la prevención—, pero me interesó que la escuela, o la policía, dejase de impartir el curso. Cuento corto: averigüé la suerte que tuvo el programa para descubrir que después de 10 años de ser ejecutado (en algunos casos más) el mismo fue evaluado. Y supe que aquello que con tanta buena voluntad impartía la policía local, y que era juzgado positivamente por la mayoría de los padres, no sólo no tenía ningún efecto preventivo significativo sino que, según algunos estudios, tuvo efectos contraproducentes.
Los fondos federales destinados a la prevención en este particular proyecto —que se estimaron hasta 750 millones por año— fueron severamente reducidos y el programa fue reconvertido luego de la primera década de este siglo, aunque con su prestigio, dentro de los ámbitos científicos, muy disminuido.
Para eso sirve la evidencia.
En otro orden, un programa de justicia para consumidores de drogas creado en la década de los 80 en Estados Unidos, propuso que quienes habían cometido delitos menores no entraran al sistema carcelario, sino que recibieran tratamiento. Se le llamó “Cortes de Drogas” y se extendió, con diversas modificaciones, a muchas partes del mundo. En Sudamérica, se le conoce como Tribunales de Tratamiento de Drogas (TTD), y ha sido adoptado —en nuestro vecindario— por Chile y en forma piloto en algunas provincias de Argentina, como Salta. Para hacer una descripción corta del concepto, rápidamente se puede decir que el mismo funciona dentro del ámbito de la Justicia, que el consumidor de drogas que entra en el sistema no va a la cárcel y que un Juez queda a cargo de la supervisión del tratamiento del imputado o condenado quien, además, recibe asistencia social.
En Estados Unidos y en Chile se evaluó el programa y mostró impactos positivos en aspectos tales como la recuperación y recaída del consumidor, el ahorro en el sistema de justicia y la baja de las tasas de reincidencia en los graduados del programa. Dichos resultados han sido parcialmente contradichos —para mi no conclusivamente- por el Programa Drogas, Seguridad y Democracia, Tribunales de Tratamiento de Drogas en las Américas, Nueva York: Social Science research Council.
Tanto para los países que ya establecieron, han comenzado el tránsito hacia la implementación, o consideran la creación de los TTD (o la adaptación del proceso penal para que el sistema funcione), la evidencia recabada en su funcionamiento, las tasas de rehabilitación de consumidores de drogas o de reincidencia delictiva, resultan básicas para evaluar su eficacia y eficiencia.
Esta es una muestra más de la importancia de la evidencia. En este caso, en el ámbito de la política criminal y la salud.
El informe del Ministerio del Interior sobre la reincidencia, entonces, es una buena noticia. Seguramente a partir de su uso sea posible analizar la efectividad con la que puede encararse la rehabilitación, sus tiempos y la eficacia de las condenas, por ejemplo. Ojalá que en el futuro, si se realiza un estudio similar en la justicia juvenil o si se incluye en el análisis de la reincidencia a quienes recibieron medidas alternativas a la privación de libertad, se podrán proponer con mejor criterio las necesarias reformas al sistema de reclusión juvenil, u otras reformulaciones de las políticas públicas, como el desarrollo de la justicia terapéutica o restaurativa.
Porque en políticas de drogas o de seguridad pública la aplicación del sentido común —muchas veces reclamado en contraposición a los estudios más profundos— es precisamente comprender que el sentido común, como visión simple del fenómeno, no es suficiente. Y que cuando los problemas son complejos, requieren soluciones complejas. Justamente reconociendo que son asuntos informados por la multidimensionalidad, que reclaman miradas desde la salud, la educación, el desarrollo social y el derecho, para nombrar los más evidentes.
Sean bienvenidas la Academia y la evidencia que ésta genera.
En primer lugar: felicitaciones por el artículo sobre la relevancia del aporte académico en un tema tan sensible para la sociedad.
En segundo lugar: aprovechando su vivencia en, y su conocimiento de los EE UU me permito plantearle una interrogante ¿ porqué entre los 10 más buscados por la DEA nunca aparecen ciudadanos norteamericanos? Siempre son hispanos, (mexicanos, colombianos, bolivianos, etc.), y ahora hasta 2 chinos! ¿Quién distribuye los cientos de toneladas de drogas que ingresan en territorio norteamericano? Imagino que el Espíritu Santo no se dedica a esta actividad. Me interesa saber sí, desde la Academia, hay investigaciones sobre el tema, y también, sobre el uso político del tráfico de drogas por los distintos gobiernos de los Estados Unidos. Desde ya, muchas gracias!