Con la reciente sanción de la ley de eutanasia y suicidio médicamente asistido, Uruguay vuelve a marcar un hito en América Latina, afirmándose como un país que ha sabido construir su institucionalidad sobre la base de los derechos individuales y el respeto a la dignidad humana. En medio de un debate complejo, ético y profundamente humano, el Parlamento uruguayo optó por reconocer la libertad de las personas para decidir sobre su propia vida, incluso en sus momentos finales.
La sanción de esta ley no solo es un hecho legislativo: es también una afirmación del Uruguay laico, liberal y profundamente humanista, herencia del pensamiento de José Batlle y Ordóñez. Quien revise el ideario batllista encontrará en sus páginas un compromiso inquebrantable con la justicia social, el progreso y, sobre todo, la defensa de las libertades individuales. Batlle, pionero en la separación entre Iglesia y Estado, defensor de la educación laica, el divorcio por sola voluntad de la mujer y de múltiples conquistas sociales, habría mirado con comprensión —y muy probablemente con aprobación— este paso dado por el país.
Es cierto que la eutanasia no fue un tema de su tiempo, al menos no como lo es en las sociedades modernas con el desarrollo de la medicina y el debate bioético contemporáneo. Pero el principio rector batllista —que el Estado debe garantizar no solo el bienestar material, sino también el respeto profundo por la dignidad de cada ciudadano— se alinea con la lógica que inspiró esta legislación: que nadie debe ser obligado a vivir en condiciones que considere indignas, y que la libertad también incluye el derecho a morir con autonomía, sin sufrimiento evitable.
En este contexto, cabe reconocer el papel que desempeñaron los dirigentes del Partido Colorado durante el proceso legislativo. Si bien no hubo una posición unánime —algo esperable y saludable en una sociedad plural y en un partido que siempre abrigó una amplia gama de visiones—, es destacable que fueran legisladores colorados, como el diputado Ope Pasquet, quienes lideraron y sostuvieron con firmeza la iniciativa en el Parlamento. Su compromiso con los valores republicanos y liberales, así como con un enfoque ético laico, permitió dar forma a un proyecto sólido y respetuoso de todas las sensibilidades.
La ley, además, no impone decisiones: garantiza marcos de libertad. No obliga a ningún médico a actuar contra su conciencia, ni a ninguna persona a optar por la eutanasia. Pero permite que quienes, en circunstancias extremas de sufrimiento irreversible, decidan poner fin a su vida, puedan hacerlo de forma acompañada, con dignidad, bajo estrictas garantías legales y médicas.
En tiempos en que muchos países de la región ven retrocesos en materia de derechos, Uruguay vuelve a mostrar que la evolución de una sociedad no se mide solo en índices económicos, sino en su capacidad de tratar los temas más difíciles con seriedad, compasión y respeto a las libertades. Y lo hace con una ley que, más allá de cualquier disputa partidaria, honra la tradición liberal y progresista que José Batlle y Ordóñez supo sembrar hace más de un siglo.
Porque en el fondo, legislar con humanidad es, también, hacer patria.
