El país asiste a un debate que revela mucho más que un desacuerdo presupuestal. El nuevo proyecto de presupuesto nacional 2026–2029 es el espejo de una forma de gobernar que ha perdido el sentido de lo público. En materia educativa, lo que presenta el Poder Ejecutivo no es una propuesta de desarrollo, es una confesión de resignación.
El informe elaborado por la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay fue claro y preciso. Los recursos asignados por el Ejecutivo están muy por debajo de lo solicitado por la ANEP, la UDELAR y la UTEC. Esa diferencia no es un tecnicismo, es una herida abierta que se traducirá en menos infraestructura, menos cargos docentes y menos programas de apoyo. Significa, ante todo, una educación más frágil y un país más desigual.
El gasto educativo pasará del 4,83 por ciento del PBI en 2024 al 4,34 en 2029. La caída no es solo numérica. Refleja la renuncia del Estado a garantizar un futuro de oportunidades. Mientras los discursos oficiales se llenan de frases sobre innovación, tecnología y equidad, los hechos muestran otra cosa. No hay innovación sin investigación, no hay inclusión sin políticas de apoyo, no hay justicia social cuando los docentes pagan con agotamiento el precio del ajuste.
La Universidad de la República pidió entre 5.700 y 14.200 millones de pesos adicionales por año para sostener su crecimiento y fortalecer la investigación. El Ejecutivo asigna 490 millones. Menos del nueve por ciento de lo solicitado. Esa brecha no se llama austeridad, se llama asfixia. La UDELAR no es una torre académica, es un espacio de movilidad social, una puerta abierta para más de 140 mil jóvenes que, en muchos casos, son la primera generación de su familia en llegar a la educación superior. Decirles que el Estado no puede acompañarlos es decirles que su esfuerzo no vale tanto como el equilibrio contable.
La situación de la UTEC no es mejor. Nació con un propósito noble, democratizar la educación terciaria y acercarla al interior del país. Pero el Ejecutivo solo le concede una fracción mínima de lo que necesita. Pidió entre 830 y 1.240 millones de pesos anuales y recibirá apenas 100 millones. Ni siquiera se cubre su línea de funcionamiento. ¿Qué mensaje se da al interior con esto? Que la descentralización fue una promesa de campaña y no una política de Estado.
El país que alguna vez tuvo como bandera el progreso a través del conocimiento hoy retrocede. Lo hace sin admitirlo, disfrazando los recortes de eficiencia. La izquierda que en otro tiempo marchaba junto a los estudiantes y a los sindicatos parece haber olvidado que la educación pública fue el corazón del Uruguay moderno. Esa izquierda, que hablaba de justicia y redistribución, ahora se refugia en la administración fría y sin alma del ajuste.
El Frente Amplio ya no defiende las banderas que alguna vez fueron del pueblo. Ha cambiado el pensamiento crítico por el cálculo electoral. Ha convertido la sensibilidad social en un discurso de ocasión. Acaso hoy alguien puede seguir creyendo el engaño afirmado durante décadas que el Batllismo está en el Frente Amplio. El Batllismo no se reduce a una etiqueta ni a una foto en una pared. Es una idea de país que apuesta a la educación, a la justicia social y al progreso colectivo. Es una convicción de que el Estado debe ser el garante del bienestar y no el ejecutor del recorte.
Hoy asistimos a un tiempo en que el oficialismo recita consignas que ya no encarnan. Dicen defender la igualdad, pero permiten que se precaricen los salarios docentes. Dicen promover la ciencia, pero desfinancian las universidades. Dicen apostar a los jóvenes, pero reducen los programas que los sostienen. Lo que antes fue un proyecto transformador hoy es una gestión de contención. Y el país no se construye conteniendo sueños, sino alimentándolos.
Los sindicatos de la enseñanza y los estudiantes lo entienden mejor que las oficinas donde se gobierna ignorando a la clase trabajadora. Ellos saben que defender la educación pública es defender el futuro. No lo hacen por nostalgia ni por ideología. Lo hacen porque ven cómo se vacían las aulas, cómo se deterioran los edificios y cómo los programas sociales se achican mientras se agrandan los discursos.
Desde una visión batllista, la educación es el alma de la República. Fue la base de la movilidad social, la garantía de igualdad de oportunidades, el instrumento que permitió que el hijo del trabajador pudiera aspirar a ser profesional. El batllismo no creía en el Estado mínimo ni en el mercado todopoderoso. Creía en el Estado que educa, que cuida, que emancipa. Creía en la inversión pública como camino hacia la libertad.
El gobierno actual ha perdido esa brújula. Y parte de la izquierda, que alguna vez abrazó esos ideales, también. No hay justicia social sin educación pública fuerte. No hay progreso nacional si la ciencia y la tecnología dependen de la caridad presupuestal. No hay democracia viva si los sindicatos son vistos como enemigos y no como interlocutores.
Cuando los docentes y los estudiantes se movilizan, no defienden privilegios. Defienden el derecho a pensar, el derecho a crecer, el derecho a tener un país que no se conforme con sobrevivir. No piden milagros, piden coherencia. Piden que se cumpla el compromiso histórico del seis por ciento del PBI para la educación y el uno por ciento para investigación. Piden en su activismo que las promesas no se conviertan en souvenirs electorales.
El Parlamento tiene hoy una decisión moral que tomar. Puede elegir entre el ajuste o la dignidad, entre la resignación o la inversión en conocimiento, entre la administración del presente o la construcción del porvenir. No se gobierna un país equilibrando planillas. Se gobierna dando sentido, marcando rumbo, defendiendo lo que no puede venderse ni recortarse.
La educación no es un gasto. Es el acto más justo de una sociedad que decide repartir oportunidades y dignidad. Quien recorta su presupuesto recorta el alma de la República. Quien debilita a los docentes debilita al país. Quien le da la espalda a los jóvenes condena al futuro.
El batllismo, que alguna vez iluminó las horas más justas de nuestro país, entendió que la educación era el motor de la dignidad. Hoy, frente al retroceso de quienes se dicen progresistas, es momento de recordarlo. Porque defender la educación pública no es una tarea partidaria, es una obligación republicana.
Y si el Frente Amplio ha decidido olvidar ese legado, habrá que recordarle que el batllismo no se mide en discursos. Se mide en hechos, en inversión, en respeto por el trabajo docente, en compromiso con el conocimiento y en la certeza de que sin educación no hay libertad posible.
