El Frente Amplio (FA) ha construido un discurso basado en la transparencia, la justicia social y la democratización institucional. Sin embargo, sus acciones muestran un patrón claro: cuando no controla una institución, la denuncia como antidemocrática; cuando sí la controla, ignora o minimiza cualquier señal de corrupción o falta de transparencia. Así, lo que presenta como reforma parece más bien una estrategia de control político.
En abril de 2024, el senador Eduardo Brenta acusó al Poder Judicial de funcionar con criterios “discrecionales” en sus procesos de ingreso y ascenso, y propuso someterlo a un plebiscito para imponer sorteos o concursos, similar a los exigidos para otras áreas del Estado. La Suprema Corte de Justicia refuto con firmeza: sus mecanismos ya se basan en concursos públicos, oposición y méritos (Ley 18.362), y los ascensos se determinan por comisiones integradas por actores diversos. La ofensiva del FA parece una reacción política contra un órgano que no puede controlar más que una preocupación genuina por su funcionamiento.
Más revelador aún es el caso del exsenador Charles Carrera quien busca apropiarse del término “lawfare” —uso indebido de procesos judiciales con objetivos políticos— para desacreditar una investigación legítima en su contra. Al hacerlo, trivializa un concepto serio, ampliamente utilizado por mandatarios populistas.
Carrera, apoyado implícitamente por sectores del Frente Amplio, no aporta evidencia jurídica convincente para demostrar que las acciones fiscales sean producto de una motivación política. En lugar de ello, promueve una narrativa que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
La conducta de Carrera es representativa de una actitud claramente hipócrita por parte del Frente Amplio: Cuando la justicia investiga a otros, reclama imparcialidad y transparencia absoluta, pero cuando las indagaciones apuntan hacia sus filas, rápidamente denuncia parcialidad política e intereses ocultos. En otras palabras, defiende enfáticamente la transparencia y la justicia institucional cuando afecta a sus adversarios políticos. Sin embargo, cuando figuras de su propia fuerza política son cuestionadas, reaccionan con victimismo, negando responsabilidades y minimizando hechos objetivos.
Esta inconsistencia pone de relieve un problema estructural en el discurso del FA, mostrando que la defensa de la independencia judicial parece subordinada a sus conveniencias políticas momentáneas. Para consolidar una democracia verdaderamente robusta, es imprescindible que las fuerzas políticas respeten y promuevan la imparcialidad judicial en todas las circunstancias, independientemente de sus intereses partidarios.
El Frente Amplio no defiende la justicia: la manipula. No busca transparencia, sino poder. Y mientras se disfraza de defensor de derechos, socava las instituciones que no puede controlar. En una democracia seria, no hay lugar para quienes sólo respetan las reglas cuando les conviene. Basta de cinismo: la justicia no se ocupa, se respeta.
