El senador nacionalista –en uso de licencia– Gustavo Penadés y el docente Sebastián Mauvezín fueron imputados este martes por delitos sexuales. Además, recayeron sobre ambos la medidas cautelars de prisión preventiva por un lapso de 180 días y respecto de sus bienes .
Ante el pedido de la fiscal que adelanta el caso, Alicia Ghione, la jueza Marcela Vargas dispuso que se le tipificasen al legislador once delitos de retribución a la explotación sexual de menores de edad, cuatro delitos de abuso sexual especialmente agravados, tres delitos de abuso sexual, un delito de violación, un delito de desacato, un delito de corrupción de menores y un delito de atentado violento al pudor. El fallo fue apelado por la defensa.
Del mismo modo, haciendo lugar a lo solicitado por la Fiscalía, Vargas le tipificó al profesor Mauvezín siete delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad.
Como una derivación del caso este martes fue detenido a instancias de la Ghione el funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Carlos Tarocco, quien presuntamente colaboró con Penadés para concretar la teoría del caso del imputado, investigando a una de las víctimas en actuaciones fuera de la ley.
Una intervención telefónica judicialmente aprobada, publicada por El Observador días atrás, sugiere que una funcionaria de la Corte Electoral recababa información de una persona para darle a Penadés, aunque no se establece si era de uno de los denunciantes. La intervención telefónica fue solicitada para escuchar a personas que comparecieron en sede judicial.
De acuerdo a Soledad Suarez profesora del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, y representante de algunas de las víctimas, los imputados habrían utilizado «el aparato del Estado» para elaborar su defensa